VIOLENCIA ECONÓMICA Y MALTRATO INFANTIL

SEÑOR DIRECTOR

En un escenario nacional de elecciones y de cambios jurídicos y sociales profundos en Chile -como es la Convención Constitucional-, la cuestión de la impunidad en el pago de pensiones de alimentos ha entrado por fin al debate público e incluso salpicado a candidatos presidenciales.

Las cifras apuntan a que el deudor del sistema bancario es un buen pagador, tanto así que el pago de las deudas crediticias aumentó en un 20% a propósito del retiro del 10% de los fondos de AFP. Pero al mismo tiempo es conocida la noticia de que existe una cifra alarmante de deudores alimentarios, donde las principales solicitantes de dicha retención para el pago de la deuda alimenticia son mujeres madres, que forman filas y filas afuera de los tribunales de Familia debido a la feminización de los cuidados.

En este sentido, la “privatización” del incumplimiento de los alimentos en el hogar -lugar privado por excelencia- ha tenido efectos perversos: se invisibiliza que el no pago de una cuota es una forma de poder que envuelve situaciones de violencia, como la violencia económica. El incumplimiento alimenticio constituye una lesión grave a los derechos del niño, niña y adolescente, y una vulneración grave al principio de igualdad en la repartición de las responsabilidades familiares. Por lo mismo, el feminismo en la década de los setenta declaró el fracaso que constituye la separación entre lo público y lo privado para hacer frente a la violencia de género y al maltrato infantil.

Debemos entender que la familia basada en la división sexual del trabajo ha sido un lugar donde se ha ejercido históricamente esta forma de violencia y maltrato, que debemos desprivatizar para hacernos cargo como sociedad.

Daniela López

Abogada AML Defensa de Mujeres Docente Facultad de Derecho Universidad Central