Dos pasos adelante, uno y medio atrás
Esta semana el ex carabinero Carlos Alarcón, principal acusado por el asesinato de Camilo Catrillanca, declaró ante el Tribunal de Angol. Ahí reconoció que inicialmente dio una versión falsa de lo hechos, relatando enfrentamientos que no existieron, descartando la utilización de cámaras que sí se usaron e intentando dar por borradas grabaciones que resultaron estar disponibles. También mencionó las instancias reiteradas en que intentó dar una versión verídica de lo ocurrido y fue presionado por sus superiores para mentir. Su relato muestra que todas las herramientas de las que disponía Carabineros para esclarecer los hechos fueron utilizadas para ocultarlos (declaraciones, grabaciones, asesoría jurídica, partes policiales).
La veracidad de esta declaración debe confirmarse en el juicio, pero lo que no es discutible es la similitud de este comportamiento institucional con casos análogos. En la muerte de Alex Lemún, ocurrida el 2002 cuando la víctima tenía 17 años, la justicia militar revocó el auto de procesamiento del carabinero acusado y recientemente el Estado de Chile ha reconocido ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que la investigación no fue regular y ha debido reabrirla. En el homicidio de Matías Catrileo, sucedida en 2008, los policías implicados dijeron que se habían refugiado detrás de una patrulla al ser atacados con piedras y escopetas, hiriendo a la víctima de frente mientras intentaban defenderse. La investigación demostró que la patrulla no tenía ni piedrazos ni disparos, y estableció que el balazo que mató al joven mapuche fue por la espalda. El caso de Mendoza Collío, del año 2009, es aún más decidor. El carabinero que le disparó dijo haber actuado en defensa propia y como prueba presentó su chaleco antibalas. Éste apareció como evidencia varios días después de los hechos y sin cadena de custodia. Pese a ello la prueba fue admitida pero los peritajes demostraron que los balazos habían entrado desde la parte interior del chaleco, es decir, se realizaron cuando nadie lo tenía puesto. También se estableció que el disparo mató a la víctima por la espalda. Los carabineros condenados en ambos casos recibieron una pena de tres años sin cárcel y la institución sólo los dio de baja transcurrido largo tiempo de las condenas y después de múltiples presiones y denuncias.
Cuando la presencia mapuche ha estado por el lado de los acusados ha habido situaciones similares. Basta recordar el caso Huracán y la serie de peritajes inventados y maquinaciones que dejó a la luz. Y probablemente nos queda mucho por saber respecto de otras investigaciones donde el accionar policial estuvo del lado de falsear la verdad, acusar a inocentes y dejar impunes a los verdaderos culpables.
La demora que tuvimos desde el mundo político en advertir y enfrentar esta sórdida realidad debe ser motivo de autocrítica, partiendo por no pasar por alto nuevas manifestaciones de esta práctica discriminatoria. Sin ir más lejos, el día de la declaración de Alarcón la familia Catrillanca se vio impedida de asistir a la audiencia porque quedó retenida en la comunidad Temucuicui donde reside. La razón fue un operativo policial realizado con tanquetas que tenía por objeto notificar a otro comunero por un juicio de familia.
Algo hemos avanzado. Ya no es la justicia militar la que investiga estos casos y los responsables son dados de baja sin tanta dilación. Pero siguen produciéndose operativos militarizados de dudosa pertinencia que alimentan la rabia y la sensación de abuso. Y sigue demorándose esa decisión que puede comenzar a cambiarle el rumbo a esta historia: el aseguramiento de escaños indígenas en la Convención Constituyente.