Vivienda, ¿vicios privados, virtudes públicas?

Para la publicación de esta columna ya se sabrán los resultados de las primarias, y las propuestas con más posibilidades de llegar a la presidencia. Abunda, sin embargo, un argumento que corre el riesgo de simplificar en exceso el debate sobre la vivienda, y que presupone que la grave crisis es producto casi inequívocamente de la acción de los privados en el mercado de propiedades y de suelo.

En efecto, para Boric es necesario “frenar la especulación del mercado inmobiliario”, causante del sobreprecio. Jadue va más allá cuando apunta al mercado inmobiliario como “principal responsable de la política habitacional y urbana en las últimas décadas”, lo que lo lleva a declarar que “se debe coartar el actuar del mercado inmobiliario”. Pero esta visión también tiñe otros sectores, como cuando Sichel afirma que la disponibilidad de terrenos bien localizados debe ser capaz de no ceder ante la especulación inmobiliaria.

¿Es la acción de los privados la causante de la crisis de vivienda? ¿Se resolvería el problema si, como declara Narváez, avanzáramos hacia una “planificación inmobiliaria del Estado”, en manos de un sector público virtuoso y libre de vicios que -esta vez sí- solo velara por el bien común?

La realidad es, por supuesto, más compleja. El sentido de esta columna no es negar la posibilidad de especulación privada -ese “tiempo y espacio de espera a potenciales ganancias”, como indican Encinas, Aguirre, Truffello e Hidalgo-, con consecuencias graves en el valor de las propiedades. Lo argumentan así esos mismos autores en un artículo que se pregunta “…por qué con el libre mercado no basta”; también lo hace Miguel Vargas cuando escribe sobre “la colusión tácita” en este mercado, y varias otras fuentes igual de serias.

Dicho eso, ¿no hace el Estado algo parecido? ¿No reservan acaso órganos públicos sus suelos a la espera de un aumento de valor? ¿No ponen dificultades a la hora de cederlos para solucionar necesidades de vivienda? ¿No hemos debido esperar años para que el Banco de Suelos resulte ser prioritariamente (hasta ahora al menos) un traspaso de suelos entre entes públicos? Y si eso no fuera argumento suficiente, ¿no es la vivienda construida en la periferia mal equipada y monofuncional, ante todo, un asunto de política pública equivocada? ¿No es la escasez de instrumentos para el Proyecto Urbano, que permitiría una solución integrada y bien localizada, una decisión -una falla- de esa misma política pública?

Y, si las responsabilidades se sitúan en ambos sectores, los logros también: las cifras positivas en el desarrollo de soluciones habitacionales durante años, las innovaciones, han sido con frecuencia el resultado, no de una polaridad, sino de un trabajo conjunto.

Como Quinto, el protagonista de la novela “La especulación inmobiliaria” de Italo Calvino (que en su periplo como desarrollador ve fallas en todos los eslabones de la cadena), es mejor alejarse en este tema de la simplificación peligrosa que encuentra culpables solo en un lado de la balanza.