Biden amenaza con recurrir a acciones ejecutivas para lograr reforma policial tras fracaso de las negociaciones en el Congreso
El proyecto era una de las respuestas gubernamentales más anheladas después de las protestas por la muerte de George Floyd, en mayo de 2020. El presidente de EE.UU. lamentó el estancamiento legislativo y espera “promulgar una ley significativa que honre el nombre y la memoria” del afroamericano.
Este miércoles, el senador demócrata Cory Booker llamó a su par republicano Tim Scott y le dio la noticia: no había nada más que hablar, las negociaciones se daban por terminadas. Ambos, junto con la representante demócrata Karen Bass, eran parte del comité que estaba trabajando el proyecto de reforma policial, cuyo fin era acabar con los abusos de los uniformados en Estados Unidos.
La idea era poder armar el proyecto de ley entre los dos partidos, para así no tener mayor problema a la hora de aprobarla en el Congreso. Sin embargo, los demócratas acusaron una exigencia cada vez mayor desde los republicanos, en miras a disminuir las atribuciones de la ley.
Por su parte, tanto el Presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris se mostraron decepcionados por la suspensión de las negociaciones, apuntando a los republicanos como los culpables de que una ley tan esperada no pudiese ver la luz.
Las conversaciones entre los legisladores Booker y Bass, por un lado, y Scott, por el otro, ya llevaban seis meses. De hecho, el comité se conformó el mismo mes que fue declarado culpable el oficial que mató al afroamericano George Floyd, juicio que tuvo lugar en abril de este año.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley era el que pretendía terminar con la “inmunidad calificada”, una doctrina legal que protege a los oficiales de policía de ser demandados en cortes civiles. El centro de esta norma era perfeccionar las herramientas que permitiesen hacer responsables de sus actos a los agentes y departamentos que cometiesen abusos, como los que terminaron en la muerte de George Floyd y Breonna Taylor en 2020.
Otra de las propuestas en el proyecto era la eliminación de la no-knock warrant, o
garantía de entrar sin tocar la puerta, que permite a los policías, en casos especiales, entrar a una residencia sin anunciarse previamente.
Bass se mostró decepcionada por el fin de las negociaciones, pero lo encontró necesario. “No es como si hubiese habido una gran pelea, pero en cierto punto tienes que reconocer que estás perdiendo el tiempo”, declaró, refiriéndose al punto muerto al que se llegó con los republicanos.
Opinión similar tuvo Booker, quien en una conferencia de prensa en el Capitolio dijo: “Era claro en la mesa de negociación que no estábamos haciendo ningún avance. De hecho, viendo los papeles que recibíamos y entregábamos, los documentos me mostraron que estábamos muy lejos de lo que queríamos lograr. Las negociaciones están detenidas, pero el trabajo continuará”.
Desde el otro lado, el republicano Scott culpó a los demócratas por el colapso de la mesa, acusándolos de dejar que una “falsa idea de perfección se contraponga a una buena y valiosa legislación”.
Por su parte, Biden lamentó el estancamiento legislativo y dijo que “espera poder firmar una ley de reforma policial comprensiva y significativa, que haga honor al nombre y la memoria de George Floyd”, muerto en mayo de 2020.
Ya sin negociación posible, el siguiente paso tiene que darlo Biden, declaró Bass. “Lo que estamos haciendo ahora es llamar a la administración a la acción, en el mayor grado que pueda, sea a través de una orden ejecutiva o a través de una instrucción (…). Necesitamos un Poder Ejecutivo que actúe ahora, porque ya no tenemos ninguna fe o esperanza particular de que las reformas vayan a ser aprobadas por el Senado”.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Jen Psaki, afirmó que Biden ya está
considerando tomar acciones para llevar a cabo cambios en las instituciones policiales.
“La Casa Blanca continuará consultando con las comunidades de derechos civiles y de aplicación de la ley, así como con las familias de las víctimas para definir un camino a seguir, incluso a través de posibles acciones ejecutivas adicionales que pueda tomar para avanzar en nuestros esfuerzos para cumplir con el ideal estadounidense de igualdad de justicia ante la ley “, dijo Biden en un comunicado, donde prometió tomar medidas ejecutivas para promulgar la reforma policial “en las próximas semanas”.
A más de un año del asesinato de Floyd a manos de un oficial de policía en Minneapolis, que motivó las protestas masivas de mayo de 2020, la reforma era vista como una de las respuestas más urgentes de parte del gobierno, en miras a limitar los abusos policiales y hacer responsables a quienes
incurran en ellos.
En el comunicado, Biden se refirió al incidente que impulsó con mayor fuerza el movimiento Black Lives Matter: “El asesinato de George Floyd es una mancha en el alma de Estados Unidos. Estimuló a la nación para pedir justicia de manera colectiva, y vamos a ser recordados por el modo en que respondamos a ese pedido”.
Por su parte, los abogados por los derechos civiles Ben Crump y Antonio Romanucci, que representan a la familia de Floyd, expresaron una “decepción extrema” en relación al colapso en las negociaciones del Congreso. “En el último año y medio hemos visto cientos de miles de norteamericanos exigiendo a los legisladores, para que traigan el tan necesario cambio en este país, para que así haya responsabilidad, transparencia y, por último, confianza en las policías”, declararon en un comunicado.
Mientras tanto, en Washington un grupo
de oficiales afroamericanas de la policía oficializó una acción legal contra la policía estatal, reclamando discriminación racial y sexual, un espacio de trabajo hostil y una cultura de la intimidación.
Las 10 mujeres denunciaron que mientras trabajaban en el Departamento de Policía Metropolitano fueron tratadas con desprecio y sujetas a una “cultura de discriminación de género y raza”, además de enfrentar “represalias intensas y generalizadas” cuando se quejaron de esto. Siete de las uniformadas están trabajando actualmente en la institución, mientras que tres son oficiales retiradas.
Las demandantes exigen US$ 100 millones como compensación, además de una reforma dentro de las reglas y divisiones del departamento de Washington. Entre las reformas, se espera un reacondicionamiento de la división que supervisa y maneja las quejas internas respecto de tratos discriminatorios o injustos.