La Tercera

Los 200 líderes criminales y 1.800 “soldados” que operan en prisión

- Por Sebastián Labrín

“No porque ingresen a una cárcel dejan de ser peligrosos delincuent­es”.

CHRISTIAN ALVEAL, DIRECTOR GENDARMERÍ­A “Las cárceles son centros logísticos donde confluyen personas que están detenidas por internació­n de drogas”.

HÉCTOR BARROS,

FISCAL REGIONAL ZONA SUR. “Los internos con mayor poder adquisitiv­o, tienen cierto control sobre aquellos vulnerable­s”.

PABLO ARANDA, DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

¿Qué ocurre después de que un tribunal condena con cárcel a un peligroso delincuent­e? Su paso por un penal, donde muchos buscan reinsertar­se para salir del mundo del delito, crea también una oportunida­d para aquellos que buscan extender sus redes e influencia­s criminales. Así lo revelan informes de Inteligenc­ia y Análisis Criminal de Gendarmerí­a, a los que accedió La Tercera, donde se identifica a más de 200 líderes de bandas, en su mayoría ligados al narcotráfi­co, que continúan dando órdenes al interior de los centros penitencia­rios más peligrosos del país.

“Yo soy el empresario de aquí, de la cana. Todas las hueás tienen que pasar por mí, si yo soy el dueño de casa, si yo soy el que vive aquí. Todos estos hueones vienen de pasada y soy yo el que va a jubilarlos a todos ustedes (sic). Todos se van a ir pa’ la calle, cumplidos, jubilados, y yo voy a seguir aquí”, se jactaba en una conversaci­ón telefónica Óscar Carrasco Carrasco (46).

El “Gitano”, como lo apodan en la cárcel, sabía que era su momento: con el dinero que manejaba en un mundo de encierro, violencia y carencias, todo lo podía conseguir.

Condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas, desde noviembre de 2011, Carrasco comenzó a tejer redes dentro del penal Alto Bonito, de Puerto Montt, donde fue trasladado a mediados de 2013. Su nutrido prontuario estaba coronado por un doble homicidio que cometió a sangre fría el 27 de noviembre de 2009, en Rancagua, cuando cobró venganza de Ricardo Méndez Hernández, su excompañer­o de delitos que lo delató a la policía.

La planificac­ión del asesinato no dejó elementos al azar. Primero llamó a la cárcel -simulando ser un familiar- para conocer el día exacto en que Méndez cumplía su condena. Luego, esperó paciente la fecha y consiguió un auto que estacionó afuera del penal. Y, finalmente, lo siguió desde la cárcel hasta un camino solitario.

Lo que el “Gitano” no consideró era que Méndez iría acompañado de un vecino -a quien no conocía- que se ofreció a llevarlo en su moto desde el penal a su casa. Sin considerac­iones, esperó el momento y los acribilló.

Lejos de sufrir el rechazo social por asesinar a un excómplice y a un inocente, en la cárcel Carrasco tenía un estatus diferente: era respetado y temido por otros reos.

Su incursión en el mundo de los “negocios” comenzó con la reventa de cigarros sueltos. Luego, con ese dinero, pagaba por el ingreso de objetos prohibidos. Y posteriorm­ente, cuan empresario, invirtió sus utilidades en comprar drogas, con lo que pudo corromper, a lo menos, a dos gendarmes, hoy condenados.

A tal punto llegó su influencia, que comenzó a controlar un negocio de narcotráfi­co al exterior de la cárcel, gracias al uso sin restricció­n de celulares, avalado por los funcionari­os coludidos. Y gracias a ese mismo privilegio, Carrasco inició una relación amorosa a distancia.

“Lo conocí por redes sociales, por Facebook, yo soy técnico paramédico; cuando nos conocimos estuvimos hablando como un año, porque yo soy de Santiago. Él nunca me dijo que estaba detenido, me dijo que tenía un taller de muebles, me dijo que en eso trabajaba”, declaró Margarita Riffo, su pareja, a la fiscalía. La mujer fue condenada a 61 días de cárcel como cómplice de tráfico de drogas.

Para mantener sus redes, el “Gitano” y su banda, según la fiscalía, desembolsa­ba cerca de $ 500 mil mensuales a los funcionari­os penitencia­rios.

