URGENCIA DE LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS

SEÑOR DIRECTOR

Rechazada la acusación constitucional contra la ministra Donoso por la libertad condicional concedida en el 2016 al presunto asesino de Ámbar, y por abrumadora mayoría, queda el amargo sabor de haber dilapidado tiempo, recursos y energías en la búsqueda de un chivo expiatorio. Nada de esto ha permitido avanzar ni un milímetro en las urgentes necesidades del sistema penitenciario y solo ha servido para el esfuerzo populista de realizar un frívolo espectáculo de unos acusadores que parecen no advertir que son parte del déficit.

¿Qué necesita el sistema penitenciario? Es urgente contar con una Ley de Ejecución Penitenciaria, que “regule de manera orgánica y comprensible la situación de las personas privadas de libertad, ya que el sistema penitenciario sigue fundándose en una normativa de rango infralegal (reglamento de establecimientos penitenciarios y otros decretos accesorios)”, como indicó el Subcomité de Prevención de la Tortura en el 2016, que incluyan las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela) y de reclusas (reglas de Bangkok).

Esta ley de ejecución debe orientar las políticas de reinserción, señalando sus principios, así como definir los requisitos de los permisos, beneficios y derechos intrapenitenciarios, su progresión, así como los órganos que se encargarán técnicamente de las evaluaciones. No pueden aceptarse ambigüedades, omisiones ni contradicciones, como las que existen en la actualidad y que afectan gravemente los DD.HH.

Y, por supuesto, es urgente contar con un sistema de control de la ejecución de las penas por un órgano jurisdiccional especializado. En la construcción de una política de reinserción efectiva y que respete los DD.HH., las labores de los jueces de ejecución penitenciaria son imprescindibles y se deben destinar recursos para su creación específica, así como para la regulación de un procedimiento al que someterse. Estos jueces deben tener una formación especializada, así como los intervinientes en esta etapa de ejecución.

El show ha terminado. Ahora pongámonos a trabajar.

Paula Vial Reynal

Abogada penalista, profesora Derecho UC