Los argumentos del Ejecutivo para no firmar pacto de Escazú
Gobierno zanjó su decisión, pocos días antes de que expire el plazo para suscribir el pacto. En un escrito elaborado por Cancillería y Medio Ambiente se justifica la postura, que reabrió ayer las críticas de la oposición.
8 POLÍTICA
Pocos días antes de que expire el plazo -este sábado- para firmar el Acuerdo de Escazú, en un documento de 12 páginas La Moneda terminó de zanjar ayer su posición: no suscribir el pacto latinoamericano, que busca dar garantías para el acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.
Si bien a partir del sábado los países que no lo hayan firmado podrían, eventualmente, adherir al acuerdo posteriormente, en el escrito del gobierno -elaborado por los ministerios de RR.EE. y Medio Ambientese entregan una serie de argumentos en contra.
El documento señala que “a la luz del análisis realizado, corresponde reafirmar que Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia. Compartimos plenamente la gran relevancia de la participación ciudadana, la transparencia y la justicia ambiental para el avance a un desarrollo sustentable. Así, nuestro país ha sido pionero en incorporar a nivel legal las temáticas planteadas por el acuerdo, que incluye normas sobre participación, información y acceso a la justicia”.
Desde el punto de vista técnico, se indica que el tratado contiene normas que “podrían ser interpretadas como autoejecutables y otras que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, podrían generar debate sobre su aplicación”.
Por este motivo, el gobierno sostiene -tal como lo señaló el canciller Andrés Allamand hace dos semanasque para el país es “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas, que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre”.
Sobre esto mismo, el Ejecutivo reitera que el pacto podría exponer al país a demandas internacionales, lo que ya habían manifestado a lo largo de los dos últimos años, desde que el Presidente Sebastián Piñera informó en 2018 que no firmarían el acuerdo en la primera ceremonia en Naciones Unidas.
En este contexto, el escrito enumera una serie de argumentos:
“Principios que condicionarán nuestra legislación ambiental”
El documento del gobierno indica que el Artículo 3 del Tratado de Escazú establece una serie de principios. Estos -se concluye en el análisis de la Cancillería- pasarían a tener una jerarquía superior, modificando y condicionando los principios que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico chileno.
“Incertidumbre jurídica”
De acuerdo al análisis, el tratado generaría controversias con la definición legal del “derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”, que se encuentra contenido en el Artículo 19 Nº8 de la Constitución. El Artículo 1 del acuerdo señala como finalidad “la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano”. El concepto de “sano”, dice la Cancillería, es de amplia discusión internacional, lo que podría llegar a interpretarse como una obligación distinta para el Estado.
Por otra parte, se indica que la autoejecutabilidad del acuerdo y su carácter supralegal significarán cambios relevantes en las evaluaciones ambientales de proyectos, generándose incertidumbres, conflictos y judicializaciones relacionadas con la normativa a aplicar.
“Obligaciones ambiguas”
El gobierno señala que el hecho de que se dé un reconocimiento y tutela a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales traería implicancias constituciona
les y que esto generaría desigualdad ante la ley frente a otras agrupaciones. Sobre esto mismo, añaden que el país ya cuenta con diversas figuras legales para dar garantías a personas afectadas y que lo estipulado por el pacto “exigiría un trato y protección privilegiada, generando un estatuto especial que carece de fundamento suficiente, pudiendo dar lugar a una discriminación arbitraria”.
“El acuerdo expone a Chile a controversias internacionales”
Se sostiene que con este pacto Chile podría ser demandando ante la Corte Internacional de Justicia por un Estado parte del Pacto de Bogotá en caso de que considere que se ha infringido el contenido de las normas. Paralelamente, se señala que Chile podría ser demandado ante el Sistema Interamericano de DD.HH.
La decisión del gobierno reabrió ayer las críticas de la oposición, mientras en la Asamblea General de la ONU se proyectaba el video del discurso del Presidente Piñera, en el que, sin embargo, no abordó el Acuerdo de Escazú.
En su intervención, además de referirse al estallido social en Chile y al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre (ver página 9), el Mandatario dijo -sin mencionar el pacto ambientalque “la amenaza del calentamiento global es real, es inminente”, junto con señalar que “la ciudadanía nos exige como un imperativo moral un cambio de rumbo”. Y agregó que Chile está “completamente comprometido” con la causa para contrarrestar el cambio climático.