Más allá de la protesta
SEÑOR DIRECTOR
Mañana inicia sus trabajos la Convención Constitucional. Es una fecha significativa. Se cumplen los anhelos de muchos que por años han venido propiciando su convocatoria.
Grande es la responsabilidad de los convencionales ante la ciudadanía. Su tarea es pasar de una forma de Estado forjada en la transición a la democracia a otra diferente, dejar atrás una democracia asociativa y abrir paso a una de tipo mayoritario, con nuevos mecanismos de participación, respetuosa de la paridad de género, inclusiva de los pueblos originarios y con un conjunto de derechos económicos y sociales mejor consagrados. Todo ello dentro de los marcos de la democracia republicana, los tratados internacionales y las sentencias judiciales firmes.
La Convención es un órgano autónomo, que deberá gobernarse a sí mismo, eligiendo sus autoridades, administrando su presupuesto y dictando un reglamento para su funcionamiento. Por la diversidad de sus integrantes no será fácil abordar estos asuntos. Se requerirá un esfuerzo especial de diálogo y responsabilidad para no defraudar la alta confianza ciudadana en los convencionales.
Para lograrlo es indispensable que en todos ellos prime la investidura del cargo. Pasó el tiempo de la reivindicación y la protesta. Llegó el momento de la realización de las demandas. No tiene sentido solicitar al gobierno lo que la Convención puede hacer por sí misma.
Es importante que los convencionales no olviden al 50% de ciudadanos que se abstuvo en su elección. Simplemente no votaron. A ellos deben dirigir sus miradas y discursos para asegurar y aumentar la legitimidad de la tarea constituyente. No solo a sus partidarios y grupos afines. Deben evitar toda rencilla secundaria o afán hegemónico de grupo.
Una reflexión final: si bien las constituciones nacen de las luchas sociales y políticas, ellas por sí solas no cambian la realidad. Pueden ser un importante punto de inflexión o incluso un referente para transformaciones futuras, cuando perduran. Hay que dimensionar bien la naturaleza de lo que se pretende lograr.
La prueba definitiva no será ni el acuerdo de la Convención, ni el plebiscito de salida, sino la capacidad de la nueva Constitución para orientar los procesos sociales y políticos futuros en función del progreso del país. Esa es la medida del éxito o fracaso de una labor constituyente.