“Duro golpe para Bolsonaro”: Senado de Brasil instala comisión investigadora por Covid-19 y crítico del presidente será relator
Renan Calheiros dijo en su primer discurso que la comisión no hará persecuciones, pero que es necesario sancionar “de manera inmediata y emblemática” a los responsables de las muertes durante la pandemia.
En medio de un enfrentamiento en los tribunales entre aliados del Presidente Jair Bolsonaro y senadores independientes al gobierno brasileño, finalmente se instaló ayer la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) que indagará las posibles negligencias que el Palacio de Planalto habría cometido desde que estalló la crisis sanitaria por el Covid-19, en marzo de 2020. Desde entonces, más de 14,3 millones de personas han contraído una enfermedad que también les ha costado la vida a más de 392.000.
Originalmente estaba previsto que la CPI iniciara sus funciones la semana pasada, pero el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, perteneciente al partido centroderechista Demócratas, justificó la postergación de su entrada en funcionamiento argumentando que a causa del feriado en conmemoración de Tiradentes -uno de los principales héroes nacionales brasileños, asesinado por las autoridades coloniales portuguesas el 21 de abril de 1792- sería difícil reunir a los 11 senadores que integran esta comisión.
Con esa decisión, según la prensa brasileña, Bolsonaro ganó tiempo para intentar modificar la conformación de la CPI, en la que por ahora tiene minoría. De los 11 senadores titulares que la integran, sólo cuatro son aliados del presidente, mientras que cinco son independientes y dos opositores, según el portal Poder360. Así, además de pretender incluir en el órgano a más adeptos, el mandatario buscaba retirar de la relatoría de esta comisión al veterano senador Renan Calheiros, miembro del centroizquierdista Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y uno de los numerosos enemigos políticos del mandatario.
Con todo, a las 10 de hoy en el Senado comenzó a instalarse la CPI, que oficializó como su presidente al senador Omar Aziz, del centrista Partido Social Democrático, semanas después de que fuera elegido para el cargo. Al igual que Randolfe Rodrigues, del partido de centroizquierda Red de Sostenibilidad, quien será “su segundo”, y Renan Calheiros, en el puesto de relator. Salvo el primero, más del gusto del Palacio de Planalto, los otros puestos de mayor importancia de la comisión han sido cuestionados por el gobierno debido a la oposición de sus miembros a Bolsonaro.
De hecho, en la noche del lunes la Segunda Corte Federal de Brasilia dictó una medida cautelar para impedir que Calheiros fuera designado relator. Ayer en la mañana, sin embargo, el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1) revocó la decisión. El vicepresidente del tribunal, el magistrado Francisco de Assis Betti, explicó que la medida provisional que impedía el nombramiento de Calheiros interfería “de manera decisiva en la autonomía y en el ejercicio de las funciones inherentes al Poder Legislativo”.
En todo caso, en la víspera el presidente del Senado ya había anticipado que no cumpliría con la decisión del magistrado Charles Morais, de la Segunda Corte Federal de Bra
silia, que acogió un recurso para evitar que Calheiros fuera nombrado como relator de la comisión. “Este es un asunto interno del Parlamento, que no admite la interferencia de un juez”, argumentó Pacheco.
Según el portal G1, para los asesores presidenciales, el movimiento de los aliados de Planalto de judicializar el tema fue un error político y solo intensificó los ánimos dentro de la CPI. Peor aún, dicen, fortaleció más en el Senado la posición de Calheiros en la relatoría. Para los asistentes de Bolsonaro, esta batalla en la justicia estaba destinada al fracaso y solo erosionará todavía más la imagen de Bolsonaro dentro de la Cámara Alta.
Pese a ello, el senador e hijo mayor del Presidente, Flávio Bolsonaro, dijo que Pacheco fue “ingrato” al cumplir con la determinación del Supremo Tribunal Federal de instalar la CPI y, al mismo tiempo, ignorar una decisión dictada el lunes por la Segunda Corte Federal de Brasilia que intentaba impedir que Calheiros -quien era presidente del Senado durante el
impeachment de Dilma Rousseff- asumiera como relator de la comisión. Según el diario O Globo, esta fue la primera crítica del núcleo de Bolsonaro al presidente del Senado.
Luego de que el MDB, el partido más grande del Senado, reivindicara la prerrogativa de nombrar a Calheiros como relator de la CPI, Progresistas y Republicanos, partidos alineados con Planalto, amenazaron con abandonar el bloque que integran con el MDB en el Parlamento. La propuesta para sacar a las colectividades del bloque la hizo el senador Flávio Bolsonaro, miembro de Republicanos.
Sylvio Costa, fundador del sitio especializado en cobertura política Congresso em Foco, dijo a La Tercera que la confirmación de Calheiros como relator de la CPI “con certeza es un duro golpe para Bolsonaro”.
