Recuperar el terreno tomado: la misión de la familia Correa
Luego del asesinato de Alejandro Correa, su esposa y sus hijas tuvieron que someterse a una nueva batalla legal: la de defender, en medio del luto, su terreno en Quilpué de una ocupación ilegal.
Págs. 26-27
El 18 de mayo pasado, poco antes de que su padre Alejandro muriera, Valentina Correa entró a despedirse de él en la pieza en la que agonizaba en el Hospital Naval. –Yo entré y le dije tres cosas. Horas antes, un desconocido le había disparado dos veces en la cabeza en la entrada de su casa en Concón.
–Primero le di las gracias. Después le dije que no teníamos nada pendiente, que se fuera tranquilo.
Valentina sabía que su padre mantenía sólo un conflicto que lo inquietaba: un terreno de 13 hectáreas en Quilpué donde tenía un problema en el deslinde con otro propietario, Renato López, que estaba siendo revisado por una corte civil.
–La tercera fue que con mi mamá y mis dos hermanas íbamos a estar bien.
A fines de abril, Alejandro Correa también se había enterado de una ocupación ilegal que estaba empezando a instalarse en su propiedad.
–Esa no la hemos cumplido del todo.
El 15 de mayo, el mismo Correa hizo una denuncia en fiscalía con este texto:
“Terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad y están marcando sitios y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores. El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón Cáceres. Son unas 30 personas que se encontraban limpiando los sitios, haciendo quemas y comenzando a construir. Entraron por un camino interior y con máquina hicieron un camino para ingresar a mi propiedad. En este punto no había una cerca, sino que montículos de tierra para impedir el ingreso de vehículos desde el camino”.
Luego le envió un correo a la gobernadora del Marga Marga, María Carolina Corti. Le explicó que, en ese paño que había adquirido en 1995, estaba desarrollando un proyecto llamado Puerta de Quilpué, que a futuro contemplaba una inversión en infraestructura donde podrían desarrollarse comercios, clínicas, hoteles y más.
“La Municipalidad de Quilpué está al tanto de la situación y lo observa con preocupación. Sin embargo, señalaron no contar con atribuciones legales para intervenir. Considerando lo expuesto, agradeceré a usted sus buenos oficios tendientes a instruir a quien corresponde el desalojo antes de que se masifique la toma ilegal”.
Valentina Correa fue entendiendo todo esto las semanas siguientes, mientras revisaba los correos de su padre y trataba de entender por qué alguien habría ido a dispararle un lunes antes de las 10 de la mañana. Luego, la PDI le dijo que habían arrestado al colombiano Víctor Gutiérrez Londoño como presunto autor del homicidio. Tres meses después, el 18 de agosto, detuvieron a Renato López. La fiscalía aseguraba que él había encargado la muerte de Correa, en medio de la disputa que mantenían por la demarcación de su propiedad.
Valentina necesitaba seguir con su vida, pero no podía. No era solamente el vacío que sentía sin su padre, la preocupación por el luto de su madre, las inflamaciones que sufrió en la piel por el estrés o la dificultad para conciliar el sueño. Lo que la seguía devolviendo a ese 18 de mayo, lo que no le permitía avanzar y estar bien, era ese terreno en Quilpué.
Porque ahí, en ese paño de tierra y quebrada, quedaba susera, pendido el último deseo de su padre.
El sábado 25 de abril, Luis Alarcón cruzó los tres kilómetros que separaban la Villa Pompeya Sur, donde vivía con sus padres en Quilpué, del terreno de Alejandro Correa, a un costado del Troncal Sur. Lo hizo junto con 38 familias que demarcaron los terrenos que pasarían a tomarse dos días más tarde. La idea, declaró ante la PDI, la venía masticando desde el estallido social, cuando conversó con otros ocupantes ilegales que iban a ser desalojados de un terreno cercano. Alarcón, un profesor de Historia de 40 años, les dijo a los vecinos que había consultado en el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad. Y que ahí encontró que esos terrenos no tenían dueños conocidos.
–En la toma, entre el 50% y 60% somos técnicos o profesionales –explica–. Hay constructores civiles, ingenieros que se recibieron el año pasado y no han encontrado trabajo y están fuera de sus casas porque no pueden pagar arriendo. Somos gente que tiene a lo mejor algún medio de subsistencia. Pero no tenemos acceso a la vivienda, porque quedamos fuera de la ayuda estatal.
Alarcón, que luego tomó un rol de dirigente en el campamento que nombraron Terrazas de Marga Marga, sostiene que el terreno era un basural, que estaba en abandono. Por eso, porque pensaban que no era de nadie, y por lo espacioso que decidieron usurparlo. Eso, agrega, era mejor que las otras alternativas.
