Común denominador
El estallido social tuvo un potencial desestabilizador del orden político. Si viajamos a nuestra vida pre-pandémica y miramos las masivas y pacíficas protestas ciudadanas, encontrábamos una multiplicidad de demandas relativas a un sistema de protección social mejor o distinto del actual, la protección del medio ambiente, la igualdad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGTBI y otro trato hacia los pueblos indígenas.
Entonces, ¿cómo responder a todas estas expectativas y restablecer de forma responsable y efectiva la convivencia social pacífica? Lo que parecía una quimera, encontró un camino de respuesta institucional en el acuerdo de paz y nueva Constitución. Desde esta perspectiva, la generación de una nueva Constitución se parece bastante a la construcción de un nuevo pacto social, el cual, sin desconocer nuestra historia y con un país que continúa avanzando, nos entrega la libertad y la responsabilidad de definir las bases de nuestra convivencia.
La generación de nuestra Constitución debe aspirar a ser una de máximos comunes denominadores, y no una de mínimos, pues vivimos la inédita posibilidad de dialogar y reflexionar sobre el país que queremos para el presente y para el futuro, para nosotros, nuestros hijos y nietos. En definitiva, pensar en el destino de nuestra patria. Este ejercicio no puede ser ciego a lo mucho que el país ha avanzado ni tampoco puede desconocer aquellos problemas largamente arrastrados y no resueltos, que podrían repetir la crisis del año pasado. Si creemos que la transición democrática nos dejó lecciones y aprendizajes, entonces nos debemos a nosotros mismos el debatir, disentir y acordar acerca de la importancia de incorporar en nuestro pacto social valores como la solidaridad, la autonomía, la igualdad, la protección del medio ambiente y la pluralidad de identidades y culturas que habitan en nuestro país. Un país justo con las mujeres, las y los trabajadores, los niños y niñas y todos quienes sienten que no son parte del desarrollo de los últimos 30 años. El aspirar a construir en democracia una mejor forma de distribución del poder político y social; a forjar un Estado que de la mano de los particulares pueda enfrentar los desafíos de la escasez hídrica, el cambio climático, esta pandemia u otras y el desarrollo tecnológico erigiendo una economía sana y sólida. Una Constitución donde no haya perdedores, ni ganadores y que reivindique la democracia como el sistema más idóneo para adoptar decisiones sobre el devenir del país. El quórum de 2/3 da lugar a la necesidad de dialogar para alcanzar acuerdos mutuamente aceptables. También puede ser un aliciente para tener un texto minimalista, esto es, uno que contenga solo lo que se considera indispensable. Lo anterior tiene la virtud de ampliar las materias de ley y, por tanto, lo que será definido democráticamente una vez que la nueva Constitución entre en vigencia.
No obstante, ¿qué es lo esencial y para quiénes? Es claro que en el pasado las constituciones no han representado los intereses de quienes han sido históricamente excluidos. Luego, no es la extensión del texto, ni el nivel de detalle que este tenga lo que definirá si la Constitución nos llama a construir un país donde todos nos sintamos parte, sino su capacidad de gestar un orden político, social y normativo que siente las bases para un futuro próspero e inclusivo.
Evidentemente la nueva Constitución no será un dispositivo mágico que todo lo resuelva y, posiblemente, concordar en lugar de bloquear no será una tarea fácil. Pero nada que valga realmente la pena lo es. Esta es nuestra oportunidad de dejar atrás un pasado divisivo y construir juntos el futuro.
La Constitución debe aspirar a ser una de máximos comunes denominadores, no de mínimos.