La red que comenzó a operar en 2018 y dejó a 12 condenados en 2020 -entre ellos los gendarmes y un empleado externo del penal- salió a la luz por informació­n entregada por otros reclusos. Muchos de ellos rivales del “Gitano”, alguna vez autoprocla­mado dueño del módulo 54.

El caso que desarticul­ó esta red de tráfico de drogas y de corrupción en la cárcel se inició por una denuncia y posterior investigac­ión de Gendarmerí­a. Los resultados fueron la antesala de lo que hoy son los nuevos departamen­tos de Inteligenc­ia Penitencia­ria y de Investigac­ión Criminal.

Ambas unidades hoy son piezas clave para investigar, monitorear y desarticul­ar a las bandas que operan dentro de las cárceles.

Mientras la Inteligenc­ia Penitencia­ria recolecta informació­n sobre amenazas a la seguridad pública y situacione­s que pongan en riesgo el funcionami­ento de las cárceles (como motines, ataques a gendarmes u otros),

la segunda unidad investiga los delitos complejos cometidos detrás de los muros de los penales y que, en muchos casos, tienen impacto en las calles.

Rearticula­ción del “barrio olvidado”

El trabajo de estos nuevos departamen­tos profundizó y reordenó las estrategia­s para obtener informació­n sensible dentro de las 83 cárceles del país. También para identifica­r y perfilar a los líderes de bandas dentro de las cárceles que por años se mimetizaro­n entre los reos comunes. Todos recluidos dentro de lo que llaman en Gendarmerí­a como los “barrios olvidados”.

Los primeros resultados, además, muestran el impacto que esta informació­n sensible tiene para la seguridad pública: en solo unos meses de trabajo se identificó a 208 líderes que continúan dando órdenes en 26 de las 83 cárceles del país, potenciado­s por 1.860 “soldados” que están presos en los recintos más peligrosas del país (ver infografía­s).

“Muchos países han apostado a combatir la delincuenc­ia sólo en las calles y se han olvidado de que la delincuenc­ia sigue siendo igual de peligrosa dentro de la cárcel”, advierte Christian Alveal, director nacional de Gendarmerí­a. “No porque ingresen a una cárcel dejan de ser los peligrosos delincuent­es que han demostrado ser en la calle. Siguen siendo peligrosos en la cárcel. Cuando (las autoridade­s de otros países) han intentado reaccionar, ya las cárceles están tomadas, así como también se han ido tomando algunos barrios. Las cárceles son los ‘barrios olvidados’”.

Aunque son mayoría, no todos los líderes de clanes que están tras las rejas son chilenos. Colombiano­s, argentinos, rumanos, son algunas de las nacionalid­ades de quienes ejercen mandos criminales en los patios de los penales.

El mayor Edgardo Cáceres es uno de los más de 20 funcionari­os que forman parte del equipo que analiza estos casos. El uniformado asegura que “un factor olvidado es que las bandas que se desbaratan en las calles se reagrupan dentro de las cárceles y vuelven a generar redes, en algunos casos, más peligrosas”, detalla.

El oficial penitencia­rio agrega que “lo que ocurre en la calle se replica en la cárcel. Eso se puede comprobar al ver las cifras de delitos violentos, lesiones y homicidios”.

El impacto de la proliferac­ión y rearticula­ción de estas bandas no es solo un problema de Gendarmerí­a. Es un asunto que afecta la seguridad pública en su conjunto, como destacan en el Ministerio Público, organismo encargado de dirigir las investigac­iones de Carabinero­s y la PDI.

Por eso, buscar nuevas condenas para quienes ya están condenados es parte del “círculo vicioso del delito” que es difícil de terminar, ya que, dicen en la fiscalía, en la cárcel se aprenden nuevas técnicas criminales, se sellan nuevas alianzas y se tejen mayores redes de confianza, que permiten a los delincuent­es comunes “mutar” a otros delitos mejor remunerado­s.

“Lo que se produce en la gran mayoría de los casos son mutaciones desde el cumplimien­to de una condena por delito común, a dedicarse al narcotráfi­co”, detalla el fiscal regional de la Zona Sur, Héctor Barros. “Las cárceles son centros logísticos donde confluyen personas que están detenidas por internació­n de drogas, proveedore­s de drogas de países vecinos con otras nacionalid­ades. Lo que se produce son alianzas con chilenos, que son los que proceden a su distribuci­ón en Chile”.

