PROYECTO DE INDULTO

SEÑOR DIRECTOR

Hace bien el Presidente en oponerse al proyecto legal de indulto para los involucrados en la revuelta social. Sin perjuicio de la polémica en torno a las cifras de involucrados en un eventual perdón legislativo, desde el punto de vista de los principios, no hay razón alguna que justifique una iniciativa legislativa de este tipo.

Desde la perspectiva del sentido común, parece absurdo que quienes han causado tantos estragos no reciban sanción y, en cambio, quienes se han involucrado en los mismos hechos obligados por su condición de policías, sigan siendo enjuiciados por muchos casos más parecidos a un accidente que a una acción deliberada con el propósito de violar los derechos humanos, como pretenden plantear los promotores de la iniciativa.

Desde una perspectiva jurídica, tampoco los hechos que se enjuician han ocurrido en un contexto de violaciones de los derechos humanos. En efecto, más allá de las conclusiones a que puedan haber arribado las burocracias internacionales sobre el tema, lo cierto es que no hay imputación penal alguna que afecte a las autoridades del Ejecutivo vinculadas al tema de la seguridad interior en el último año. Comparar la situación vivida desde el 18 de octubre del año pasado con los hechos acaecidos en la década de los setenta del siglo anterior, es simplemente un despropósito que no resiste análisis.

Y desde un punto de vista práctico, las instituciones encargadas de la persecución penal, el Poder Judicial y el Ministerio Público, son órganos independientes del Poder Ejecutivo. De este modo, nadie puede suponer de parte de los persecutores penales un sesgo sancionador en contra de los sujetos enjuiciados.

Sin razones que justifiquen este tipo de iniciativas, lo único que se puede esperar es que opere el estado de derecho.

Gonzalo Yuseff

Ex fiscal del Ministerio Público