Los detalles de las pruebas con que la fiscalía formalizará y buscará desaforar al diputado Mulet en causa por cohecho
El presidente del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) deberá enfrentar a la justicia el 16 de noviembre y el Ministerio Público alista una batería de antecedentes que ha recopilado durante dos años de investigación. El exvicepresidente de la Cámara Baja cuenta, hasta marzo del próximo año, con fuero, por lo que la fiscalía sólo podrá comunicarle la indagatoria por cohecho pasivo que se sigue en su contra, pero no pedir medidas cautelares en su contra, a menos que acuda a la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Los primeros que tuvieron la convicción de que estaban frente a un presunto delito de cohecho pasivo que involucraba al diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, y a otros dos abogados vinculados a la DC, fueron los consejeros del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ya en septiembre de 2020 decidieron ampliar la querella que involucra a la Municipalidad de Tierra Amarilla apuntando al rol del ex vicepresidente de la Cámara Baja y Hernán Bosselin y Ramón Briones en el cuestionado pago de la minera Candelaria a cambio de que el alcalde de esa comuna de desistiera de un juicio ambiental contra la firma de capitales canadienses.
Un año exacto después, el fiscal Luis Miranda ingresó al Juzgado de Garantía de Copiapó un escrito para formalizar a Mulet, y los otros dos profesionales, por el delito de cohecho pasivo. La situación, dada a conocer el fin de semana por Radio Biobío, generó que el fundador de la FRVS anunciara que no irá a la reelección y, pese a rechazar las acusaciones, descartó intentar un nuevo periodo en el Congreso a propósito de esta imputación, que lo mantendrá ligado a la causa desde el 16 de noviembre próximo, cuando se realice la audiencia en su contra.
Ese día la Fiscalía Regional de Copiapó desplegará los antecedentes recopilados en casi cinco años de investigación desformalizada, en que uno de los puntos clave es el de US$ 7 millones que habría desembolsado Candelaria para impedir un juicio ambiental en su contra, lo que les permitió, a su vez, obtener los permisos requeridos para operar en la zona extrayendo cobre hasta el 2030. En el caso de Mulet, Bosselin y Briones, lo que el Ministerio Público les imputará es haber allanado el camino para que el alcalde de Tierra Amarilla, hoy imputado por fraude al Fisco, renunciara a sus obligaciones como funcionario público a cambio de un soborno.
De ello da luces la querella del propio CDE que detalla los antecedentes de la fiscalía y el porqué ellos, como órgano que defiende los intereses del Fisco, decidieron entonces emprender acciones penales en contra de los tres abogados que obraban, en la época de las tratativas, con la minera de capitales canadienses, como asesores externos de la Municipalidad de Tierra Amarilla.
“En la investigación penal existen antecedentes suficientes tanto a nivel cuantitativo como cualitativo para estimar que los abogados y asesores del municipio tanto internos al municipio, Jaime Bahamondes y Jorge Brito, como asesores externos del municipio, Jaime Mulet, Hernán Bosselin y Ramón Briones, fueron partícipes en estos hechos, tanto a nivel de diseño de la propuesta del “plan de negocio”, como en el diseño de la planificación y estrategia jurídica para conseguir el resultado querido, esto es, la obtención de dinero a costa del daño ambiental causado en la comuna de Tierra Amarilla”, dice el libelo.
Testimonios recopilados por el fiscal Miranda, que serán revelados en la audiencia de formalización, darían cuenta de que los abogados mediante su asesoría legal y técnica determinaron la actuación del alcalde Delgado en orden a solicitar el pago de dineros y no hacer lo que la ley le ordenaba, que era seguir adelante un juicio contra Candelaria por daños medioambientales.
“Cada uno de los asesores -desde sus respectivos roles formaron el convencimiento y decisión del querellado Osvaldo Delgado en orden a ejecutar el plan delictivo, desde la propuesta efectuada por Jaime Mulet a Osvaldo Delgado, pasando por la asesoría y reuniones en que participaron el mismo Delgado junto a sus asesores Mulet, Bahamondes, Brito, Bosselin y Briones con los abogados de la minera, Miguel Troncoso y representantes de la empresa, hasta la firma del contrato de transacción y convenio de cooperación, los que fueron acordados y revisados previamente por dichos asesores”, se lee en la querella del Fisco.
Asimismo, el CDE detalló que tanto Mulet, Bosselin y Briones, “sin excepción”, estaban “en pleno conocimiento de los siguientes hechos penalmente relevantes: 1º La existencia de daños ambientales ocasionados a la comuna de Tierra Amarilla por CCMC, los que fueron objeto de demanda de reparación de daño ambiental que no fue tramitada; 2º La existencia de prohibición expresa en orden a que la acción de reparación de daño ambiental no podía ser objeto de transacción o cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor de implementar medidas de reparación ambiental del daño causado; 3º El acuerdo incorporado al contrato de transacción tras el análisis, opinión profesional y autorización de dichos asesores en orden a que el alcalde, representando a la Municipalidad de Tierra Amarilla, reconocía y declaraba un hecho falso, cual es la inexistencia de daños ambientales”.
Junto con esto se les atribuye haber asesorado al jefe comunal a renunciar a todas las acciones legales vinculadas a la reparación del daño ambiental y perjuicios asociados por Candelaria a cambio del pago de los US$ 7.000.000. De este dinero, dice la querella del CDE, “más de la mitad debía ser entregada a los abogados externos del municipio, Hernán Bosselin y Ramón Briones, en pago de sus honorarios, en contravención a los términos del propio contrato de honorarios suscrito por dichos asesores con el municipio”.
Formalizado sin cautelares
Pese a su decisión de no repostularse al Parlamento, tras verse involucrado en este caso, al menos hasta marzo del próximo año Mulet cuenta con fuero. Por tanto, el 16 de noviembre la fiscalía sólo podrá formalizarlo, pero no podrá pedir en su contra medidas cautelares personales, como la prisión prepago
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