Los dobles contratos en primera plana: una práctica que hundió a Lautaro, pero que roza a todo el fútbol chileno
La expulsión del Toqui del profesionalismo puso sobre la mesa este tipo de vínculos entre jugadores y sus equipos. La misma Dirección del Trabajo, al inspeccionar durante varios meses a Colo Colo en 2020, informó que había irregularidades en la acreditaci
“¿Cuántos clubes tienen contratos dobles, triples y hasta cuádruples con algunos de sus jugadores? ¿Cuántos clubes pagan parte de las remuneraciones “por fuera” o “en negro”? ¿Cuántos no les han pagado los impuestos de “primas” o “arriendos de pases”? Hay varios con diarrea hoy”. El mensaje es de Victoriano Cerda, presidente y dueño de Huachipato, equipo de buena campaña en la Copa Sudamericana. Lo publicó en su cuenta de Twitter, minutos después de que se conociera la sentencia de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP en que se decretó la expulsión de Lautaro de Buin del fútbol profesional.
El mazazo al club que había ascendido este año a Primera B se basó principalmente en lo que se conoce en el fútbol nacional como el doble contrato. Habla de un sueldo oficial, que se informa en la ANFP, y otro que se pagaba por debajo de la mesa, tras las denuncias realizadas por los jugadores Hans Martínez y José Barrera. De hecho, una de las pruebas fundamentales en contra de Lautaro fueron los contenidos de un grupo de WhatsApp nombrado “Finiquito del Delincuente”, donde hablaba específicamente de esta irregularidad.
La defensa de la dirigencia encabezada por Carlos Encinas y de los mismos jugadores del Toqui es que se castiga al club por algo que todos hacen en el balompié nacional. A la luz de lo que expresó Victoriano Cerda, algo que no es alejado de la realidad. Lo cierto es que no es primera vez que se habla de algo así en Chile. Jorge Sampaoli, por ejemplo, firmó contratos de este tipo con Sergio Jadue cuando era entrenador de la Selección.
El formato de Colo Colo
El Sifup siempre ha planteado esta realidad en los clubes. Desde Primera a Segunda División. El año pasado, incluso, expuso ante la Dirección del Trabajo el caso de Colo Colo, que abiertamente tenía (y tiene) dos tipos de vínculo con algunos de sus jugadores, los sueldos más altos principalmente. Después de cuatro meses de fiscalización, desde abril a julio, a raíz del envío del pricontratos
mer equipo al Seguro de Cesantía, la inspección descubrió y multó a Blanco y Negro por una serie de irregularidades, entre ellas la falta de documentación para acreditar derechos de imagen y la respectiva remuneración por esa licencia. No solo, el funcionario Rodrigo Cabezas, a cargo de la fiscalización, reconoció como irregular este tipo de doble contrato, puesto que no había prueba de que se pagase como “remumeración” y con ello se desconoce “su carácter imponible y sometido a tributación por las normas pertinentes”, se describió en las actas de la investigación, a la que tuvo acceso El Deportivo.
“El Sifup ha sido la única institución que ha puesto en una investigación los contratos por derecho de imagen, como fue el caso de Colo Colo. Siendo los órganos pertinentes quienes, en definitiva, deben pronunciarse respecto a eso”, expone Gamadiel García, presidente del sindicato del futbolistas. Y agrega: “El problema de los dobles
es su fiscalización. Los clubes por reglamento deben registrar en la ANFP todo aquel contrato que modifique parcial o complemente el contrato en un formulario de la ANFP, el que de hecho es bien escueto, contradictorio con la legislación e insuficiente, siendo por eso que hace tiempo estamos pidiendo su modificación al ente rector. La ANFP deberá ser clara acá”.
El caso de Lautaro
La situación de Colo Colo es muy distinta a la de Hans Martínez en Lautaro, puesto que en el caso del club desafiliado, el segundo pago del salario se hacía a través de una empresa distinta al mismo club. Una modalidad distinta de este subterfugio, en la práctica más grave para el Tribunal de la ANFP, que le valió a Lautaro de Buin su expulsión del profesionalismo, aunque tiene hasta cinco días para apelar en la segunda sala.
Se diferencia principalmente en la falta del equipo de la Región Metropolitana, que es
especificada en el fallo del tribunal como la entrega a la federación de “documentación falsa o adulterada”. Que el Toqui acordó con el jugador un salario de $ 2.750.000, más premios, pero que se registró apenas $ 500 mil. Y con dato relevante para el órgano jurídico: que Lautaro pactó las condiciones del contrato con sus jugadores el 30 de diciembre de 2019 y recién lo inscribió el 21 de julio de 2020, por la cifra menor antes señalada, la que se utilizó para imponerle a Martínez. Y en el caso de Barrera, se le impuso por $ 400 mil.
Un doble contrato sin reparo
Una forma de doble contrato que no tiene cuestionamiento se da cuando un club se asocia con una marca para traer un jugador y pagar su salario. Es lo que hizo el mismo Colo Colo, por ejemplo, con la contratación de Jorge Valdivia en 2017. En esa oportunidad, el alto costo del sueldo del Mago se pagó entre ByN y la ropa deportiva Under Armour, que se comprometió a colocar 600 mil dólares en dos temporadas (2017 y 20189) para completar los emolumentos del futbolista.
La alianza, sin embargo, tuvo su momento de crisis, cuando Colo Colo denunció que UA no cumplió con su parte del trato.
El más oscuro de todos los tipos de dobles vínculos, y que posiblemente existe en el fútbol chileno, son los llamados contrato en negro. La dirigencia de los jugadores dice que ese debe perseguirse siempre. El gran problema es que tener un rastro de eso es prácticamente imposible, salvo que uno de los involucrados denuncie. Un contrato en negro incluso podría llevar la entrega de un sobre con billetes. Una escena de película, está claro, pero en el fútbol chileno, indica la mala experiencia, hay de todo.
La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, preguntada sobre la vulneración de leyes laborales y pago de impuestos en el fútbol profesional chileno, se refirió al tema: ”Estamos analizando los antecedentes para saber si existen vulneraciones en el ámbito laboral o de impuestos que ameriten una fiscalización o acción legal del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda”.b