Responsabilidad presidencial y Convención

Por austeridad, por escasa holgura fiscal, por la pandemia. Por esas razones, la Dirección de Presupuestos -dependiente del Ministerio de Hacienda- rechazó esta semana el aumento de asignaciones a la Convención Constitucional para viáticos y gastos operacionales por 1.743 millones de pesos, y que fue decidida por esta para hacer frente a gastos de viáticos y asesorías expertas (y no es un aumento de sus sueldos, como aseguran quienes reproducen fake news al respecto).

Se desató una polémica seria, como era de esperarse, en días en que la Convención enfrenta embates desde todos los flancos: lo único que le faltaba era tener que pelear para “llegar a fin de mes”. Justamente eso dijo el vicepresidente Jaime Bassa: las platas les alcanzarían hasta fin de septiembre (aunque el ministro Ossa asegura que no es así). “Es hora de que el Presidente cumpla con dar el apoyo financiero y administrativo a la Convención”, dijo Bassa. “En el fondo, tiene que ver con la responsabilidad del Presidente respecto del apoyo a la Convención”, aseguró la Presidenta Elisa Loncón.

La situación es grave -y se está en busca de soluciones mientras escribo estas líneas-, porque el argumento de la Dipres se podría utilizar para todo gasto, desde la Parada Militar hasta las giras presidenciales. ¿Por qué allí no hay una advertencia similar? Los principios de austeridad, escasa holgura fiscal y la pandemia no son válidos sólo para analizar el gasto de ese órgano constituyente, sino de todo gasto fiscal, siguiendo esa lógica. Y por eso mismo, no es antojadizo pensar que esto pareciera ser una manera de entorpecer o complicar el trabajo de la Convención, mandatado por ley a proveer soluciones y no problemas para su funcionamiento. Y porque justamente esto se ve, además, como un extraño revival de lo sucedido en julio, en aquel día de instalación de la Convención, en que -Gloria Valladares mediante- se lograron superar las tensiones y comenzar el trabajo, sólo para darse cuenta al día siguiente que no había ni lo más mínimo para que la Convención pudiera funcionar desde un punto de vista operativo. Recordemos: ni papel confort había...

Ese déficit del gobierno para proveer de lo básico a la Convención tuvo varias lecturas. Para algunos, derechamente un boicot... Otros se inclinaron por la tesis de la negligencia: el funcionario a cargo salió, para que el daño no escalara al ministro Ossa. Que convencionales sesionaran en la Universidad de Chile acaso gatilló la reacción gubernamental: los torpedeos los hacen quedar mal a ellos. Es su responsabilidad y deber dar el apoyo administrativo y financiero a la Convención, no es un “favor” ni una sugerencia. Y un camino nuevo, inédito además, obviamente requiere ser revisado (así como evidentemente cada peso debe ser bien gastado y fiscalizado).

El gobierno, los ministros que han intervenido en esta polémica, deben entender la magnitud de la responsabilidad y su rol histórico en este proceso. El Presidente los habría mandatado a encontrar una solución: los siguientes días se verá. Mientras, no hay que cansarse de repetir que la Convención existe porque Chile llegó a un nivel de crisis institucional que derivó en estallido social, y que esta es la única salida para resolver pacíficamente ese grave conflicto. Como ha dicho la convencional Patricia Politzer: situaciones como esa les pasan a sociedades enfermas. Chile está enfermo y requiere un nuevo acuerdo, que es lo que la Convención debe proveer. El fracaso de la Convención es un fracaso no para las y los 155, sino para todas y todos los chilenos.

Es cierto que la propia Convención provee de material para ser criticada, y no sólo por el muy dañino caso Rojas Vade (que esta semana al menos parece haberse resuelto en los hechos con su decisión de no volver a participar ni cobrar su sueldo). También por la estridencia de forma y fondo de algunos convencionales que no dimensionan su rol, o de coberturas mediales que destacan justamente sólo el ruido o confunden señales con decisiones. Pero las maniobras burocráticas o administrativas, como en la instalación o el introducir incertezas sobre su funcionamiento presupuestario 2022 e incluso para este mismo año, son actos de una irresponsabilidad difícil de exagerar. El Presidente Piñera, tal como se lo recordó Elisa Loncón, debe ser consistente con sus discursos internacionales sobre la importancia de la Convención como salida democrática a una gravísima crisis institucional, de su profundo sentido histórico, y eliminar estos obstáculos; los de hoy, y evitar que surjan nuevos campos de batalla gobierno-Convención, pues sólo parecen maniobras, más bien políticas, de usar el poder como valla y no como elemento facilitador.

En el trabajo de la Convención se nos va el futuro para las próximas décadas. Y no hay plan B.