Acuerdo político para crisis migratoria
El país no puede tolerar actos de violencia contra los migrantes, como los que se vieron en la zona norte; a la par, debe fijar los criterios que permitan abordar crisis como estas, una respuesta que cabe a la sociedad en su conjunto y no solo a un gobier
Luego de una masiva marcha que se llevó a cabo en Iquique para protestar en contra de la inmigración ilegal, un grupo de personas protagonizó escenas de inusitada violencia, quemando a plena luz del día las pertenencias de familias de allegados -en su mayoría venezolanos-, causando estupor e indignación, imágenes que incluso han tenido resonancia en el exterior.
Estos actos vandálicos han sido objeto de un repudio transversal, pues han cruzado toda línea de lo razonable y por lo tanto merecen no solo las máximas sanciones que permita la legislación, sino también una fuerte condena de la propia sociedad. Con preocupación debe alertarse ante el riesgo de que se estén incoando sentimientos xenófobos, incompatibles en un país que históricamente ha abierto las puertas a la migración y que se declara respetuoso de las garantías fundamentales. Deben darse las señales correctas de que actos como estos no serán tolerados, porque bien podría ser la antesala de una espiral de violencia con trágicas consecuencias. En un sentido más general, otra vez es necesario subrayar que el derecho a la movilización siempre debe ser pacífico y de ninguna manera puede tolerar la destrucción de bienes públicos o privados ni mucho menos poner en riesgo la integridad de las personas.
Desafortunadamente, estos acontecimientos han sido aprovechados por algunos sectores para obtener pequeñas ventajas, ya sea porque acusan a la autoridad de no haber cerrado las fronteras a tiempo y de haber sido pusilánime frente a la inmigración ilegal, o bien porque acusan al gobierno de ser responsable de esta crisis, al permitir que muchos vivan en condiciones infrahumanas -sin brindar condiciones básicas de albergue- y de contravenir tratados internacionales de derechos humanos. Las posturas altisonantes o antojadizas resultan irresponsables en un momento tan delicado como este, y totalmente inútiles para efectos de facilitar una solución a un tema de larga data y que excede las capacidades de cualquier gobierno.
En lo inmediato, se deben buscar salidas humanitarias y dentro del marco de la legalidad que permitan a las numerosas familias afectadas regularizar su situación y asegurar condiciones para un sustento digno. Pero desde una perspectiva de más largo plazo, es indispensable que el país fije cuanto antes los criterios para enfrentar situaciones de emergencia como las que hoy se viven, lo que supone una respuesta como Estado, que trascienda un gobierno particular, pues es un problema que atañe al conjunto de la sociedad. Hace solo unos meses se promulgó una nueva ley de migración -después de casi una década de tramitación, justamente con el fin de lograr un flujo ordenado. Sin embargo, el estatuto jurídico se ve desbordado frente a llegadas abruptas y masivas de inmigrantes que huyen de sus países, tal como ocurre hoy con millones de venezolanos, diáspora originada en la crisis política y humanitaria que ha provocado el régimen chavista.
Más allá de que deberá buscarse una mejor coordinación a nivel regional para enfrentar esta crisis, es necesario que los distintos estamentos del país logren consensuar criterios básicos sobre cuál será la política frente a tantas personas que solicitan refugio -fenómeno que previsiblemente irá en aumento-, definiendo el alcance de los compromisos humanitarios que se asumirán -también los recursos para ello-, pero también contar con el respaldo para que la autoridad pueda hacer cumplir la ley. Esto requiere una discusión política con altura de miras, alejada de los simplismos.