–Sabemos que el Serviu tiene como solución habitacional llevarnos a poblaciones con poco espacio, con calles estrechas, con poco patio. Y tampoco es lo que buscamos. Aspiramos a poder vivir un poquito mejor en términos de espacio. No tan hacinados.
Que Alarcón hubiese aparecido en esos terrenos semanas antes de que asesinaran a Correa, fue motivo suficiente para que la PDI le tomara declaración dos veces. Aunque hasta ahora no le han formulado cargos. Ahí, además de decir que no tenía relación ni información sobre el crimen, contó sobre la vez en que conoció a Correa.
“Fue como dos semanas después de que se inició la ocupación que se presentó una persona que dijo ser Alejandro Correa, quien preguntó qué era lo que estábamos haciendo, a lo cual se le informó que estábamos haciendo la ocupación de los terrenos, señalando en ese momento que él era el dueño, por lo cual yo le mostré la copia del Conservador de Bienes Raíces y unos planos que son fotografías de plano original de loteos, que me pasaron en el mismo Conservador de Bienes Raíces. Ante la situación que surgió, me indicó que al día siguiente iría con un topógrafo para verificar y marcar como corresponde su terreno, siendo solo esas dos veces las que conversé personalmente con él, ya que los otros contactos fueron por mensajería de WhatsApp”.
Cuando el comisario le preguntó si había planes para que llegaran más de las 38 familias que había instaladas inicialmente, Alarcón contestó: “No se pretende que aumente su número”.
Mientras eso pasaba, la familia Correa trataba de sanar. Luego de la detención de Renato López, decidieron poner la casa de Concón en arriendo. En octubre fueron a cerrarla y en noviembre una familia, amigos de unos vecinos de Bosques de Montemar, se mudaron.
Valentina Correa se sintió exiliada. Para su madre, Laura Uribe, fue mucho más duro:
–Puedo decir que mi duelo ha sido un espacio solitario, duro. Es como un páramo, oscuro. Que siento que lo más importante es enfrentar esos sentimientos de soledad, de desamparo, de no entender, del dolor de la ausencia. Del saber que nada va a volver a ser como antes. En mi caso, no sólo perdí a Alejandro, perdí todo mi mundo. Perdí mi casa, perdí mi ciudad, perdí mi estructura.
Uribe se fue con Catalina, su hija menor, que regresó desde Florencia a vivir en Frutillar. Javiera, la hermana mayor y que fue la primera en ver a su padre moribundo, se quedó en un departamento en Concón. Valentina estuvo en todos lados. A veces en Santiago. Pero a veces, también, en Frutillar. El 28 de diciembre todas se juntaron para esparcir las cenizas de Alejandro Correa en el Parque Conguillío, que fue donde conoció a Laura.
Hacerlo les permitió cerrar un capítulo, aunque la paz no duró demasiado tiempo.
Hace poco más de un mes, un vecino del terreno en Quilpué les avisó que estaban entrando más personas a la propiedad que ya estaba tomada.
–Yo le recomendé no ir. O que, si iba, que pasara por fuera. Yo no puedo decir qué gente es, porque no los conozco. Pero sí sé que si uno pasa en auto, mirando, ellos reaccionan –dice ese vecino.
Eso le dio rabia a Valentina Correa. Le produjo una sensa
ción de injusticia:
–Quilpué para mi papá era su sueño. Es, también, el patrimonio que tiene mi mamá. Es su seguro de vida. Cuando él se jubiló, dijo ‘quiero hacer algo en este terreno. Mejorarle los accesos’. Porque él no tenía plata para invertir ni hacer calles. Pero sí podía hacer el anteproyecto y pasárselo a alguien que trajera inversionistas e hiciera el desarrollo inmobiliario que permitiera el suelo. Ese era el sueño de mi papá. Venderlo bien y disfrutar la vida.
La rabia aumentó aún más cuando preguntó en Bienes Nacionales si los terrenos que reclamaba su padre pertenecían al Fisco o tenían postulaciones de vivienda en el Serviu.
El oficio, firmado por la seremi Rosario Pérez, establecía lo siguiente:
“Sobre la información que aporta sobre ocupantes en el sector, le informamos que, hecha una nueva búsqueda en nuestros sistemas informáticos, actualmente no se registran postulaciones asociadas a los roles 1080-2 y 1080-6 de la comuna de Quilpué”.
“Le informamos que, revisados los roles de avalúo individualizados en el párrafo anterior, ambos de la comuna de Quilpué, estos fueron contrastados con el catastro de inmuebles fiscales que lleva este servicio, se puede informar que a la fecha no se registra propiedad fiscal administrada por esta Seremi”.
