¿Trump sin redes?
En los últimos días y a raíz de los eventos sucedidos en el Capitolio de los Estados Unidos, diversas plataformas digitales comenzaron a suspender y a remover las cuentas del Presidente de este país. La eliminación de contenidos de las cuentas de Trump ya venía sucediendo desde hace un tiempo, pero la escala y el momento en el que sucedieron los últimos episodios amerita algunas consideraciones.
En medios internacionales circulan análisis que se orientan a dos visiones generales. Una está alineada con el relato de las compañías tecnológicas, y remite a que sus altos ejecutivos han tomado estas decisiones basándose en sus normas y políticas comunitarias. La otra, desde una posición más crítica con las medidas tomadas, alude a factores multidimensionales relacionados con el nuevo panorama político de Estados Unidos, donde las dos cámaras estarán lideradas por el Partido Demócrata, habilitando así el camino para nuevas posibilidades de negocio y potenciales concesiones regulatorias.
Las tensiones que se producen entre la libertad de expresión, la censura, el bien público e individual y los intereses corporativos, dan cuenta de los riesgos que implica para la democracia que este tipo de decisiones sean tomadas por un pequeño grupo de altos ejecutivos de las llamadas “Big Tech”. Uno de los focos de escrutinio, debiese estar en quiénes toman esas decisiones y cuáles son los intereses reales que están detrás de ellas. En ese sentido, es necesario el desarrollo de una regulación adecuada sobre las atribuciones y el poder de las plataformas sociales en relación a la moderación de contenidos y a la libertad de expresión, con foco especial en aquellas situaciones que puedan alterar el adecuado funcionamiento de los procesos democráticos y el bienestar de la sociedad.
Paralelamente, deben existir comités externos colegiados, interdisciplinarios e independientes de los intereses corporativos. Existen plataformas que ya cuentan con un consejo independiente, como es el caso de Facebook, pero es indispensable que tenga el suficiente peso y agencia para auditar, evaluar e incidir en decisiones como éstas, y que se generen los mecanismos para que dichas decisiones sean también apelables por la ciudadanía.
No es la primera vez que Trump incita a la violencia o amplifica mensajes de odio a través de sus redes sociales - como el caso de Black Lives Matter por mencionar solo un ejemplo-. Tampoco es la primera vez que las redes sociales abandonan su promovida neutralidad en asuntos políticos.
A estas alturas, no cabe duda que la negligencia de Trump y sus seguidores de extrema derecha han explotado las redes sociales y el ecosistema mediático para orquestar la insurrección en el Capitolio, lo que no debe quedar impune. Asimismo, las plataformas digitales, han logrado que un jefe de Estado pierda, aunque sea de manera temporal, contacto directo con decenas de millones de seguidores, lo que hace aún más visible su desmesurado poder en la esfera pública.
Lo sucedido no se circunscribe únicamente a Estados Unidos, sino que tiene consecuencias a nivel global. Es por ello que urge acelerar los procesos regulatorios y fiscalizadores de las plataformas digitales, no solo para que asuman eventuales responsabilidades, sino también para que la toma de decisiones relacionadas con la moderación de contenidos, en especial aquellos que afectan la vida pública, sea más transparente y no recaiga solo en unos pocos gurús de Silicon Valley, algoritmos o moderadores que no dan abasto.
Hay riesgos para la democracia que estas decisiones las tome un grupo de ejecutivos de las llamadas “Big Tech”.