Ad portas del plebiscito
El plebiscito, tan esperado por algunos y tan temido por otros, está a pocas semanas. Si leo bien la disposición de mis conciudadanos, ganará una nueva Constitución, diseñada por una Asamblea Constituyente y refrendada en un segundo plebiscito ciudadano. Es una gran oportunidad para que la ciudadanía, y no solo los políticos, se pronuncian acerca del marco fundamental de nuestra vida en común.
También haciendo un esfuerzo por vislumbrar por dónde van las preferencias de nuestros compatriotas, creo que ni aquellos que temen a una nueva Constitución ni aquellos que la anhelan deben tener temores. La nueva Constitución no abolirá ni el derecho de propiedad (como lo entienden los países más exitosos del mundo en materia económica) ni el estado de derecho. No creo que la independencia del Banco Central esté en duda. Tampoco la existencia de algún organismo que deba velar por la constitucionalidad de las leyes, aunque no se le llame Tribunal Constitucional. En algunos países (por ejemplo, Estados Unidos) ese papel lo tiene la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional tiene problemas y eso es ampliamente reconocido. Pero no podremos dejar de tener un organismo que cumpla con el papel de revisar la constitucionalidad de las leyes que pasan nuestros parlamentarios. Si no fuese así, una mayoría circunstancial podrá cambiarnos el país.
En el otro polo de la discusión, no cabe duda de que la nueva Constitución entronizará algunos derechos sociales (educación, salud, vivienda, pensiones). Esto ojalá no signifique que los apoderados puedan demandar al Estado cuando alguno de sus hijos tuvo un mal profesor de matemáticas. Yo, al menos, creo que estos derechos son “aspiracionales”, y que deben quedar consagrados en la Constitución porque ninguna sociedad que se crea democrática puede dejar de ofrecer a sus miembros igualdad de acceso a estos bienes. Otra cosa es exigir, hoy y ahora, que estos derechos se hagan efectivos. Espero que nuestra nueva Constitución nos comprometa como sociedad a avanzar en la dirección de entregarle estos derechos a todos los ciudadanos de nuestro país, pero que a la vez reconozca que ellos demandan recursos que todavía no tenemos.
Muchos países latinoamericanos consagran los derechos sociales en sus constituciones, pero son incapaces de proveerlos. En último término, los derechos sociales son objetivos de política económica y social ampliamente compartidos: hay que diseñar bien las políticas para alcanzarlos, allegarles los recursos que requieren sin perjudicar otros objetivos también valiosos. Y, sobre todo, elaborar los consensos entre las diversas fuerzas políticas en pugna que permitan tener políticas de Estado en el campo de estos derechos. No basta con que la Constitución los mencione para que se hagan realidad.