El método del dueño de Itelecom
León Marcelo Lefort Hernández (54), el empresario que montó un imperio de instalaciones de luminarias led, lleva ocho meses en prisión preventiva acusado de dos millonarios sobornos. Su nombre ha vuelto al ruedo por ser el protagonista de una trama de corrupción que hace casi un año envuelve a una veintena de municipios y que, en los últimos días, llevó a la fiscalía a activar la arista que involucra a Recoleta y a su alcalde, Daniel Jadue. ¿Cómo fue el auge y caída del zar de la luz?
¿Por qué te metiste en algo así?”, preguntó con curiosidad el fiscal de Iquique, Gonzalo Guerrero, al exgerente general de Itelecom, Marcelo Lefort. Era el 6 de octubre de 2020, la primera vez que renunciaba a su derecho a guardar silencio. Ese día se cumplían cinco meses desde que Lefort había sido detenido por la PDI, tras ser filmado por la policía entregando un sobre con una coima de $ 37 millones en efectivo a un asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán. Así se dio inicio formal a la causa penal más importante de corrupción que tramita hoy el Ministerio Público y que apunta al negocio de luminarias led en todo el país. Con 10 kilos menos y visiblemente demacrado, el ejecutivo le respondió a Guerrero, el mismo fiscal que desde hace dos años lo venía investigando y, por ende, escuchando todas sus conversaciones telefónicas: “Porque traicioné mis principios, fui un estúpido y me dejé llevar por un sistema corrupto”.
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León Marcelo Lefort Hernández tiene 54 años. Hijo de Hugo Lefort y Virginia Hernández, nació en la comuna de La Cisterna, en una familia de esfuerzo. No fue fácil para él acceder a estudios superiores, pues los Lefort no tenían dinero para costear el anhelo que él y sus otro cuatro hermanos tenían de ir a la universidad. Un crédito fiscal zanjó su futuro y pudo ingresar a Ingeniería Civil Eléctrica en la Usach. Quienes compartieron con él esa época dicen que era un alumno creativo, estudioso y con muchas ambiciones. También que él y miembros de su familia militaban en el Partido Comunista. Pero Marcelo Lefort sabía que no sería suficiente su título como ingeniero y que debía hacer un posgrado y, luego, montar un negocio propio. Así fue como tras titularse se matriculó en el Instituto Superior IEDE, especializándose en gestión de empresa.
Durante 20 años trabajó como asalariado en distintas firmas, siempre ligado al mundo de las telecomunicaciones. Hasta que en 2001 decidió dar el salto y emprender. En el Diario Oficial quedó registro de esta aventura cuando creó Inversión y Asesorías en Telecomunicaciones e Informática (Itelecom) Ltda. Su capital fue de $ 1.000.000 y –según el registro- lo hizo junto a su hermano Gustavo, quien controlaba el 1%, mientras que el restante 99% era de propiedad de León Marcelo Lefort. Por esa época, no contaba con oficina. Así que junto a su esposa adecuaron un cuarto de su departamento en Las Condes para recibir a eventuales clientes. Ahí se puso a vender productos y servicios a empresas en Chile y, posteriormente, en Latinoamérica. Poco a poco le fue yendo bien, por lo que el 2006 arrendó una oficina en Providencia, en calle Los Leones. Fue así como en 2009 incorporó como socios a Leonardo Bustos –como jefe de finanzas-, en el área comercial a Ricardo Rodríguez y, en lo operativo, a Mario Jardel. Ambos hoy tienen calidad de imputados en el caso luminarias, pero, a diferencia de Lefort, la fiscalía no solicitó prisión preventiva para ellos. En vez, Bustos y Rodríguez actualmente cumplen arresto domiciliario total. Una escritura pública de 2016 da cuenta de un acuerdo privado en que el gerente general de Itelecom cede 5% a Bustos, 5% a Jardel y 10% a Rodríguez.