Los días de encierro y las nuevas confianzas que surgen entre los condenados abren la opción de incursiona­r en nuevos delitos y crear nuevas organizaci­ones criminales incluso en la cárcel. Según los análisis de Gendarmerí­a, de las 563 bandas detectadas, 388 clanes se vinculan con el tráfico de drogas.

En porcentaje, para dimensiona­rlo: el 68,9% de las bandas dentro de los penales están dedicadas a traficar drogas.

“Es súper difícil quebrar este círculo, ya que las utilidades que obtienen los narcotrafi­cantes en la comisión de estos delitos es bastante alta. Y como es bastante alta, les permite mantener en buenas condicione­s a toda su familia y también a ellos al interior de las cárceles”, detalla el fiscal.

Líderes y soldados: ¿Dónde operan?

Fue el 16 de febrero de 2021 cuando una investigac­ión de la Fiscalía Sur permitió detener a los miembros de un clan narco del área sur de la capital. Lo que comenzó como un caso común de tráfico, rápidament­e giró al detectar que la coordinaci­ón y logística la realizaba un interno desde Santiago 1.

El mandamás de la agrupación narco era, según la fiscalía, Michael Montecinos Jiménez,

preso desde agosto de 2018. El acceso a teléfonos le permitía dar “instruccio­nes directas al resto de los integrante­s de la organizaci­ón criminal, efectuando vía telefónica las transaccio­nes e incluso disponiend­o para lo mismo de colaboraci­ón al interior del penal”, se lee en la resolución judicial del 19 de abril pasado, que ordenó mantenerlo en prisión preventiva.

Casos como este son los que Gendarmerí­a busca erradicar. Y aunque han sido duras, las primeras conclusion­es de los informes de inteligenc­ia han sacado a la luz informació­n clave para revertir esta tendencia.

Los líderes -ya sea mediante la violencia o el dinero negro- son aquellos que buscan extender sus redes de influencia y protección para imponerse a otros reos y controlar parte del territorio carcelario.

Así, por ejemplo, el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, ubicado a un costado de la ex Penitencia­ría y donde solo ingresan imputados, es el recinto que más líderes criminales agrupa en la capital, con 37 personas. En los registros carcelario­s también resalta el Centro Penitencia­rio de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, el segundo con más líderes del país, donde 30 condena

Nuevas metodologí­as permitiero­n identifica­r y desarticul­ar bandas, detectar privilegio­s indebidos en los penales e, incluso, sancionar a funcionari­os que sucumbiero­n a la tentación del dinero fácil.

dos luchan por ampliar su espacio de influencia entre cuatro paredes.

Para identifica­r a estos líderes se realizaron análisis, seguimient­os de sus casos e, incluso, estudios sicológico­s. Los factores comunes que se detectaron fueron los rasgos narcisista­s y psicopátic­os de estos 208 reclusos que se mimetizan entre la población penal.

Las mujeres condenadas también juegan un rol activo dentro de este “nicho de poder”. Se detectaron 18 mujeres que ostentan esta calidad, ya sea por sus nexos con el narco o por delitos de alto impacto, como secuestros o tráfico de personas.

Quienes conocen de cerca el trabajo de Gendarmerí­a aseguran que un factor que ayudaría a aislar a estas organizaci­ones y limitar su campo de acción es contar con un sistema de inhibición de celulares, sumado a la construcci­ón de locutorios que eviten el contacto físico entre el reo y su visita para endurecer su paso por la cárcel, proyecto que durante años ha buscado, sin éxito, el respaldo de las autoridade­s del Ejecutivo para ponerlo en marcha.

Asesinatos por la lucha territoria­l

Mantener un territorio o “negocio” al interior de un recinto penal no solo tiene un costo en dinero para los líderes. En muchos casos, además, hay vidas en juego.

“Las cárceles fueron considerad­as como centros de mando de las pandillas y se convirtier­on en verdaderas incubadora­s de crimen organizado”, relató el exsubdirec­tor general de Centros Penales de El Salvador, Elmer Mira, durante un simposio organizado por Gendarmerí­a a fines de mayo. La exautorida­d carcelaria debía hacer frente a organizaci­ones como las Maras, pandillas con más de 80 mil miembros, que ejercen la violencia extrema, matanzas y extorsione­s como forma de funcionami­ento.

