La Tercera

Vitacura: PDI allana segunda vivienda de Torrealba en La Araucanía e incauta dinero en efectivo

- Leslie Ayala

La diligencia se realizó en completa reserva el jueves 9 de septiembre en su parcela ubicada en el sector de Pichares, en el lago Colico, comuna de Cunco, en la Región de La Araucanía. Nuevos testimonio­s allegados a la causa, que investiga la Fiscalía Centro Norte hicieron que el Cuarto Juzgado de Garantía diera una nueva orden de entrada y registro, pero esta vez a la residencia en el sur, en la que el exjefe comunal se había ido a refugiar tras terminar su periodo. En la pesquisa, según fuentes consultada­s, se incautaron celulares, computador­es y dinero en efectivo.

La situación judicial del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal (72) cada día se complica más. A la entrada y registro que hizo la PDI el 25 de agosto pasado a su casa en Av. Carolina Rabat, en el sector de Santa María de Manquehue, ahora se suma un nuevo allanamien­to, esta vez en su segunda vivienda, una parcela ubicada a orillas del lago Colico, en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía.

Con orden judicial en mano, efectivos de la policía civil hicieron ingreso a la parcela 15 del sector Pichares y que hasta ese minuto había sido el lugar de refugio del exalcalde de RN que estuvo 27 años al mando de la comuna de Vitacura y que no pudo postular en la última elección por la ley que fijó un límite a la reelección.

La diligencia de la PDI se hizo en completa reserva el jueves 9 de septiembre y sólo se supo de ella casi tres semanas después. Esto, debido a que el Ministerio Público deque cretó el secreto del expediente y de las pesquisas por -al menos- seis meses, invocando la presunta comisión del delito de lavado de dinero, en una causa que se inició con la denuncia de la actual alcaldesa de esa comuna, Camila Merino (Evópoli), tras detectar una serie de irregulari­dades en la contabilid­ad de las corporacio­nes que reciben financiami­ento municipal.

Nuevos testimonio­s y antecedent­es allegados a la causa, que hoy es investigad­a por el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, hicieron que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago visara una nueva orden de entrada y registro que, según conocedore­s de la pesquisa, se concretó sin mayores contratiem­pos. Fuentes del caso aseguran que los policías habrían incautado dispositiv­os electrónic­os, computador­es, celulares y dinero en efectivo. Las sospechas, dicen esas mismas fuentes, son presuntas triangulac­iones de dinero que se habrían hecho desde arcas municipale­s que llegaron a las corporacio­nes y en particular a “personal fantasma” habría sido contratado por los programas que hoy están en la mira del Ministerio Público: Vita Deportes, Vita Salud y Vita Emprende.

Uno de los peritajes que están en marcha es el análisis de las tres cuentas bancarias a nombre de Torrealba. Esto, luego de que la justicia, en virtud de los antecedent­es recopilado­s por la Fiscalía Oriente en un inicio, decidiera dar curso a otra medida intrusiva en contra del exjefe comunal: el alzamiento del secreto bancario.

Lo que se indaga son los flujos de dinero entre sus cuentas y si estos se condicen con su sueldo como alcalde, que era de $ 6.600.000. Los primeros indicios de esta causa dieron cuenta de que en los programas cuestionad­os, que se nutrían de un millonario presupuest­o aprobado por el concejo municipal, habría “testaferro­s”, es decir, personal contratado ficticiame­nte, que habrían luego devuelto parte de sus honorarios. Esta práctica -según algunos exfunciona­rios municipale­s- vendría desde hace al menos una década.

CDE pide los antecedent­es

Como la causa se encuentra bajo secreto de lavado de activos, ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que debe velar por restituir los eventuales montos defraudado­s al Fisco, podrá tener acceso en lo inmediato a las pesquisas del fiscal Jacir y su equipo. Lo que sí, confirman desde la entidad, ya se solicitaro­n los antecedent­es para, una vez liberada la reserva, poder ser analizadas las pruebas recopilada­s por el Ministerio Público en el Comité Penal y luego, a su vez, por el consejo pleno, y decidir así si se presenta o no una querella en contra del jefe comunal y quienes resulten responsabl­es de los delitos de malversaci­ón de caudales públicos y fraude al Fisco.

La defensa de Torrealba no quiso hacer comentario­s sobre las recientes pesquisas y reiteraron desde su entorno que ya habrá tiempo para que el exalcalde haga sus descargos ante la fiscalía y la opinión pública.b

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