A fines de 2010, los socios de Itelecom comenzaron a ver que el mercado se estaba achicando y que el negocio de la telecomunicación comenzó a concentrarse en las grandes empresas globales, como Movistar y Claro. Intentaron explorar en el retail y la minería, sin los resultados esperados. Lefort entonces tuvo una idea. En el mundo la necesidad de utilizar tecnologías de bajo consumo energético era tendencia y Chile no se iba a quedar atrás. Fue ahí donde vio, en las luminarias led, un potencial negocio. Al estudiar el mercado, se dio cuenta de que había un ahorro de 70% de energía con su uso y, por otro lado, la vida útil de los productos se multiplicaba 20 veces respecto de las antiguas luminarias. En una reunión, el gerente general de Itelecom les dijo a sus socios que para meterse en el negocio tenían que ser innovadores y él había leído que la experiencia internacional favorecía a aquellas empresas que ofrecían la luz como servicio. Es decir, no sólo se vendía físicamente la luz led, sino que también se ofrecía su instalación y el pago de mantención a cinco o 10 años. Llamó a ese proyecto “Go +”. A sabiendas de que el cambio de luminarias era una costosa inversión económica, lo que ofrecía era un pago en conjunto y en cuotas. Se pagaba un cargo por la instalación, por la luz led y su mantención. Entonces, la inversión luego se compensaba con el ahorro en el pago mensual de energía y el servicio de mantención que entregaba la empresa. “Si se dividía en cuotas, el puro ahorro en energía pagaba todo el proyecto”, dijo Lefort a su equipo y salieron al mercado. Uno de los primeros en contratar el servicio fue, paradójicamente, su antigua competencia en el rubro de telecomunicaciones. Movistar pidió el recambio a luces led de 11 mil puntos de iluminación de su entonces edificio corporativo, emplazado en Plaza Italia. Con esto, validaron el proyecto en el mercado privado y fue ahí cuando observaron “la calle”. En algún minuto, pensó Lefort, esto será una necesidad a nivel país y las luminarias de la vía pública deberían ser cambiadas. Fue así como comenzaron a prepararse para ingresar al sistema Chile Compra: la arena pública que durante una década y media Itelecom no pisó. Pero, a juicio de su fundador, “ya había llegado el momento de saltar al mercado de los grandes competidores en los municipios”.
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Virginia Lefort, la hermana mayor de Marcelo, estuvo muy grave contagiada por Covid en España, donde reside. Era abril de 2020. Había pocos casos en Chile, pero ya a esa altura la pandemia era una preocupación nacional. El gerente general de Itelecom ya gozaba de una buena vida. Se había cambiado junto a su esposa y sus tres hijas a una gran casa en la comuna de Peñalolén. El negocio iba bien: se habían adjudicado las principales licitaciones de cambio de luminarias led y Lefort ya era nombrado por sus competidores como “el zar de la luz”. Siempre se presentaba con las ofertas más bajas y lograba cumplir con todos los papeles requeridos en las bases y aclaratorias de los procesos de licitación. También ya se rumoreaba de sus contactos con los llamados “operadores” o “pingos”, que aseguraban el éxito en los mencionados procesos. Algunos eran Cristián Ureta Bravo y el exseremi Johan Vieyra, quienes actuaron como intermediarios de Itelecom y de los sobornos que se investigan en Iquique a los concejales de esa comuna.
Pero por esos días Lefort estaba muy preocupado por la salud de su hermana, quien incluso estuvo hospitalizada. Esas distracciones, dicen conocedores del caso, lo habrían hecho cometer muchos errores los días previos a su detención. Uno de ellos fue la conversación telefónica con quien era su intermediario en el negocio en Chillán, el abogado asesor jurídico del municipio y asimismo como juez de Policía Local de la comuna de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez. En la interceptación, la PDI se dio cuenta -según formalizó la Fiscalía de Ñublede la ruta en que se pagaría la primera cuota del soborno acordado con dicho fun
cionario público, que a su vez había acomodado la licitación a medida de Itelecom en conjunto con el administrador municipal Ricardo Vallejos. La policía escuchó lo que harían y sólo tuvo que seguir los pasos de Lefort y Campos para obtener la prueba que detonó la detención de ambos. El día 27 de abril, según la escucha telefónica, el gerente general de Itelecom –una vez que ya se habían adjudicado el negocio- le informa al abogado “que estaba disponible el dinero en efectivo”. Éste, a su vez, le cuenta a Vallejos y le explica que deberá viajar desde Chillán a Santiago para recibir el dinero. Así lo describió la fiscalía en la propia audiencia de formalización: “Es así como el imputado Campos, con fecha 4 de mayo de 2020, viajó desde la ciudad de Chillán hasta la ciudad de Santiago, para reunirse el día 5 de mayo del referido mes con el imputado Lefort en una oficina que habitualmente utilizaba la empresa Itelecom en Las Condes. Cerca de las 12.30 horas, luego de coordinarse vía telefónica con el imputado Lefort, se produce finalmente la entrega del dinero al interior del vehículo que conducía el imputado Lefort, en las inmediaciones del punto de encuentro anteriormente señalado, haciéndole entrega en dicho lugar al imputado Campos de la suma de $ 37.000.000 en dinero efectivo, el que correspondía a la primera parte del soborno convenido, viajando el imputado Campos el mismo día de regreso a la ciudad de Chillán”.
