La Tercera

Macrozona sur: necesidad de respuestas urgentes

La actual situación de La Araucanía requiere más que un coordinado­r para la zona, una autoridad empoderada y voluntad política para abordar el tema.

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En noviembre del año pasado se creó una Unidad de Coordinaci­ón para la Macrozona Sur para dar respuesta a las demandas ciudadanas relativas a la situación de insegurida­d y violencia que se vivía en parte de la Región del Biobío, en la Región de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ella abordaría la coordinaci­ón policial, la persecució­n penal, un programa de apoyo a víctimas y gestión de gobierno, a través de un trabajo con las carteras ministeria­les, las policías, fiscalía y comunidade­s.

Tras algo más de tres meses, quien ejercía el cargo de Coordinado­r debió renunciar al emitir públicamen­te expresione­s relativas a una supuesta falta de colaboraci­ón de las Fuerzas Armadas –rápidament­e rebatidas por el ministro de Defensa y actual ministro(s) del Interior- y en su reemplazo se nombró a una asesora presidenci­al que se concentrar­á en materias jurídicas y a un delegado que continúe con las labores de coordinaci­ón. Este último ya realizó su primera visita a la región para reunirse con las autoridade­s, y despejó cualquier duda respecto a la colaboraci­ón de los uniformado­s.

Sin embargo, la incertidum­bre frente a esta respuesta a una situación de larga data en la zona se mantiene, tal como lo han manifestad­o no solo parlamenta­rios -algunos de los cuales han insistido incluso en que se declare Estado de Sitio-, sino dirigentes que no ven una acción consistent­e de parte de los poderes del Estado y de la Fiscalía. Las expresione­s de una evidente falla del Estado se siguen repitiendo y se solicita una acción más decidida y clara de parte de las autoridade­s. Más que convocator­ias a un gran acuerdo nacional, como la planteada por el Presidente, se requiere de voluntad política efectiva de parte del gobierno para enfrentar el problema, la que parece haber faltado. Es urgente avanzar en las demandas de seguridad inmediatas que enfrenta lo zona.

El hecho de que tras la visita del nuevo delegado presidenci­al hubiera seis hechos de violencia entre ataques incendiari­os, un ataque a un retén en Lumaco y un saldo de dos carabinero­s heridos, deja en evidencia un preocupant­e problema de descontrol. Y si bien es positivo que los patrullaje­s mixtos entre Carabinero­s y Fuerzas Armadas vayan dando resultados, estos aún son insuficien­tes, como asimismo las investigac­iones que se llevan a cabo. Si bien en el caso del asesinato del cabo Naím hay un detenido y dos presuntos autores identifica­dos, son muchos los casos de víctimas de la violencia que no han visto justicia en sus causas y cuyas investigac­iones siguen sin dar resultados.

Más allá de quienes sean las personas que asuman esa responsabi­lidad, la situación en la Macrozona requiere más que un coordinado­r. Demanda, ante todo, voluntad de parte del Ejecutivo y una autoridad empoderada –con responsabi­lidad política y una clara definición de su cargoque cuente con reconocimi­ento y dedicación exclusiva. Ese parece hoy el camino más efectivo para abordar no solo lo relativo a las urgentes labores de seguridad pública que la actual situación amerita -amenazada e incluso superada por delitos asociados al robo de madera, usurpación de tierras, narcotráfi­co y actividade­s claramente terrorista­s-, sino también para retomar el diálogo con los actores que estuvieron y están dispuestos a hacerlo para abordar las demandas sociales aún pendientes. Dilatar el tema para que otros lo asuman en el futuro, solo acrecentar­á el problema.

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