El 65% del sector público ya está con trabajo presencial y sistema de turnos
Informe del Servicio Civil muestra que, sin considerar Salud, ha aumentado el número de funcionarios públicos que va a sus oficinas. El nivel más bajo fue en abril, con un 39,9%.
En una semana decisiva para las reformas legales pendientes de cara al plebiscito del 25 de octubre, avanzaron ayer en el Congreso dos iniciativas clave. Por un lado, una que tiene como objetivo garantizar un referéndum seguro ante la pandemia y, por otro, una que fija normas de transparencia y límite de control de gasto.
Tras consensuar un texto entre asesores del gobierno, Chile Vamos y la oposición, finalmente ayer el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva a una moción parlamentaria -impulsada por la centro izquierdacon el objetivo de ampliar la potestad reglamentaria del Servicio Electoral (Servel).
El texto fue despachado a la sala de esa corporación por la unanimidad de la Comisión de Constitución y permitirá al organismo dictar con, “a lo menos 45 días de anticipación” y con el acuerdo “adoptado por los 4/5 de sus miembros”, medidas sanitarias excepcionales para el desarrollo de la inédita jornada electoral, en medio de la pandemia por el Covid-19.
Además, la iniciativa delimita las atribuciones que tendrá el organismo para definir, entre otros asuntos, los aforos máximos y el distanciamiento social en los locales de votación; la extensión del horario electoral, el que podría ampliarse hasta 12 horas; las características de las cámaras secretas; el uso de los útiles como el lápiz para marcar la cédula, además de la determinación de horarios protegi para personas de mayor riesgo y su exclusión para ser vocales de mesa.
“Queremos un plebiscito (...) que, desde el punto de vista sanitario, sea seguro, para que las personas que concurran a votar lo hagan de la manera más tranquila, más participativa y más masiva posible”, sostuvo el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, tras la aprobación de la reforma constitucional.
El hito también fue valorado por el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría.
La iniciativa, que podría ser vista hoy mismo por la sala, si bien fue legislada a propósito del acotado plazo que resta para el plebiscito, se hará extensiva para todos los actos eleccionarios de aquí a diciembre de 2021.
Gobierno no ingresa indicación por gasto
Pese a lo que había anunciado la Segpres, finalmente el gobierno optó por no ingresar ayer a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las indicaciones en las que había trabajado para regular la transparencia y el límite del gasto electoral para el referéndum constitucional. Desde La Moneda transmitieron que finalmente optarían por la misma fórmula que se siguió con la reforma del plebiscito seguro, que avanzó ayer en el Senado, creando una mesa técnica para consensuar un texto con todos los sectores políticos y con participación del Servel.
En el oficialismo reconocían ayer que la decisión del gobierno se daba a propósito de que no hay acuerdo pleno en la coalición oficialista en torno a las fórmulas que se han explorado. Asimismo, la propuesta del Ejecutivo no habría tenido la mejor acogida desde el Servel, desde donde ya han planteado una alternativa.
La opción se empezó a barajar justamente luego de que la Comisión de Constitución del Senado abordara una indicados ción del senador Felipe Harboe (PPD), que tenía el mismo objetivo, pero que fue declarada como inadmisible.
“En el acuerdo del 15 de noviembre se fijaron las reglas para el proceso constituyente. Y gracias a un acuerdo unánime de estos días, ya avanzamos en otorgar las facultades para realizar un plebiscito seguro en lo sanitario. En materia de financiamiento, desde el gobierno estamos disponibles para apoyar un nuevo acuerdo que surja en esta materia desde el Congreso. En ese sentido, creemos que la mesa de trabajo que impulsó el Senado, con representantes de los partidos y el Servel, puede colaborar a conseguir ese objetivo. Si hay acuerdo, lo vamos a impulsar con fuerza”, explicó el ministro Monckeberg a La Tercera.
Ante la determinación del gobierno, en la tarde, la instancia de la Cámara Baja tramitó de todas formas una reforma de Ley Orgánica Constitucional-impulsada por la centro izquierda- para limitar el gasto electoral. La iniciativa fue aprobada en general por 7 votos a favor de la oposición y 6 abstenciones de Chile Vamos.
Con todo, los legisladores admitieron que no podían entrar en guarismos y elementos técnicos sin tener en consideración la mirada de asesores legislativos, expertos y el propio Servel, dada la dificultad que tendría extender las normas que actualmente regulan el financiamiento de campañas municipales, parlamentarias y presidenciales a una consulta en la que se someten a plebiscito ideas y no candidatos. ●