Tras esto, hay un llamado en que Lefort le informa a su socio Rodríguez que el primer pago ya se había ejecutado. Horas más tarde fue aprehendido.
Los primeros días de febrero de 2019, los socios de Lefort lo notaban intranquilo. La Municipalidad de Recoleta había hecho 144 objeciones a las primeras instalaciones de las luminarias, licitación que habían ganado un año antes. Dichas objeciones impedían que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quien Itelecom tenía un convenio, le pasara los US$ 5 millones comprometidos para el proyecto de Recoleta. Ese apoyo internacional databa de 2016, cuando mostraron al BID los beneficios del proyecto “Go +” y el impacto que había tenido en Melipilla, donde lograron bajar el costo de la licitación de $ 11 mil millones -según declaró Lefort a la fiscalía- a sólo $ 6 mil millones. “Hasta ese minuto desarrollamos los proyectos con financiamiento nuestro de corto plazo y comenzamos a buscar el financiamiento de largo plazo que nos permitiera calzar los ingresos proyectados a 10 años”, dijo Lefort en su segundo interrogatorio ante la justicia: esta vez ante la fiscal regional del caso luminarias, Nayalet Mansilla, quien fue designada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para investigar todas las aristas de este caso, excepto la de Iquique. Esa quedó en manos del investigador de origen, el fiscal Gonzalo Guerrero. Lefort, busquilla como siempre –así lo definen quienes trabajaron con él- fue al BID y les mostró lo que habían hecho con Melipilla. “Este proyecto, que es muy interesante desde el punto de vista social, fue bien evaluado por el BID, donde nos presentamos buscando financiamiento a largo plazo y después de un año y medio firmamos un acuerdo de financiamiento por US$ 18,5 millones, evento que se materializa en mayo de 2017”, explicó a la investigadora Lefort. Luego de eso tuvo que reestructurar la compañía, ya que una de las exigencias de la entidad internacional era que todos los negocios se hicieran en una sola sociedad y fue así como –según registros del Diario Oficialse creó Itelecom Holding Chile SpA, la empresa que hoy está bajo embargo y la lupa de la investigación del Ministerio Público por sus tratativas con las luminarias y 21 municipios.
El 4 de febrero de 2019, según la declaración de uno de los exsocios de Lefort, que se acogió a colaborar con la investigación, el gerente general de Itelecom cambió su ánimo y ya no había preocupación en su rostro. Desde su laptop envió a Zoila Pun, oficial de inversiones del BID, un correo en que le aseguraba que las 144 observaciones que había hecho Recoleta y de las que él se había enterado hacía una semana ya habían sido subsanadas. Por lo que requerían entonces del pago de los US$ 5 millones para comenzar a cobrar las cuotas de ese proyecto. Tras enviar el mensaje, según datos que están en el expediente de la arista que involucra al alcalde de Recoleta, el PC Daniel Jadue y a su ahora exabogado Ramón Sepúlveda, Lefort ese mismo día le ordenó a su socio y encargado de las finanzas, Leonardo Bustos, que le donara $ 50 millones a Recoleta para financiar, vía legal, el festival Womad, que unas semanas antes se había quedado sin financiamiento estatal. Dicha coincidencia es la que uno de los ejecutivos que se acogió a esta especie de delación compensada puso a disposición de la fiscalía en noviembre del año pasado, cuando volvió a declarar por segunda vez. “Entre el primer correo al BID y el segundo, pasó una semana. A mi juicio, no era posible corregir las 144 observaciones en una semana”, dijo el exsocio, quien además sostiene que en un reporte del área de operaciones de Itelecom, fechado el 19 de febrero, se dio cuenta de que “la municipalidad recién comenzó a inspeccionar las observaciones”. Este imputado y colaborador en la causa sostiene que “es una suposición mía que Marcelo hizo un acuerdo, me imagino, con el alcalde de Recoleta directamente. Porque eran amigos, de comunicación permanente. El mismo Marcelo nos decía que él se contactaba con Jadue cuando había algún problema, tenía línea directa con él”. ¿Cuál es su suposición entonces, preguntó la fiscal Mansilla al colaborador y socio de Itelecom, y éste respondió: “Mi suposición
“El mismo Marcelo nos decía que él se contactaba con Jadue cuando había algún problema, tenía línea directa con él”, declaró un exsocio de Lefort.
