Una solución no eficiente
El establecer un impuesto mínimo global para las empresas es una idea que se viene discutiendo desde hace un tiempo. Los principales argumentos que han esgrimido los que apoyan esta idea son, por una parte, que una tasa mínima global evitaría que las grandes corporaciones se instalen en jurisdicciones con una tasa de impuesto más baja, lo que disminuye la recaudación tributaria de los países de origen de dichas corporaciones. Por otra parte, se sostiene que el contar con una tasa mínima global frenaría la carrera a la baja que exhibe este tributo a nivel de países, afectando con ello directamente la capacidad de recaudar.
En estos argumentos, lamentablemente, nada se dice si la existencia de una tasa mínima global es eficiente del punto de vista de asignación de recursos, así como tampoco si ésta beneficia o no el lograr el adecuado tamaño del aparato público y si la mayor recaudación garantiza que los gobiernos ofrecerán los bienes públicos esenciales que demanda la población. Se asume que existe una causalidad, donde el evitar que los países utilicen sus estructuras tributarias como instrumentos de competencia por atraer inversiones garantiza que éstas se quedarán en los países de origen, elevando la recaudación fiscal de dichas naciones y con ello la provisión de bienes públicos. Desafortunadamente, no existe evidencia de esta cadena causal, es más, es posible que muchas inversiones solo se hubieran concretado por el beneficio tributario que entregan algunos países, y que de no existir este beneficio posiblemente la generación de valor podría haber sido nula.
Por otra parte, la discusión de esta tasa mínima global debe considerar que la posición de los países al respecto no es homogénea, depende en gran medida del grado de desarrollo que exhiben. Para países avanzados resulta entendible el consenso de sus autoridades de avanzar en una tasa mínima global, ya que su objetivo primordial no sería el atraer inversiones, sino intentar evitar que sus corporaciones se instalen en otras jurisdicciones. En tanto, es totalmente legítimo que las economías emergentes deseen atraer inversiones para elevar su crecimiento y con ello el bienestar de su población, para lo cual deben ser competitivas y la estructura tributaria es uno de los instrumentos a utilizar, aunque no el único. La institucionalidad y estabilidad del país, junto a una mano de obra calificada y un mercado financiero profundo, son aspectos tanto o más relevantes para decidir si invertir o instalarse en un país que el nivel de la tasa de impuesto corporativo. Otro aspecto relevante de esta discusión es el nivel de la tasa mínima global, ya que mientras más baja es ésta menos distorsionadora e ineficiente es la medida. En este contexto, no es posible sostener que exista consenso en aplicar esta medida, ya que la OCDE ha analizado una de 12,5% mientras la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, plantea una de 21%. Estos niveles llevan a que esta discusión no sea del todo relevante para Chile, ya que la tasa de impuesto para las grandes empresas es de 27%, luego una tasa mínima global en los niveles planteados no sería operativa para nuestro país.
Con todo, esta es una medida no eficiente. La utilización de tratados tributarios y el avanzar en transparencia en la información financiera y tributaria debiese ser un camino mucho más eficiente y factible para disminuir la evasión y elusión de tributos a nivel global.