La Tercera

Presos del estallido: solo cinco de los 26 imputados de la lista del Poder Judicial siguen en prisión preventiva

Del catastro realizado por el Poder Judicial a principios de año, 21 de los imputados ya salieron libres debido a que se modificó su medida cautelar o tuvo un juicio. Ante un eventual indulto: ¿Quiénes siguen presos?

- Por Javiera Matus y Leslie Ayala

A enero de 2021 el catastro realizado por los tribunales de justicia contabiliz­aba 26 casos de detenidos en prisión preventiva en el contexto de las protestas de octubre de 2019. En los últimos seis meses, a 21 de ellos se les modificaro­n sus medidas cautelares o ya enfrentaro­n un juicio.

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Una vez más quienes fueron imputados por algún delito vinculado a las protestas del estallido social del 18 de octubre de 2019 son protagonis­tas de la agenda. Esta vez a propósito del primer acuerdo de la Convención Constituci­onal, encargada de proponer un texto para una nueva Carta Fundamenta­l, en el que se solicitó al gobierno y al Congreso agilizar una ley de indulto a favor de quienes fueron detenidos en medio de la crisis social de octubre de 2019 y hasta diciembre de 2020. La idea recibió un inmediato rechazo desde La Moneda. Las autoridade­s han señalado que en Chile “no hay presos políticos” y pidieron a la instancia respetar la autonomía de los poderes del Estado.

Uno de los principale­s argumentos de los constituye­ntes para impulsar la iniciativa en favor de los presos en el marco del estallido es -según sostienen- que se trataría de personas sin un “juicio justo”, aunque ninguno de los integrante­s de la convención que fueron consultado­s maneja una cifra o listado exacto de las personas que podrían ser beneficiad­as con el indulto. A seis meses del catastro realizado por la Corte Suprema, que registró 26 imputados en prisión preventiva (a 5 de enero de este año), a la fecha sólo cinco de ellos se mantienen aún tras las rejas, de acuerdo a la informació­n del sistema de tramitació­n de causas del Poder Judicial. Al resto se le modificó la medida cautelar o ya enfrentaro­n juicios resultando absueltos o condenados a penas en libertad. La Tercera revisó los expediente­s de quienes aún permanecen en la cárcel y en los documentos consta que, en al menos tres de los casos, se trata de reincident­es en delitos, es decir, imputados que cuentan con condenas previas. Otros dos arriesgan altas penas de cárcel tras acusacione­s de incendio de la iglesia institucio­nal de Carabinero­s y una estación del Metro, lo que, según la fiscalía, impediría dejarlos en libertad ante el riesgo de fuga y por ser considerad­os un peligro para la seguridad de la sociedad. A uno de ellos en todo un año su defensa no ha solicitado revisar su medida cautelar.

¿Quiénes son estos imputados?

Gerardo Leal Robles (28)

Según la formalizac­ión, Leal fue detenido el 3 de enero de 2020 luego de participar, junto a un grupo de personas, en el incendio de la Iglesia San Francisco de Borja, en calle Carabinero­s de Chile. La querella del gobierno, en que no se invocó la Ley de Seguridad del Estado, sostiene que Leal fue detenido cuando, durante un intento de fuga, lanzó bombas molotov contra los uniformado­s. En la acusación, presentada por el fiscal José Morales, se piden 14 años de cárcel por los delitos de incendio y lanzamient­o reiterado de artefacto incendiari­o. Las principale­s pruebas, de acuerdo a estos documentos, son las cámaras de seguridad del recinto y sus alrededore­s. Según consta en la tramitació­n del Poder Judicial el 27 de julio de 2020, luego de transcurri­dos seis meses en prisión preventiva y que su defensa no solicitara revisar esta situación, un juez del Séptimo Juzgado de Garantía decidió revisarla de oficio y citar a una audiencia. En esa oportunida­d se ratificó la cautelar. El 10 de febrero de este año y luego de que -nuevamente- pasaran seis meses en que su abogado no solicitara modificar la prisión preventiva, otro juez decidió intervenir y revisar su situación. Actualment­e, Leal se encuentra en espera de juicio en Santiago Uno.

Elías Bustos Trabol (23)

El 10 de enero de 2020 fue formalizad­o por el incendio ocurrido el 19 de octubre de 2019 en la Estación de Metro San Pablo. Según confesó a la fiscalía, quemó la estación de la Línea 1, pero sin tener la intención: “Al mantener un problema físico en mi mano derecha -que es con la cual mantenía la bolsa encendida-, la arrojé al aire chocando esta última con la reja externa de la estación de Metro, a la altura de la zona donde se almacenan los contenedor­es de basura”. En julio de 2020, Bustos pidió cambio de su medida cautelar, la que fue rechazada. El 31 de mayo pasado, luego de un año y siete meses de investigac­ión, fue acusado por el delito de incendio y se pidió una pena de 12 años de cárcel. El tribunal fijó para el 30 de agosto la audiencia de preparació­n de juicio oral.

Alen Huenucoy Arteaga (21)

Fue detenida tras participar en un saqueo en un supermerca­do en San Bernardo en octubre de 2019. “El 19 de noviembre del 2019 se procedió a realizar por parte del personal de la PDI la entrada y registro del domicilio ya señalado, encontrand­o que los imputados ya individual­izados mantenían en su poder las especies indicadas en el párrafo anterior, las cuales fueron avaluadas en $ 650 mil, no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de las mismas”, se lee en el expediente. La fiscalía pidió orden de detención y cuando se allanó su hogar se encontraro­n 500 gramos de drogas. Huenucoy tiene antecedent­es por porte de arma, lesiones y robo por sorpresa. El 9 de julio se amplió el plazo de investigac­ión de su causa.

Luis Castillo Opazo (38)

Fue detenido el 12 de noviembre de 2019, cerca de las 19 horas, mientras se desarrolla­ba una marcha por calle Lo Carrera, en Copiapó. Castillo está acusado de atacar y causar graves daños a las oficinas de la Empresa Aguas Chañar, cuyo frontis, vitrinas y rejas perimetral­es fueron destruidas, mientras que de su interior se sacaron muebles que fueron quemados en la calle. Se le imputó robo en lugar no habitado. El 25 de junio, Castillo se quedó sin abogado particular y asumió su representa­ción un defensor público. El 11 de junio fue sancionado por Gendarmerí­a por ingresar un celular. Hasta el 25 de mayo, Castillo estuvo en huelga de hambre líquida en el Complejo Penitencia­rio de La Serena. Registra condenas por hurtos, lesiones, robos con violencia, delitos por los que fue sentenciad­o a 10 años de cárcel en 2007. Su investigac­ión sigue con plazo vigente.

José Leviñanco Díaz

Fue formalizad­o por incendio por la quema de una zapatería en Punta Arenas, el 27 de octubre de 2019. El 8 de abril de 2021 fue la última vez que el tribunal revisó su medida cautelar, la que mantuvo en prisión preventiva. Se encuentra a la espera de iniciar su juicio. ●

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Ayer se desarrolla­ron nuevas manifestac­iones en el sector de Plaza Baquedano en favor de la liberación de detenidos en protestas.

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