Aun así, no quiso ir al terreno.
–Hasta el día de hoy –dice ella– no puedo.
Al lado del terreno de la familia Correa en Quilpué hay una construcción. Se ve un portón en la entrada y dos contenedores. Pero esa separación, para quien nunca ha estado ahí, es difícil de percibir. A menos que se pregunte por Luis Alarcón.
–No, aquí no es. Ese vive al lado.
El que habla es un obrero del sitio.
–Aquí el Alarcón tiene prohibido entrar. Ese tiene estafado a medio Quilpué. Se tomó los terrenos de la familia Correa.
La toma de Alarcón comienza a unos metros, siguiendo un camino de tierra donde se ven terrenos demarcados y los cimientos de casas de uno o dos pisos.
–Se está expandiendo la ocupación, con un comité que se está instalando. Ahora deben ser unas 100 familias –asegura Luis Alarcón. Nosotros estamos usando unas cuatro hectáreas aproximadamente. La mitad de eso, según nuestra interpretación, pertenece a Bienes Nacionales. Nuestra intención es en algún momento poder adquirir los terrenos, comprarlos, regularizarlos y empezar a tramitar los oficios que corresponde para poder estar los más cómodos posible.
Alarcón dice que el principal problema que tienen es el de la electricidad, que varios ocupantes están usando generadores o paneles solares. Y que el agua no es un problema. De hecho, desde la Municipalidad de Quilpué confirman que se les está entregando agua a las familias del campamento que lo han solicitado y que cumplen con los requisitos en base a su ficha social.
Esta situación de usurpación no es nueva, dice la gobernadora Corti.
–Desde octubre de 2019 en adelante han aumentado las ocupaciones ilegales en la provincia. Son tomas que se arman de manera organizada y donde tienen medios para poder instalarse de forma rápida. Hay otro cambio: uno antes veía tomas en la periferia. Hoy es al revés. En Quilpué las vemos en accesos principales del Troncal Sur, en vías viales estructurantes.
Actualmente, hay 28 tomas catastradas en la provincia del Marga Marga. Dieciocho de ellas son posteriores al estallido social. El urbanista Iván Poduje, por ejemplo, calcula que sólo en Quilpué las ocupaciones ilegales han aumentado un 104% desde octubre de 2019.
–En promedio, los comités de vivienda esperan siete años por su casa postulando al Serviu –agrega Poduje–. Y muchas veces esa solución implica irse a departamentos pequeños que no resuelven la necesidad de la familia. La política habitacional esta desacoplada. Y si no se acopla, esto va a seguir aumentando.
Las soluciones que ofrece el sistema judicial tampoco son expeditas. En el caso de un terreno fiscal, las autoridades pueden pedir el desalojo administrativamente. Pero en un terreno de privados, en cambio, hay que hacer la denuncia y esperar a que el Ministerio Público tome el caso.
–Quienes se toman estos terrenos tienen muy clara esa diferencia: en un terreno de Bienes Nacionales va a llegar alguien a negociar el desalojo y eso les da tiempo para irse. En un terreno privado, en cambio, saben que nada va a pasar hasta que el dueño haga una denuncia –explica la gobernadora Corti.
Para ver el alcance de esta expansión, Valentina Correa le pidió a una empresa de ingeniería que sacara fotos aéreas de la propiedad. Las cámaras de los drones mostraron, dicen desde esa empresa, que un 80% del terreno de los Correa está tomado por el campamento de Alarcón. Encontraron loteos de 500 m2, indican. Pero también de 1.500 m2.
Todo eso mientras el Ministerio Público aún recopila antecedentes.
–La investigación permanece vigente y con diligencias en curso, las que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios por la relación directa que existe en esta causa con la que sigue la Fiscalía Local de Viña del Mar en relación a la muerte del empresario Alejandro Correa. Ya se han recibido algunos informes, lo que ha generado nuevas diligencias investigativas para poder avanzar en la causa que hasta ahora se encuentra desformalizada –comenta Hernán Silva, fiscal de Quilpué.
Esos tiempos procesales son los que tienen inquieta a Valentina Correa. No solo por el avalúo económico de esas tierras, sino que también por el valor simbólico:
–El mensaje aquí no puede ser que porque matan a alguien, puedes quedarte con su terreno. Lo comentamos con mi mama y mis hermanas el otro día. Todas concordamos en que queremos cumplir el sueño de mi papá. El tema es ¿a qué costo?
Esa vez, dice Valentina, ninguna tuvo una respuesta.