¿Hacia agencias de ciudad?
En temas de ciudad y territorio, el momento actual nos exige atender dos frentes. Por un lado, la necesidad urgente de dar solución a la crisis de vivienda. Por otro, el debate constitucional y los programas electorales demandan una reflexión crítica sobre los modelos que nos han permitido actuar sobre las ciudades, sus aciertos y sus límites. Ambas preocupaciones son complementarias; la segunda no debe eludirse.
Nuestra institucionalidad en estos asuntos está atomizada, con miradas sectoriales que no favorecen objetivos comunes. Es también desarticulada en su relación entre plan y proyecto, y en su rol de repositorio de información y estudios; limitada en su capacidad de articular a públicos y privados; insuficiente en atributos para intervenir directamente.
¿Es momento de pensar en agencias de ciudad? En muchos contextos ellas han evidenciado una importante capacidad de abordar estos asuntos, de articular una nueva agenda urbana. Es cierto que, como señala MTPA, la Red Mundial de Agencias de Urbanismo, no existe un modelo único en ellas: colaborativas dirigidas por autoridades locales, en coordinación con servicios, plataformas multiactores, incluso vinculadas con universidades, y un gran etcétera.
Hay ideas centrales que varias comparten: operan en un determinado espacio (una ciudad, o una unidad territorial reconocible) de forma intersectorial. Cuentan con los recursos y las atribuciones que les permiten una función diagnóstica y de difusión: reúnen antecedentes, realizan estudios, comparten el conocimiento que acumulan o producen y que les permiten una comprensión acabada de los fenómenos que en ese espacio tienen lugar. Tienen también una función planificadora, que las lleva a apoyar la elaboración de los documentos normativos que definen las condiciones de desarrollo, los socializan y actualizan. Poseen una función operativa, acompañan el proceso de definir áreas de intervención, transformándolas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Suelen tener a su cargo formas innovadoras de participación ciudadana para incluir a las comunidades. Integran en sus consejos a las autoridades locales y técnicas, bajo diferentes fórmulas.
Reúnen en ellas, por lo tanto, atribuciones que se encuentran actualmente dispersas en varias instituciones. Permiten, asimismo, una mirada sobre la ciudad a largo plazo, independiente de los cambios políticos o administrativos. Como unidad de gestión, se abren a la interacción entre públicos y privados. En ocasiones construyen otra forma, técnica y colegiada, de gobernabilidad metropolitana.
Exigen obviamente una reorganización institucional, redistribuyendo recursos y competencias para evitar duplicidad y el recargo innecesario del aparato burocrático. Los desafíos que tenemos por delante son mayores, y requieren de nuestra capacidad de aprender de los aciertos y errores, y de aprovechar este particular momento para revisar los modelos que nos permitirán el salto hacia las ciudades que queremos.