El fantasma del impeachment
Tras ser elegido presidente de la CPI, Omar Aziz afirmó que no se “permite hacer política” en una comisión cuando el país se acerca a las 400.000 muertes por coronavirus. El senador también dijo que le corresponde al colegiado descubrir errores y omisiones y los culpables, “ya sea ministro, asesor, gobernador o alcalde”.
Calheiros señaló en su primer discurso que la comisión no hará persecuciones, pero que es necesario sancionar “de manera inmediata y emblemática” a los responsables de las muertes durante la pandemia. “No estamos aquí para maquinar acciones persecutorias, no estamos aquí ante la atención integral de la nación y del mundo, para blindar, archivar, objetar o postergar. Todo será investigado, como lo exige la Carta democrática, de manera transparente, accesible “, declaró el relator.
Anticipando el fuerte debate que se anticipa en la CPI, la Casa Civil de la Presidencia de Brasil elaboró una lista con 23 posibles acusaciones y críticas al desempeño del gobierno federal en la lucha contra la pandemia y que deberían ser objeto de investigación e interrogatorio de senadores en la comisión.
Entre los cargos se encuentran la negligencia del gobierno en la compra de vacunas, minimizar la gravedad de la pandemia y la falta de incentivos para adoptar medidas restrictivas para reducir el contagio de la enfermedad; promover el tratamiento precoz contra el Covid sin evidencia científica, y la militarización del Ministerio de Salud.
El documento fue revelado el domingo por el portal UOL y su existencia fue confirmada a TV Globo por la Casa Civil. Según el informe, fue enviado a 13 ministerios, que se suponía que enviarían respuestas el viernes pasado. En la nota, la Casa Civil informó que la medida tenía como objetivo recabar datos e información que será utilizada por el gobierno para responder a las preguntas de la CPI.
La lista que manejan las autoridades brasileñas, a la que tuvo acceso el diario O Globo, señala también el uso de los medios de comunicación y los canales institucionales como arma de propaganda para difundir información errónea sobre la pandemia, no lanzar campañas de concienciación o minimizar sus estragos, como cuando el propio Bolsonaro calificó al Covid-19 de “gripecita”.
“Creo que esta investigación creará muchos problemas para el presidente”, dijo a France Presse el analista Andre Rehbein Sathler, de la Unidad de Inteligencia de Congresso em Foco. “No hace falta una investigación en realidad. Las acciones del gobierno durante la pandemia están allí, a la vista de todos”, apuntó. “No sólo omisiones, sino también acciones. El gobierno federal fue a la Corte Suprema para tratar de impedir las medidas de distanciamiento social impuestas por los estados, se negó a comprar vacunas y minimizó la pandemia”, agregó Sathler.
Por su parte, el diario Folha de Sao Paulo publicó el domingo un artículo sobre los escenarios políticos que se abren con esta investigación parlamentaria, en el que incluye la hipótesis de un futuro impeachment contra Bolsonaro.
Especialistas consultados por el periódico paulista señalaron que se deben aguardar los resultados de la CPI para saber si aportarán elementos que desemboquen en un juicio político. Uno de los antecedentes es el de 1992, cuando las revelaciones surgidas en una comisión parlamentaria fueron la antesala del proceso de destitución contra el entonces mandatario Fernando Collor de Mello.
Los mismos expertos dijeron a Folha que, más allá de lo que suceda a partir de ayer en el Congreso, “los reiterados discursos y la postura del presidente, tanto negando la gravedad de la pandemia como oponiéndose a las medidas de aislamiento, bastarían para que Bolsonaro sea responsabilizado”.
Pese a ello, Sylvio Costa descarta por ahora que un eventual resultado adverso en la CPI signifique el preludio para la apertura de un
impeachment contra el mandatario brasileño. “No es el escenario más probable, en la perspectiva actual, ya que Bolsonaro tiene un fuerte apoyo en el Congreso (especialmente el llamado ‘Centrão’) y aún mantiene un apoyo razonable de los grupos sociales que originalmente jugaron un papel decisivo en su elección como presidente: evangélicos, militares, policías, grandes y medianos productores rurales y operadores del mercado financiero. Pero su prestigio, según han demostrado las encuestas, está en fuerte declive, incluso en estos segmentos”, comentó el analista.
Para Eliane Cantanhêde, columnista de O Estado de Sao Paulo, “con la instalación de la CPI del Covid, ayer comienza una nueva etapa del gobierno de Jair Bolsonaro, que, además de estar ya en una campaña electoral anticipada para 2022, estará muy ocupado en tratar de explicar lo inexplicable en una tragedia histórica que ya se cobró 390 mil vidas en Brasil. Bolsonaro va a tener una oposición real y mucha visibilidad negativa”.
“La CPI es como el coronavirus: desconocida, altamente contagiosa y potencialmente letal. Si Bolsonaro reacciona a ella con el negacionismo con que trata el propio virus, estará en serios problemas”, advirtió Cantanhêde.b