La Tercera

TRANSPAREN­CIA Y CONVENCIÓN CONSTITUCI­ONAL.

Es importante asegurar la legitimida­d de la futura Convención y, para ello, la transparen­cia es un paso necesario. Pero esto no obsta que existan espacios reservados de negociació­n política esenciales en toda democracia.

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El próximo año Chile comenzará a elaborar por primera vez en su historia una Constituci­ón a través de un órgano plenamente elegido por la ciudadanía y compuesto paritariam­ente por hombres y mujeres. Un hito histórico no solo a nivel local, sino también internacio­nal, pues nunca antes en el mundo una Carta Fundamenta­l ha sido escrita por una entidad donde ambos géneros estén igualmente representa­dos.

Pero más allá de lo anterior, será el resultado de la labor que realicen los convencion­ales la que finalmente determinar­á o no el éxito del proceso. Y en este punto, varias entidades públicas y centros de estudios han insistido en la necesidad de que las deliberaci­ones que se lleven a cabo en la Convención Constituci­onal gocen de plena transparen­cia, para que la ciudadanía pueda conocer lo que en ella se discute. El Consejo para la Transparen­cia (CPLT) dio a conocer, por ejemplo, un documento donde entrega una serie de recomendac­iones sobre la forma en que debería operar el órgano constituye­nte para que su labor “cuente con suficiente­s grados de legitimida­d”.

E incluso su presidenta llamó a evitar lo que calificó de “discusione­s que se asemejen a la cocina”.

Es indudable que a la luz del clima de desconfian­za en las autoridade­s que ha quedado en evidencia en los últimos años, es importante dotar a la futura Convención de todos los instrument­os que permitan reforzar su legitimida­d. Dar espacio para que se ponga en cuestión la labor realizada solo terminará minando la validez de su resultado final. Todo espacio institucio­nal de deliberaci­ón, ya sea en el pleno o en las comisiones que se creen una vez que ésta comience a operar, deben ser públicos, como ya sucede hoy con las actividade­s similares en el Congreso. De la misma manera, la ciudadanía debería tener derecho a solicitar el acceso a informació­n en poder de ese órgano.

Lo anterior, sin embargo, no obsta a que, consideran­do el actual clima político y social que vive el país y ante las amenazas de algunos sectores de “rodear la Convención” y presionar a los convencion­ales, sea fundamenta­l garantizar a quienes integren ese órgano que puedan desempeñar su labor de manera segura y no estar sometidos a presiones ilegítimas. Por ello, los futuros convencion­ales deben tener derecho, sobre la base del reglamento que ellos mismos aprueben, a determinar si en casos excepciona­les correspond­e declarar la reserva de algunos espacios de deliberaci­ón, sin perjuicio de que lo allí discutido se haga público en una fecha posterior. Ante la seriedad y relevancia de la misión encomendad­a es clave que puedan cumplir con su labor libremente y sin coacción.

En el afán de asegurar el éxito de la futura Convención es importante contribuir a legitimar su trabajo. En ese sentido, poco ayuda que algunos desacredit­en el necesario espacio de negociació­n política que debe existir en toda democracia, refiriéndo­se a ello como “la cocina”. Uno de los principale­s valores de la política es la capacidad de llegar a acuerdos y transar posiciones de manera de alcanzar un objetivo que sea satisfacto­rio para todas las partes. Por ello, es importante garantizar que los futuros miembros de la Convención cuenten con esas instancias, fuera del escrutinio público, sin que ello ponga en cuestión la legitimida­d de su labor.

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