es que yo te ayudo y tú me ayudas? Una donación para el evento municipal Womad Chile y, por otra parte, Marcelo Lefort se aseguraba de tener el pago del BID de los cinco millones de dólares, porque se subsanaban las observaciones. El mismo día 4 de febrero de 2019, que se transfiere la donación, Marcelo manda el correo al BID”.
En las cinco intervenciones que tuvo Daniel Jadue posterior a la publicación de La Tercera la semana pasada, donde se daba a conocer una conversación entre Marcelo Lefort y Ramón Sepúlveda, asesor jurídico del alcalde de Recoleta, en la que abordaban el aporte para el festival Womad, el edil ha reiterado que dicha donación está en regla. Y que no estaba enterado de ningún pago de Itelecom al abogado.
El último registro público del capital del imperio de la luz que forjó Lefort data del 13 de febrero de 2019, un día antes de que llegara el último aporte del BID. Ese día Itelecom se pegó el salto y actualizó su capital. La empresa que había sido conformada con $ 1 millón en 2001, ahora entraba a las ligas mayores como siempre soñó Lefort. Su capital, ese día, era de $ 2.711.592.282.
Una operación mal realizada que terminó con la muerte de una mujer en Ancud, la extracción de un corazón para regalárselo a una hijastra y una autopsia incorrecta que aparece como pieza clave para resolver un caso de muerte. Todo eso está en el curriculum del doctor Fernando Córdova. ¿Cómo alguien con esos antecedentes pudo seguir trabajando en el servicio público? Nadie tiene la respuesta.
El cuerpo de Marta Bustos fue encontrado en Huasco, enterrado a un costado de la línea del tren, el 20 de diciembre de 2016. Para esa fecha, la mujer de 29 años llevaba nueve días desaparecida. Después de cuatro años, no hay culpables ni detenidos. La única novedad que la familia ha recibido fue la sentencia al cirujano Fernando Córdova Guerra, el pasado lunes 21 de diciembre. El Juzgado de Garantía de Vallenar lo condenó -entre otros cargos- por obstrucción a la investigación. La causa se originó por las dudas que había respecto de la autopsia que le practicó a Marta Bustos, el 4 de enero de 2014, cuando trabajaba en el Servicio Médico Legal.
“Conforme al peritaje de autopsia que el acusado remitió a la Fiscalía Local de Freirina, en el marco de la investigación por la muerte de la víctima Marta Bustos, se advirtieron incongruencias en la exposición y conclusiones en dicho peritaje. Principalmente sobre la causa de muerte de la víctima, ya que determinó una enfermedad común, en comparación a las evidencias halladas y condiciones en que fue encontrado el cuerpo”, dice el fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Zolezzi.
En el informe de autopsia, Córdova indicó que la muerte había sido por un “infarto agudo del miocardio”. Pero un nuevo peritaje, realizado por una especialista de Santiago, el 17 de enero de 2017, arrojó que el primer informe no se ajustaba a la realidad y que había varias evidencias de la participación de otras personas en la muerte de la mujer.
Eso ponía la lupa sobre Fernando Córdova: un hombre de 65 años, bajo, canoso y de lentes. Nació como hijo único de un obrero y una modista, pero terminó titulado de Medicina en la Universidad de Chile y especializado en cirugía en la Universidad Católica. La mayor parte de su trabajo lo realizó en el norte, aunque también tuvo pasos por el Hospital Sótero del Río y el Hospital de Ancud.
