“Algunos ministros usan el pleno para amenazar y eso no es digno del TC”
Los coletazos por la denuncia al interior del organismo de un presunto “allanamiento ilegal” siguen sacando roncha entre los jueces que lo componen y la escalada de enemistad ha llegado a tal punto, que ayer la presidenta del TC anunció acciones legales. Sus detractores calificaron sus dichos como una forma de victimizarse y el ministro sumariante, Rodrigo Pica, aprovechó la instancia para revelar que él y su familia han recibido amenazas a su integridad física, lo que también se llevará ante la justicia.
Lejos de apagarse está la polémica encendida este lunes al interior del Tribunal Constitucional (TC), cuando su secretaria, María Angélica Barriga, anunció que acudiría al Ministerio Público para denunciar un presunto allanamiento ilegal en dependencias del organismo, enclavado en Huérfanos 1234, y que tuvo lugar el 15 de febrero del año pasado, cuando los jueces estaban haciendo uso de su feriado legal. La funcionaria dijo que llevaría esto a sede penal, acusando un “allanamiento ilegal” que fue avalado por la presidenta María Luisa Brahm. Esta última hoy tomó la palabra ante el pleno y acusó bajas intenciones por parte de algunos de los ministros del ente y que una vez se zanjen todas las acusaciones en su contra presentará las acciones legales correspondientes.
“De un tiempo a esta parte ministros que están acá, algunos, usan el pleno para lanzar imputaciones y amenazas y esos ataques no han sido sólo contra mí, sino que también contra otros ministros, y eso no es digno del TC”, habría dicho Brahm, según relataron al menos tres de los presentes en la cita.
En sus descargos, la abogada sostuvo que el ingreso de personal de la PDI era totalmente legal, ya que está acorde a las revisiones de seguridad de los poderes del Estado, tal y como ella lo informó y quedó en acta el 3 de marzo del 2020. Eso, según explican cercanos a Brahm, lo realiza la PDI o Carabineros, y en este caso ella lo solicitó a la policía civil. Tras descartar entonces una irregularidad, y un delito en todo esto, intervino ante sus pares y dijo que la denuncia era extemporánea, que todos sabían desde hace más de un año y que, por ende, entonces, no entendía esta arremetida de Barriga.
La presidenta del TC soslayó, además, según reconstruyen fuentes consultadas, que toda esta maniobra orquestada por sus detractores en el pleno buscan generar “juicios paralelos en la opinión pública”, lo que era una contradicción y un daño para un tribunal de la República y que filtraciones interesadas ya son pan de cada día en ese lugar. Finalizó su intervención diciendo que todo lo que está ocurriendo en su contra son intolerables “actos de amedrentamiento”, y que cuando se zanjen todas estas acusaciones va a presentar acciones legales en contra de aquellos jueces que la están acosando.
Las réplicas
Por supuesto, las respuestas a Brahm no se hicieron esperar. Uno de los que hablaron fue el ministro Iván Aróstica, quien instruyó un sumario en contra de ella por este presunto “allanamiento ilegal” en el entendido de que personal policial revisó oficinas del TC que son privados en que trabajan los ministros sin autorización judicial ni la venia de ellos. El juez, según otros ministros, le recordó que ella tiene calidad de imputada sumariada y no víctima, que estaba bajo una investigación, que ella nunca informó, ni preguntó sobre el ingreso a oficinas y que tenía la libertad de ejercer las acciones que quisiera y si quiere defenderse que lo haga, pero en el sumario.
Otro que tomó la palabra fue el sumariante de Brahm, el ministro Rodrigo Pica, quien apuntó a que si hay amedrentamientos como los planteados por la presidenta, él quería decir que desde la semana pasada él y miembros de su familia han sido amenazados a su integridad física. De eso tomó nota la secretaria del TC y se anunció una denuncia penal para que esta sea indagada.
Hoy se concretará también la presentación por supuestos hechos constitutivos de delito ante la Fiscalía Centro Norte. Consultadas varias fuentes del sistema penal concuerdan que sólo podría configurarse un delito en el caso que quienes hayan ingresado a las oficinas pudieran haber revisado correspondencia que por ley es privada, pero que las oficinas son públicas y que eso ya fue zanjado en casos anteriores, por tratarse de edificios públicos. Con todo, dicen esas mismas fuentes, deberá realizarse la investigación penal correspondiente, que esta vez tendrá en el centro a Brahm y a su jefa de gabinete, Claudia Vélez.