A un año del 18 de octubre: dos caras del estallido social
Hoy se cumple un año del llamado estallido social, episodio que, sin duda, marcó la vida política y social del país como ningún otro en la historia reciente y cuyas consecuencias aún están por dilucidarse, toda vez que hay procesos que recién comienzan, como el plebiscito nacional de la próxima semana, que determinará la voluntad de cambiar la Constitución.
Lo que sucedió a partir del 18 de octubre pasado no es algo sencillo de analizar. Por una parte, representa uno de los episodios más violentos ocurridos en Chile desde el regreso a la democracia, provocando la destrucción de 41 estaciones del Metro de Santiago y generando saqueos, vandalismo e incendios en una gran cantidad de recintos privados. Lo anterior generó una alteración en la vida de las personas y fuertes enfrentamientos entre diversos grupos y Carabineros, algo que tuvo al país en una sensación de descontrol durante varias semanas.
Casi en paralelo a ello aparecieron también masivas manifestaciones en contra de una serie de situaciones, como los abusos, la colusión, la inequidad, todas las cuales tuvieron su máxima representación en la marcha del viernes 25 de octubre, cuando solo en Santiago se congregaron cerca de 1,2 millones de personas, una cifra histórica.
Teniendo a la vista estas dos situaciones, la violencia y las demandas sociales, es que, luego de acoger la solicitud del Presidente de la República, los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, en donde se establecía un compromiso para el restablecimiento del orden público, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, al tiempo que se configuró un sistema para la elaboración de una nueva Carta Magna.
Pasado un año del estallido social, hay luces y sombras. Respecto de la paz social, existe una alta preocupación por los niveles de violencia que persisten en el país. En esto es evidente que el coronavirus trajo consigo una pausa, pero en las últimas semanas se ha visto un rebrote preocupante, siendo el día de hoy un gran test al respecto. Importante en ese sentido es el llamado de la mayoría de los partidos políticos a condenar la violencia y a promover que la mejor forma de expresarse es a través de la participación electoral en el plebiscito de la próxima semana. Pero, así como es fundamental la condena general a todo hecho de violencia, también está en juego la capacidad del gobierno y de Carabineros para asegurar el orden público, algo que ha resultado complejo de lograr. En esto último han incidido actuaciones de la fuerza policial permeadas por el excesivo uso de la fuerza -que incluso han derivado en acusaciones de violaciones a los derechos humanos-, creando desconfianza en la ciudadanía, pero también por visiones ideológicas en ciertos sectores de la sociedad que deliberadamente han buscado neutralizar la acción de control del orden público, lo que es una forma de consentir la violencia.
Los acontecimientos del 18 de octubre también constituyeron un potente llamado de atención sobre una serie de problemas sociales que son reales y de los cuales resulta imprescindible hacerse cargo. Por ello, quedarse solo con la imagen de la violencia, aun cuando condenable, es cortoplacista. No puede perderse de vista que, pese a los avances económicos que muestra Chile en los últimos años, existen problemas urgentes que solucionar en términos de equidad, acceso a servicios básicos de calidad y pensiones, por mencionar algunos. En esto la clase política, los empresarios y los dirigentes, en general, tienen que reaccionar para buscar solucionar problemas que se arrastran desde hace demasiado tiempo. Es evidente que se fue muy exitista mientras en amplios sectores de la población se incubaba un gran malestar. Ahora corresponde actuar en consecuencia.
Y en esto hay que recordar que el exitismo no se cura con el pesimismo, como el que permea en algunos sectores. El país está viviendo tiempos importantes, de grandes definiciones y es ahora donde se necesita el concurso de todos para llegar a acuerdos fundamentales. Y si bien es inevitable que existan grupos reticentes al cambio, u otros dispuestos a borrarlo todo, la mayor parte de la ciudadanía no está en aquello.
Así como la violencia que surgió a partir de esos días ha sido un
fenómeno muy dañino, también el país ha tenido la oportunidad de percatarse de los problemas sociales que se
arrastraban sin solución.
Auna semana del plebiscito y a un año del 18 de octubre, hoy parece un buen día para detenerse a pensar sobre este último año y los desafíos que tenemos como país. ¿Qué estalló el 18 de octubre? Es difícil responder esta pregunta considerando únicamente los acontecimientos. La violencia y la pandemia son dos factores distorsionadores, que impiden ver con claridad el substrato que da vida al estallido. A ello se suma lo amorfo de este malestar, que se manifiesta en su transversalidad política, etaria y social.
La encuesta Elsoc, cuyo trabajo de campo se realizó entre noviembre y febrero, nos muestra que el nivel de malestar en la población aumentó significativamente en 2019. Según esta, cerca de un tercio de las personas participó de las manifestaciones en 2019, mostrando un incremento superior al 50% respecto del año anterior. Este dato es sumamente importante, pues significa que dos tercios de los ciudadanos no participó de las manifestaciones. De ahí el extremo cuidado que se debe tener a la hora de interpretar los movimientos sociales y extrapolar ese malestar al resto de la ciudadanía silenciosa (algo que los políticos suelen olvidar cuando les conviene). Esto es especialmente delicado, cuando se observa que hay grupos que están sobrerrepresentados y otros subrepresentados. La encuesta encuentra alta heterogeneidad entre los participantes en las manifestaciones, pero encuentra una significativa mayor concentración de jóvenes con estudios superiores. La democracia, a diferencia del populismo, se legitima en las urnas y no en las calles, por la sencilla razón de que el acceso a estas últimas es tremendamente desigual, no así las urnas. Este aspecto esencial de la democracia se ha venido debilitando en el tiempo, siendo hoy más rentable marchar que votar.
El dato tal vez más relevante de la encuesta tiene relación con la rabia. La gran mayoría de quienes participaron frecuentemente en 2019 de alguna manifestación sentía mucha rabia por el nivel de desigualdad económica y por el costo de la vida en el país. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, estos solo representan una fracción menor de todos los que sienten mucha rabia. Cerca del 90 por ciento de los encuestados siente mucha rabia y la gran mayoría de estos no participó de las manifestaciones.
Esto sin duda es sumamente preocupante. Que la gran mayoría del país tenga mucha rabia y que sea transversal en rango etario, posición política y socioeconómica nos muestra la profundidad del problema. El estallido social no denota una polarización de la población, no se deja interpretar como la clásica lucha de clases; más bien devela el hastío generalizado hacia una clase política que ha fracasado en responder a las demandas de la ciudadanía que producto del desarrollo social del país se han vuelto universales.
El plebiscito de la próxima semana fue la respuesta que nos ofreció la clase política ante el estallido social. Una jugada magistral, pues busca desviar la atención de nuestro principal problema, a saber, nuestra clase política, en particular, el Congreso y los partidos políticos. ¿Logrará una nueva Constitución resolver este conflicto? No; esto es tarea de la política y no de la Constitución. Pero la redacción de una nueva Constitución nos ofrece un punto de partida y, en este momento, cuando la democracia está en crisis, un punto de partida no es poco, es bastante.