Ingreso mínimo garantizado
En Enade el presidente de la CPC propuso al país adoptar un sistema de ingreso mínimo garantizado, que sea progresivo y que sustituya otras ayudas del Estado, que no siempre llegan a las personas. Agregó que la ciudadanía quiere un piso desde el cual pueda desplegarse, aunque eso implique mayor responsabilidad.
El actual esquema de gasto fiscal en materia social data de comienzos del régimen militar. En un Chile relativamente pobre, dicho gasto -centrado en educación, salud y vivienda- tendía a beneficiar a la clase media, prácticamente sin alcanzar a las personas de menores ingresos. Los recursos fluían desde algunos de la clase media más bien acomodada, hacía otros de la misma clase.
Parecía entonces más justo acudir con los escasos recursos existentes primordialmente en ayuda de las personas de menores ingresos. Es más, estas últimas y sus descendientes -pobres y con escaso apoyo estatal- estaban condenadas a permanecer en ese estado. Bajo el liderato de Miguel Kast y Sergio Molina, ellos dos y otros autores prepararon entonces el primer Mapa de la Extrema Pobreza en Chile (Instituto de Economía, PUC, 1974), trabajo antecesor a las encuestas Casen. La información así recogida permitió que desde entonces el gasto fiscal en materia social se focalizara en Chile en beneficio de los más pobres (y a lo largo del tiempo y por desgracia crecientemente, en provecho de los administradores de dicho gasto).
No obstante lo acertada que fue entonces la política descrita, ha transcurrido casi medio siglo y las condiciones socioeconómicas del país han cambiado radicalmente. En particular y por un lado, el gasto fiscal social se ha multiplicado, tal como el número de programas correspondientes (que superan los 400, muchos de ellos socialmente poco rentables). Y por el otro lado, la movilidad social -el porcentaje de personas que se mueven entre los diferentes quintiles de la distribución del ingreso- ha aumentado notoriamente, teniendo Chile en la actualidad -entre los países de la OCDE- uno de los índices más altos al respecto (OCDE, 2018).
Es decir, en el Chile de hoy la inmensa mayoría de los pobres ya no están, como en 1974, condenados a ser siempre pobres, pero sigue siendo necesario tener ayuda para la ciudadanía en fase de pobreza (ver Sapelli, 2016). Para eso un programa de ingreso mínimo garantizado -o, para ser más preciso, un sistema de impuesto progresivo negativo sobre el ingreso (Friedman, 1962)- viene como anillo al dedo. Resuelve -en forma muy sencilla y con un gasto administrativo mínimoel problema de la falta temporal de ingresos, al mismo tiempo que genera -al contrario de lo que sucede con algunos de los programas actuales- los incentivos necesarios para que las personas hagan los esfuerzos requeridos para salir de la pobreza.