Un complejo panorama fiscal
Los escenarios que ha delineado el Consejo Fiscal Autónomo sobre la base de proyecciones de gasto y deuda pública permiten dimensionar el riesgo de que no se adopten medidas para retomar los equilibrios.
En su presentación ante la Comisión Mixta de Presupuestos, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó un esclarecedor informe sobre la situación que enfrentan las finanzas públicas y la evolución que pueden tener las necesidades de financiamiento del Estado hacia el futuro. El CFA inicia su informe valorando el paquete de medidas tomadas para enfrentar la crisis -muchas de las cuales siguieron sus recomendaciones-, pero a la vez advierte sobre la necesidad de que sean efectivamente retiradas una vez terminada la crisis. En caso contrario, alerta que la deuda pública alcanzaría niveles tales que terminarían comprometiendo significativamente el desarrollo futuro del país.
Uno de los aspectos claves a monitorear es la trayectoria que puede tener la deuda pública en el corto y mediano plazo. En estimaciones del CFA en el escenario base, la deuda pública escalará rápidamente al 45% del PIB, aunque para estabilizarse en torno a ese nivel, tienen que darse una serie de condiciones muy exigentes.
Una de ellas es que el gasto primario del sector público registre importantes caídas reales de 6,1% para 2022 y de 0,63% en 2023. ¿Es posible esperar que un gobierno que debuta sea capaz de introducir un ajuste fiscal como este?
Un escenario alternativo que aporta el informe es un eventual abandono del proceso de convergencia, con un gasto primario creciendo al 4,7% real, precisamente el ritmo promedio de incremento de la última década. Es preocupante advertir que este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia alta, no solo porque recoge lo que ha sido la experiencia reciente de la trayectoria fiscal chilena, sino porque parece reflejar mejor la pulsión por recurrir al gasto público cada vez que emerge una nueva demanda social. El problema radica en que en este escenario “alternativo” la deuda bruta crecería exponencialmente hasta el 70% del PIB en 2026 y de continuar esta tendencia, hacia el 2030 la deuda pública chilena podría ubicarse en torno al 125% del PIB. Al incorporar, además, los efectos sobre el riesgo país y sus consiguientes efectos sobre las tasas de interés y el crecimiento, los resultados son incluso peores.
La deuda pública como la que exhibía Chile en 2019 nos dejó ubicados en el primer cuarto de países con mayor responsabilidad fiscal. Una deuda pública en torno al 45%-50% del PIB -como apunta el escenario base del informe del CFA-, nos deja en la mitad de la tabla. Pero niveles de 100% o más de deuda estatal -como advierte el informe de CFA en caso de no cambiar el patrón recientenos puede ubicar entre las economías emergentes más riesgosas del planeta en materia fiscal.
El informe agrega que “de mantenerse los desequilibrios actuales se requerirían ajustes relevantes para el balance primario a futuro, ya sea a través de un ajuste del gasto público o de los ingresos tributarios, o una combinación de ambos”. Es preocupante, entonces, que la única referencia que se haga al presupuesto público en la discusión política sea buscar maneras de elevar el gasto para satisfacer las múltiples demandas sociales actuales y futuras.