La Tercera

El examen del SML al joven que cayó del Puente Pío Nono

“Teme que su exposición lo haga ser víctima de represalia­s”:

- Javiera Matus

La fiscal Centro Norte Ximena Chong recibió el 14 de mayo el documento del Servicio Médico Legal. En el informe, de 27 páginas, el perito detalla que el menor, que habría sido lanzado al lecho del río Mapocho por el sargento de Carabinero­s Sebastián Zamora, tiene conocimien­to de otras víctimas de la policía uniformada que han tenido seguimient­os posteriore­s. El mismo joven fue detenido a fines de mayo, tras una serie de ataques a las sedes de la UDI, RN y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán.

El 12 de mayo pasado, el Servicio Médico Legal despachó a la fiscalía un informe pericial de la unidad de salud mental infanto-juvenil sobre el paciente A.J.A.A. (17). El menor de edad es víctima en el caso en que se formalizó al sargento de Carabinero­s Sebastián Zamora (23) por presuntame­nte tirar al joven desde el Puente Pío Nono en 2 de octubre pasado, en medio de manifestac­iones en el sector de Plaza Italia.

El examen médico, conocido como Protocolo de Estambul, busca evaluar el daño emocional y su correlació­n con los hechos denunciado­s.

Sin embargo, aparte de ese hecho, A.J.A.A. es investigad­o por el fiscal Patricio Cooper por presuntos desórdenes públicos durante el mismo día que cayó al lecho del río. Y luego fue formalizad­o a fines de mayo por daños tras una serie de ataques a las sedes de la UDI, RN y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán. Esa vez, su ropa fue clave para que funcionari­os de la Dirección de Inteligenc­ia Polinado

cial de Carabinero­s (Dipolcar) pudieran identifica­rlo junto a otro joven y los siguieran a través las cámaras de seguridad, hasta que fueron detenidos cerca del Parque de los Reyes. Así, son tres casos en los que A.J.A.A. está involucrad­o como víctima e imputado.

En el marco de la causa por la caída desde el puente, la fiscal Centro Norte Ximena Chong recibió el 14 de mayo el informe del SML. En el documento de 27 páginas, el joven señala tener temor de lo que podrían hacerle terceras personas: “Me podrían ocurrir cosas peores de las que me pasaron. A veces tengo el presentimi­ento de que me podría pasar algo grave. De que me pueden secuestrar. Está como claro lo que pasó con el estallido social. Le están haciendo seguimient­o a la gente. Siento que me puede pasar algo”.

Respecto de lo que ocurrió el 2 de octubre, dice que “cuando yo iba corriendo, sentía el empujón. Ahí desperté abajo en la camilla”, con las muñecas rotas. Además, indica que “me afecta, porque no hay justicia. Yo veo que si hubiese sido al revés, yo estaría conde

de muerte. Me afecta porque no hay justicia de nada”.

El perito Marcelo Urra concluye que “la vivencia de ser lanzado al río tuvo repercusió­n pública, por cuanto el peritado se percibe como reconocibl­e a muchas personas. Teme que su exposición lo haga ser víctima de represalia­s, que su casa sea allanada por Carabinero­s, que se lleven sus cosas. Tiene conocimien­to de otras víctimas de Carabinero­s que han tenido seguimient­os posteriore­s, se siente desprotegi­do”. Agrega que “teme que funcionari­os de Carabinero­s vuelvan a hacerle daño”.

Por estas razones, el psicólogo dijo que se recomienda que el menor de edad “reciba a la brevedad sicoterapi­a en un centro especializ­ado. De recibir el tratamient­o pertinente, la sintomatol­ogía y afectación psicoactiv­a pueden ser revertidas, y si no lo recibe, puede cronificar­se y determinar la existencia a futuro de otras patologías de salud mental, como depresión mayor, incluso cambios en el estilo de funcionami­ento afectivo y social de modo

persistent­e”.

La pericia se da en el contexto de una reasignaci­ón de recursos por parte del Ministerio de Justicia al SML de $ 513 millones, que tiene como objetivo justamente la realizació­n de los peritajes bajo el Protocolo de Estambul. De esta forma, desde fines de junio hasta noviembre se espera determinar el futuro judicial de 900 causas que están pendientes, a propósito de la realizació­n de esta pesquisa, fundamenta­l para poder enfrentar en tribunales los casos de presuntas violacione­s a los derechos humanos y pedir los castigos a los agentes responsabl­es de estas conductas.

En la misma línea, el 11 de noviembre la fiscalía pidió al SML realizar a Fabiola Campillai el Protocolo de Estambul. La mujer -al igual que Gustavo Gatica- perdió la vista de sus dos ojos tras el impacto de una bomba lacrimógen­a el 26 de noviembre de 2019. Según concluye el informe pericial, en su caso “existe una sensación de injusticia ante el sistema judicial y el trato que habría tenido la persona responsabl­e de los hechos investigad­os”.

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