Pugnas internas en el Tribunal Constitucional
Las rencillas entre los ministros del tribunal no solo dañan gravemente la imagen de la entidad, sino que pueden afectar los derechos de quienes recurren a su intervención, tal como le podría ocurrir al gobierno frente al tercer retiro desde las AFP.
Resulta ciertamente lamentable que el Tribunal Constitucional (TC) esté haciendo noticia en el último tiempo no tanto por sus fallos y la calidad de sus razonamientos jurídicos, sino por las pugnas personales entre algunos de sus ministros, así como por las indagatorias que se han abierto en contra de la presidenta del tribunal, una por supuesto maltrato a funcionarios, y otra -que ha sido elevada ante el Ministerio Público- para investigar las revisiones llevadas a cabo presuntamente por la PDI en las oficinas de los magistrados -que algunos miembros del tribunal caratulan como “allanamientos ilegales”-, diligencias que fueron autorizadas por la presidenta del TC.
La asunción de María Luisa Brahm como cabeza de esta institución en 2019 -fue designada en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera como ministra del TC, ha estado marcada por la controversia desde el principio. En una entrevista que dio a este medio, denunció prácticas “al límite de la corrupción” ocurridas durante la presidencia de su antecesor (el ministro Iván Aróstica), al dilatarse sin razón aparente sobre todo causas de derechos humanos. Dicha acusación generó un áspero clima interno, y fue motivo para que además se abriera una investigación penal, a solicitud de una diputada del Partido Comunista.
La actual presidenta y quien la antecedió no han escondido sus abiertas rivalidades, lo que también ha llevado a que varios de los ministros se abandericen, lo que desde ya resulta inconveniente. Distintas sesiones en que el pleno ha tratado estos problemas se han llevado a cabo en un clima de fuerte tensión, lo que resulta poco edificante.
Estas rencillas han terminado dañando inevitablemente la imagen del tribunal, que hoy aparece como un ente dividido y probablemente sin el grado de independencia que una institución clave como ésta exige, lo que por cierto reviste un grave perjuicio para la institucionalidad. No resulta responsable que algunos miembros del tribunal aparezcan privilegiando agendas personalistas, despreocupándose de los efectos que ello tiene para la institución que representan. La presidenta del tribunal ciertamente tiene una cuota de responsabilidad por este enrarecido ambiente -en tal sentido, no cabe descartar una evaluación si es la persona idónea para ejercer el más alto cargo del TC-, pero otro tanto cabe a ministros que tampoco han sabido observar la mesura.
No es solo la imagen del tribunal la que se ve afectada con todo esto, sino que su rol como ente dirimente de las contiendas constitucionales puede verse seriamente comprometido, afectando los derechos de las partes que buscan su intervención. Es probable que la entidad deba conocer temas muy álgidos en el corto plazo, como el llamado impuesto a los “súper ricos”, así como el tercer retiro de fondos en las AFP. El gobierno ya ha anunciado que recurrirá al TC para buscar frenar un eventual nuevo rescate -basándose en que el propio TC dictaminó con motivo del segundo retiro que tal práctica era inconstitucional, gracias al voto dirimente de la ministra Brahm-, pero ante la posibilidad de que su presidenta sea temporalmente inhabilitada para ejercer la presidencia o incluso como ministra -en el marco de los sumarios que se instruyen, la estrategia jurídica del gobierno ahora puede estar en entredicho, arriesgando una derrota.