“Esto trajo como consecuencia la pérdida de evidencia biológica que, indudablemente, ha afectado hasta el día de hoy la investigación penal que sigue la Fiscalía de Freirina en cuanto al esclarecimiento del hecho de la muerte de Marta Bustos y la responsabilidad criminal en éstos”, explica Nicolás Zolezzi, fiscal jefe de Vallenar.
Luis Lobos, primo de Marta, aún recuerda cuando se enteró del improbable resultado de la autopsia de Córdova: “Me acuerdo que estaba fumando un cigarro cuando llegaron de la PDI. Estaba el hermano de la Marta y le comentaron que era una muerte natural. Y mi primo le dijo: ‘¿Cómo va a ser una muerte’ natural? ¿Acaso se mató y se enterró sola?”.
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Hasta noviembre del año pasado, Fernando Córdova trabajaba como jefe del Servicio de Cirugía en el Hospital Provincial de Huasco y en el SML. Pasaba sus días entre una casa en La Serena y una habitación que arrendaba durante la semana en Vallenar. En 2016 fue reconocido por ese recinto por sus 35 años trabajando en la institución. Entre sus especialidades como cirujano estaban la cirugía digestiva, laparoscópica y proctológica.
La causa por la autopsia a Marta Lobos, sin embargo, no era la primera vez que enfrentaba a la justicia. El 21 de agosto de 2006 operó a Gladys Saldivia Calisto por una colelitiasis (cálculos al interior de la vesícula biliar) sin haber realizado una biopsia –como indican los protocolos- para detectar con certeza si tenía cáncer o no. La dieron de alta, pero tuvo que volver a ser internada. Esta vez en la Clínica Alemana de Puerto Varas, el 9 de septiembre.
Ahí descubrieron que Gladys Saldivia nunca tuvo cáncer, sino que una inflamación crónica benigna. El especialista que realizó la nueva operación declaró que “se encontró con pus dentro de la cavidad abdominal, restos de sutura con tejido necrótico, con un panorama bastante desolador, con una vía biliar que estaba dañada producto de la operación practicada por Fernando Córdova”.
Finalmente, Gladys Saldivia murió el 17 de octubre, a los 51 años. La Fiscalía de Ancud determinó que Córdova podría haber evitado ese desenlace si la hubiese enviado a un recinto de salud especializado.
Roberto Torralbo Mansilla, esposo de la víctima, declaró contra el médico. Dijo: “A él lo conozco bastante bien, pues pasé malos ratos. En un principio se negó a autorizar el traslado de mi señora. Después que la intervino traté de hablar, ya que veía que no hacía nada por mejorarla, y él no quiso hablar conmigo. Luego de la operación, el doctor Córdova le diagnosticó cáncer terminal y me dijo ‘tu señora tiene tres días de vida a partir de hoy’”.
La defensa del cirujano reconoció la negligencia, pero indicó que su actuación se debía a las condiciones que tenía en aquel momento. “Él no olvidó esa situación, él optó por otra vía que a él le parecía más conveniente a la luz de lo que estaba observando”, señalaron en esa oportunidad.
El 3 de noviembre de 2009, Fernando Córdova fue sentenciado a 540 días de presidio menor y el pago de $ 35 millones a la familia de la víctima. Por su intachable conducta anterior no tuvo que ir a la cárcel y fue suspendido para ocupar cargos públicos durante la condena, aunque, según consta en la investigación judicial por el caso de Marta Lobos, siguió trabajando en el Hospital Provin-
cial de Huasco.
La Tercera intentó contactarse con la familia de Gladys Saldivia, pero fue imposible. Roberto Torralbo, dice su abogado, Julio Álvarez, “aún se encuentra muy afectado”.
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La investigación judicial por el presunto femicidio de Marta Bustos permitió conocer un tercer caso que apuntaba al doctor Córdova. Esta vez, por la extracción de un corazón de un cadáver. Ocurrió el 13 de noviembre de 2015, tras la muerte de José Aravena Bustos, un hombre que se suicidó tras haber sido denunciado por violencia intrafamiliar en Vallenar. El cirujano extrajo el corazón para realizar la autopsia. Al considerar que se trataba de un órgano sano, no lo diseccionó y lo guardó.
