Víctimas de sacerdote Jaime Guzmán demandan a Compañía de Jesús por abusos sexuales
Cuatro exalumnos del Colegio San Ignacio de El Bosque presentaron una demanda de indemnización de perjuicios por abusos cometidos por el sacerdote, quien fue expulsado el año pasado, aunque luego apeló.
“Nos parece completamente legítimo que algunas víctimas opten por el camino judicial”.
CENTRO PREVENCIÓN Y ABUSOS, COMPAÑÍA DE JESÚS
El pasado 10 de agosto, cuatro exalumnos del Colegio San Ignacio de El Bosque presentaron una demanda de indemnización en contra de la Fundación San Ignacio y la orden religiosa Compañía de Jesús en Chile.
La acción -acogida a tramitación por el 13º Juzgado Civil de Santiago- relata una serie de vejaciones que sufrieron los jóvenes durante su enseñanza básica, entre los años 1986 y 1992, por parte del sacerdote y profesor Jaime Guzmán Astaburuaga.
Según la demanda, durante su permanencia en dicho colegio, el sacerdote solía hacerles preguntas de índole sexual en las confesiones, mantenía un lenguaje erotizado con los alumnos y fotografiaba desnudos a sus alumnos en diversas actividades extraprogramáticas. Luego -consigna el escrito- publicaba algunas de esas fotografías en un diario mural ubicado frente a la oficina de la rectoría de dicho establecimiento, que en esa época encabezaba el sacerdote Fernando Montes.
Los demandantes -Sebastián Milos (44), empresario; Daniel Palacios (44), sociólogo; Allan Pineda (45), ingeniero comercial, y Juan Pablo Barros (45), periodista- exigen ser indemnizados en $ 120 millones cada uno por concepto de daño moral, y acusan a las entidades demandadas no solo de no tomar las medidas necesarias para evitar los abusos, sino también de infringir el deber de cuidado al seleccionar a sacerdotes y docentes.
La acción es patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien también representa a víctimas del sacerdote Fernando Karadima y a la profesora de Teología Marcela Aranda, principal denunciante del sacerdote Renato Poblete.
En la demanda -a la que tuvo acceso La Tercera PM-, Sebastián Milos es el único que abiertamente menciona haber sufrido “tocaciones impropias e indebidas (...) en sus genitales sobre su pantalón” por parte del sacerdote durante la confesión.
Tanto Allan Pineda como Daniel Palacios detallaron sus experiencias en un trabajo de invierno y un retiro en 1989, respectivamente, en los cuales Guzmán tomó fotografías incluso mientras los menores se encontraban en las duchas o los instó a bañarse desnudos en la piscina de la casa.
“En el año 2011, a raíz de la denuncia al sacerdote Fernando Karadima, (Daniel Palacios) recuerda que comenzó a tomar conciencia de lo vivido, el cual trajo aparejado un sentimiento de indignación. Este se acrecentó a comienzos del año 2018, cuando vio al sacerdote Fernando Montes en el programa
Estado Nacional desmintiendo haber visto las fotografías en el pasillo del Colegio San Ignacio”, dice el escrito.
Condena y expulsión
El escrito presentado ante tribunales también desarrolla los movimientos de los denunciantes ante diversas instancias jesuitas para plantear su caso. Estos comenzaron, según se detalla, entre 2009 y 2010, cuando Milos sostuvo reuniones con exalumnos del Colegio San Ignacio de El Bosque, tras lo cual creó un grupo en Facebook llamado “Denunciemos al cura Guzmán”, donde recibió relatos concordantes con su experiencia.
Ahí, relatan, tomó contacto con el sacerdote jesuita Ismael Aracena, encargado del de
partamento de prevención de abusos del colegio.
En 2011, el provincial de la Compañía de Jesús, sacerdote Eugenio Valenzuela, les comunicó a Milos y a Pablo Álvarez, quien también denunciaba a Guzmán, que existía una investigación en curso: no eran los primeros denunciantes. En 2012, Valenzuela los volvió a citar para informarles que la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) había concluido que Guzmán era culpable de abuso sexual, siendo condenado por cinco años con la suspensión del ejercicio público del sacerdocio y la prohibición de tener contacto con menores de edad. “En dicha reunión se les pidió reserva de la información y no se les entregó copia de la resolución de la CDF ni una síntesis de las conclusiones de la investigación”, según la demanda.
Posteriormente, en 2017, el nuevo provincial Cristián del Campo informó a ambos denunciantes que la CDF había ampliado la condena a Guzmán por cinco años más, tras recibir más antecedentes.
En junio de 2019, la Compañía de Jesús informó la expulsión del sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga. Sin embargo, este último apeló y está pendiente la ratificación de la pena por parte de la CDF. “No estamos esperando esta ratificación para actuar y avanzar en la reparación ( a las víctimas)”, respondió el Centro de Prevención y Reparación de la Compañía a La Tercera PM.
Fallida negociación
La demanda relata también que desde el año pasado a la fecha ha habido intentos de negociar una reparación económica y simbólica, sin éxito. Durante 2019, los demandantes se reunieron con representantes de la Compañía de Jesús, la cual estableció -según el escrito- cuatro tramos respecto del monto económico a indemnizar según la gravedad de los hechos. El primero de ellos era sin indemnización; el segundo era de $ 15 millones; el tercero, de $ 60 millones, y el cuarto, de $ 120 millones.
Cada uno de los demandantes recibió una propuesta de compensación. Según el escrito, a Milos se le ofreció el monto de $ 15 millones, reconociendo la existencia del daño causado, aunque la Compañía reiteró que, a su entender, los hechos no eran constitutivos de delito, por lo que lo indemnizarían por haber sido el primero en denunciar. Mientras que a Barros, Pineda y Palacios no se les ofreció compensación.
“Si bien hemos implementado medidas de reparación concretas, en diálogo con las víctimas, nos parece completamente legítimo que algunas opten por el camino judicial, sobre todo considerando que los tribunales son el ente estatal y objetivo dedicado a impartir justicia. Mientras, seguimos disponibles para seguir buscando, en conjunto con las víctimas, todo lo que pueda colaborar en la sanación de quienes han sido dañados, porque a través del trabajo del Centro de Prevención y Reparación de la Compañía queremos ser un aporte en los procesos de reparación”, afirmaron a La Tercera
PM desde el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús.
Esta entidad comenzó a funcionar en abril de 2019, tras las recomendaciones del informe de la Comisión de Estudios sobre Prevención y Abusos de 2018.b