JUSTICIA TRANSICIONAL
SEÑOR DIRECTOR La presentación de un proyecto de Ley de Indulto General para personas privadas de libertad producto del estallido social es una medida necesaria, que se debe entender dentro del proceso de Justicia Transicional que requiere nuestro país.
El objetivo es fortalecer la responsabilidad general de las instituciones y ayudar a que la ciudadanía recupere la confianza en ellas. Para esto es fundamental que se priorice el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables, ponderando el contexto de violencia social y violaciones de derechos humanos que explican su encarcelamiento. La experiencia internacional muestra que, en sociedades afectadas por graves conflictos la aplicación de medidas judiciales excepcionales, implementadas de forma estratégica, ha permitido que estas sociedades fracturadas puedan iniciar un ciclo de transformación para la restauración de la confianza en justicia, el desescalamiento de la violencia y el mantenimiento de la paz.
Los principios de la Justicia Transicional buscan que el estricto respeto al estado de derecho se compatibilice con la generación de garantías para que los sectores más vulnerables participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa. De esa forma, se puede iniciar un proceso que atienda a soluciones duraderas y estructurales.
A su vez, la Ley de Indulto General es una medida coherente con el proceso de cambio constitucional que busca generar nuevas bases para una convivencia cívica y política, basada en el reconocimiento de la dignidad de las personas, la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan.
Álvaro Ramis Rector UAHC