Ataque a equipo de prensa de TVN
Este grave episodio no hace sino confirmar el cuadro de extrema violencia que se vive en la macrozona sur. La imposibilidad de los poderes del Estado y la prensa para ejercer allí su labor representa una amenaza para nuestra democracia.
El alevoso ataque del que fue víctima un equipo periodístico de TVN en la zona de Tirúa (Región del Biobío) -donde producto de una emboscada un camarógrafo perdió parte de su visión producto de disparos, mientras que un periodista quedó con una serie de lesiones- ha sido motivo de justificada conmoción, relevando la grave situación de inseguridad que se vive en la llamada “macrozona sur”, donde la violencia alcanza niveles cada vez más peligrosos.
Las circunstancias en que tuvo lugar este ataque -que fue condenado por la Sociedad Interamericana de la Prensa, la cual instó a continuar la investigación del caso de forma urgente y llevar a los agresores ante la justicia- ocurrieron luego de que el equipo de prensa concurriera hasta la zona para concertar una entrevista con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco -organización que ha sido responsabilizada por llevar a cabo numerosos atentados incendiarios y amedrentamientos-, y fue tras la cita que los profesionales de la prensa fueron atacados por un grupo de encapuchados. El propio periodista y conductor televisivo calificó los hechos como un atentado terrorista.
Es explicable que por tratarse de personas con alta exposición pública, el caso haya acaparado alto interés en la opinión pública. Sin embargo, episodios como estos se han hecho frecuentes en la zona, tornándose cada vez más violentos. Los reportes de ataques incendiarios a transportistas, quemas de casas, destrucción de maquinaria y violentas ocupaciones de predios ocurren casi a diario. Más grave aún es que en el último tiempo numerosas personas han muerto productos de disparos, sin responsables conocidos hasta este momento, pero presumiblemente ligados a grupos organizados que operan allí.
Conforme cifras oficiales, entre 2015 y 2020 se registraron más de 770 atentados en la macrozona, cifra que ha ido escalando este año a raíz del recrudecimiento de la violencia, donde el caso más grave se vivió en Temucuicui, cuando un operativo de más de 800 policías fue resistido con un alto poder de fuego. Asimismo, en los últimos cinco años más de 150 personas han resultado lesionadas en las comunas de Tirúa y Cañete. A la luz de estas estadísticas, es evidente que hay una pérdida completa del estado de derecho en la zona del conflicto, con actos de naturaleza terrorista que ponen gravemente en riesgo la vida y seguridad de toda la comunidad.
El episodio que esta vez afectó al equipo de prensa no hace sino confirmar esta realidad, pero lo que finalmente trasluce este acontecimiento es el fracaso e impotencia de los poderes del Estado para hacer frente a esta situación. Cuando la acción de jueces y fiscales se torna inútil, cuando las policías no pueden entrar a ciertas zonas y cuando la prensa es objeto de amedrentamientos para que no pueda ejercer su labor, entonces toda la arquitectura institucional de nuestra democracia se ve afectada. Una circunstancia tan grave como ésta no puede seguir siendo motivo de indiferencia en las fuerzas políticas, tampoco en la ciudadanía. En estos recientes ataques hay desde luego una evidente amenaza a la libertad de expresión -lo que debe reforzar el compromiso de los medios de comunicación para seguir informando lo que ocurre en esta zona-, pero sus implicancias van mucho más allá.