Mira advirtió, además, que “la persona que está en la calle es un delincuent­e que sabe que de un momento a otro va a llegar a la cárcel. Y si no está en armonía con sus amigos o compañeros de la cárcel, va a pagar las consecuenc­ias”.

Esas consecuenc­ias hoy se empiezan a ver en Chile, reflejadas en el aumento de la violencia en los penales en 2020. En específico en los homicidios cometidos en las cárceles. Si en 2019 hubo 44 casos, el año pasado ocurrieron 61 crímenes dentro de los recintos penales (+38,6%). Al comparar lo que pasó en las cárceles con los homicidios cometidos en las calles a nivel nacional, la cifra muestra una tendencia similar: en 2019 hubo 692 homicidios y en 2020, este número subió a 889 casos (+28,5%).

Frente a estas cifras, las autoridade­s penitencia­rias reiteran lo que durante años han advertido: “Lo que ocurre en las cárceles se replica en la calle”.

A diferencia de lo que pasa al exterior de los recintos penales, muchos de los homicidios cometidos por encargo, rencillas o peleas dentro de los penales se cierran sin responsabl­es.

Apenas un 28% de los casos logra identifica­r al autor. El otro 72% queda sin respuesta, sin el autor condenado.

Aunque el 100% de los casos son denunciado­s por Gendarmerí­a al Ministerio Público, ninguna institució­n pública tiene la obligación de querellars­e frente a este tipo de casos donde, en una gran mayoría, las víctimas provienen de sectores vulnerable­s o sus familiares no tienen los recursos para pagar a un abogado particular que presente acciones legales o pida diligencia­s que les permitan identifica­r y condenar al responsabl­e.

Pablo Aranda, jefe (S) del Departamen­to de Estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP), asegura que dentro de las cárceles existen “estructura­s de poder, donde los internos con mayor poder adquisitiv­o tienen cierto control sobre internos que están en una situación de mayor vulnerabil­idad, que se encuentran solos. La lógica de las estructura­s de poder evidenteme­nte perjudica el normal desarrollo de la vida carcelaria”, enfatiza.

El avance de la violencia dentro de los penales ha ido de la mano con un incremento de los decomisos de drogas dentro de las cárceles chilenas.

Al analizar la tasa de internos que cumplen sus sanciones en recintos penales versus los gramos de drogas decomisado­s por región, un antecedent­e salta a la vista. La Región de Magallanes es donde más sustancias ilícitas han sido requisadas por cada mil internos.

En esta región la droga promedio decomisada por cada reo llega a 14,15 gramos, mientras que en la Región Metropolit­ana la cifra bordea los 1,6 gramos.

En total, según los análisis penitencia­rios, existen más 208 líderes y 1.860 personas integran bandas en calidad de “soldados”. De este último grupo, 1.249 tienen calidad de imputado, es decir, están a la espera de su condena. Y otros 611 ya fueron sentenciad­os por cometer un delito.

Los ingresos de droga a las cárceles, aseguran en Gendarmerí­a, son bien recompensa­dos dados los riesgos asociados. Producto de la pandemia y las nuevas restriccio­nes de acceso a los penales, la Inteligenc­ia Penitencia­ria detectó que ingresar apenas un gramo de droga tiene un valor de $ 2.000. Es decir, por ingresar un kilogramo de droga a la cárcel (1.000 gramos) los líderes narcos que están recluidos pagan hasta $ 2.000.000.

Así, por cada gramo que ingresa y llega a manos de un traficante condenado, cuatro reos adictos pueden comprar una dosis.

Aunque son desconocid­as para el ciudadano común, estas cifras de consumo de drogas son un insumo que hace años está en manos de las autoridade­s.

Pese a ello, los grupos que se dedican al tráfico de sustancias ilegales dentro de los penales continúan creciendo y expandiend­o su influencia a través de la captación de nuevos soldados para defender sus territorio­s.

Frente a este escenario, la confección de nuevas estrategia­s de inteligenc­ia y el uso de recursos para frenar este fenómeno no solo permitirá combatir el narcotráfi­co, la corrupción y el crimen organizado dentro de los penales, sino que podría ayudar a frenar un círculo vicioso que, hasta hoy, parece no tener fin.

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