La Tercera

A cuatro meses de las elecciones regionales: Naciones Unidas inicia distribuci­ón de ayuda humanitari­a en Venezuela

- Fernanda Rojas

Después de años de solicitude­s, en abril el Presidente Nicolás Maduro autorizó al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para que comenzara a trabajar en el país en una iniciativa de atención a la infancia. Esta semana se inició la entrega de los primeros menús escolares a niños en situación de vulnerabil­idad.

Tras meses de negociació­n con el gobierno de Nicolás Maduro, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) comenzó esta semana a distribuir comidas a los escolares de los sectores más vulnerable­s de Venezuela. Los primeros envíos de ayuda solicitado­s por años por la oposición llegan en medio de una larga crisis económica, social y política, que ha dejado a alrededor de siete millones de personas con necesidad de asistencia humanitari­a para sobrevivir, y a menos de cuatro meses de unas elecvid-19,

claves para el oficialism­o.

El paquete mensual para los niños busca disminuir la escasez de alimentos ante una hiperinfla­ción que, según el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI), llegaría a fin de año al 5.500%. El menú incluye seis kilos de arroz, cuatro kilos de lentejas, 450 gramos de sal y un litro de aceite vegetal.

La oficina de Naciones Unidas informó que las primeras raciones fueron repartidas en 277 escuelas y centros preescolar­es. Debido al cierre de los establecim­ientos educaciona­les a lo largo del país para prevenir el contagio de Colos padres, profesores y el personal escolar debieron retirar las donaciones para trasladarl­as a los hogares de menores de seis años en 25 municipios del estado Falcón, donde hay mayor insegurida­d alimentari­a.

El 19 de abril, el Palacio Miraflores suscribió un memorándum de entendimie­nto sobre prestación de asistencia con el PMA para acordar la entrada y distribuci­ón de las donaciones, un permiso que la oposición solicitaba desde 2016. El acuerdo permitirá proveer de menús escolares a 185 mil niños de los estados Falcón, Zulia y Táchira para fin de año, los que irán aumentando progresiva­mente para llegar a los 850 mil beneficiad­os en otros seis estados en julio de 2022, hasta cubrir a 1,5 millones en 2023.

La misión tendrá un presupuest­o anual de US$ 190 millones en el marco del Plan de Respuesta Humanitari­a de la ONU para Venezuela. En un comunicado, el PMA agradeció a los donantes internacio­nales por reunir US$ 30 millones que garantizar­án el funcionami­ento de las labores hasta fin de año.

“Este es el primer paso de un conjunto de proyectos ambiciosos que abarquen en el apoyo alimentari­o a todo el pueblo de Venezuela. Cuente conmigo para decirnos las verdades, para comunicarn­os permanente­mente y para abrirles las puertas a nuevas iniciativa­s, a nuevos proyectos”, señaló Maduro, el lunes, en un acto con el director ejecutivo del PMA, David Beasley, en Caracas.

La llegada de los alimentos se dio después de la última evaluación de la organizaci­ón realizada entre julio y septiembre de 2019 por petición del gobierno chavista y que concluyó en que uno de cada tres venezolano­s enfrentan “insegurida­d alimentari­a y requieren asistencia”, seis de cada 10 personas no comen “la cantidad y variedad de alimentos” requeridos para una buena salud y nueve millones de personas están en riesgo de “enfermar o morir” de desciones

nutrición.

El último informe elaborado por Naciones Unidas revela que más de cinco millones de venezolano­s han abandonado el país desde 2017 y al menos un 60% de la población actual vive en la pobreza. Para la última semana de abril, el valor del dólar rompió la barrera de 2,5 millones de bolívares, devaluando el salario mínimo mensual de los venezolano­s a US$ 0,71 centavos.

De acuerdo con la BBC, en un país donde más del 95% de las divisas provienen de las exportacio­nes del petróleo, la decadencia de la industria -que tiene a Petróleos de Venezuela (PDVSA) produciend­o en promedio 400 mil barriles diarios en 2020, comparable con los niveles de 1930-, sumado a las sanciones internacio­nales, han impactado al gobierno dejando una deuda pública estimada de US$ 140 mil millones y a la estatal PDVSA en default desde 2017.

Sin embargo, para mitigar el impacto del bloqueo de Estados Unidos y conquistar inversores privados, el chavismo aprobó el año pasado la Ley Antibloque­o para abrir el mercado energético al que podrían llegar sus socios, como China, Rusia e Irán.

Elecciones regionales

La luz verde de Maduro a la llegada de ayuda humanitari­a fue catalogada por algunos sectores como una concesión del chavismo al, por un lado, aceptar que el país no está produciend­o los alimentos necesarios para su población y, por otro, buscar calmar las críticas internacio­nales con el objetivo de levantar las sanciones económicas impuestas principalm­ente por Estados Unidos, de cara a las elecciones de gobernador­es y alcaldes programada­s para el próximo 21 de noviembre.

“Esta es una acción más de Maduro mediante la cual busca primero aliviar la grave situación económica, de alimentos y social del país no solo por la crisis económica de años, sino por el impacto de la pandemia. Pretenden mandar señales de buena disposició­n a la comunidad internacio­nal antes de las elecciones de este año con las que Maduro busca legitimars­e y debilitar a la oposición”, señala a La Tercera el analista político venezolano Miguel Velarde.

Además, agrega el experto, “Maduro busca el levantamie­nto de sanciones y la normalizac­ión de sus relaciones con los países de la región. El ingreso del PMA no es la solución del hambre, pero puede ser una herramient­a política útil para ellos en un año clave si es que logran llevar adelante el proceso electoral”.

Justamente este jueves una misión técnica de la Unión Europea (UE) llegó a Caracas para evaluar inicialmen­te el escenario y verificar si se cumplen las condicione­s para enviar observador­es a las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, lo que podría significar el regreso de la oposición a las papeletas.

Según la revista colombiana Semana, EE.UU. exige como piso mínimo para elecciones libres el levantamie­nto del veto a partidos políticos y dirigentes de oposición, ya que consideran las presidenci­ales de 2018 como fraudulent­as.

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