El 22 de febrero de 2017, el SML de Santiago volvió a examinar el cuerpo. Determinaron que el procedimiento de Fernando Córdova estaba completamente errado, “…que, de lo descrito sobre el corazón en el informe de autopsia respectivo, sólo corresponde el peso y la descripción de forma y tamaño. Todo lo señalado respecto a cavidades, perímetros valvulares y paredes ventriculares es falso, ya que el corazón no fue abierto ni cortado”, señala la segunda autopsia.
La investigación judicial aclaró que Córdova regaló el órgano a una de sus hijastras, que estudiaba Enfermería en la Universidad Santo Tomás de La Serena. Le había comentado que tenían problemas para el ramo de Anatomía, ya que la universidad no tenía corazones reales para ser estudiados.
La causa se sumó a la investigación por las negligencias ocurridas en el caso de Marta Bustos. Fernando Córdova fue declarado culpable por el delito reiterado de falsificación de documento público, obstrucción a la investigación y tráfico ilícito de órganos. La pena dictada por el Juzgado de Garantía de Vallenar fue de cuatro años de libertad vigilada intensiva, suspensión del cargo y el pago de una multa de 2 UTM mensuales.
“Como Hospital de Vallenar, recibimos la sentencia e inmediatamente, dada la gravedad de los hechos, se generaron los actos administrativos para desvincular al funcionario y generar la inhabilidad para ejercer cargos públicos en nuestra región”, comenta el director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza.
“En 2017 se sumó una nueva causa contra el Dr. Córdova (por destinación irregular a docencia de un corazón). El director nacional de ese entonces procuró la desvinculación del médico, quien presentó la renuncia en abril de 2017”, aseguran desde el área de comunicaciones del SML.
La Tercera intentó contactarse con el cirujano, con su familia y abogados, pero ninguno estuvo disponible. Actualmente, Córdova vive en La Serena. Aún mantiene una consulta privada, según un perfil creado en la red Doctoralia. “He decidido seguir ejerciendo en forma privada mi especialidad, al menos por cinco años más. Qué ofresco ? (sic), obviamente puedo realizar operaciones como se indica más adelante. Pero creo más importante poder aclarar dudas, que puedan tener las personas, por indicaciones de cirugías, sin por ello comprometerse a que yo realice dichas intervenciones”, ofrece el doctor Córdova en la página web.
La suma de sus sentencias abren espacio a dudas sobre el trabajo que el cirujano cumplió en la Cuarta Región. Pero hasta ahora no hay ninguna nueva denuncia.
“Al momento del ingreso del doctor Fernando Córdova al Hospital Provincial de Huasco cumplía con todos los requisitos de ingreso a la Administración Pública. Debemos reiterar que existe efectivamente un registro, información y control del personal que ingresa a la administración del Estado. Por lo tanto, todas las sanciones de carácter administrativo siempre quedan registradas en la hoja de vida del funcionario”, asegura Claudio Baeza.
“Al ingresar un profesional al Servicio Médico Legal, este debe realizar una declaración jurada sobre su currículum, asegurando que no tienen impedimento para desempeñarse en el sector público”, explican desde el área de comunicaciones del SML.
Sin embargo, el certificado de antecedentes de Fernando Córdova no dice nada sobre la muerte de Gladys Saldivia en Ancud.
“No lo sabía, pero resulta increíble que haya incurrido en delitos de la misma naturaleza y que el sistema no impida la repetición de estas desidias”, comenta el abogado Julio Álvarez.
La causa más grave, sienten en Vallenar, sigue siendo la de Marta Bustos. En ese proceso, la defensa del médico presentó un informe psicosocial, donde se señalaba que Córdova padecía depresión severa y crónica desde 2005. Ese, indica el fiscal jefe de Vallenar, fue el argumento que dieron: “El condenado y su defensa aludieron razones de salud, de parte del profesional, que lo llevaron a cometer los hechos”,
Pero eso no es suficiente para la familia de Bustos. Hasta hoy, ninguno de ellos puede olvidar el día en que Fernando Córdova se cruzó en sus vidas.