AUDIENCIAS TELEMÁTICAS

SEÑOR DIRECTOR

Hace pocos días, apareció publicada en este medio una carta de Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, respecto de la futura realización de audiencias en procesos penales, donde existen dos posturas: la primera, es continuar, a todo evento, con las audiencias telemáticas, aumentando las posibilidades de acceso para la ciudadanía, entre otras bondades que describe. La segunda, según él, solo avalada por los defensores públicos, consiste en restringir la realización de este tipo de audiencias, autorizándolas solo si todos los intervinientes están de acuerdo, y excluyendo las audiencias de juicio oral.

Al respecto, creemos que el señor Bravo olvida que la postura sostenida por los defensores públicos es aquella que fue propuesta por el Senado durante la actual tramitación en el Congreso, de las normas respectivas que permitirán continuar la tramitación de las causas en el período post pandemia; parece que tampoco considera que comunicarse sin obstáculos con su defensor o defensora es un derecho consagrado en la Constitución Política de la República y tratados internacionales, y que el derecho a examinar directamente a testigos, peritos o a la víctima es una garantía judicial fundamental de toda persona, consagrada en el art. 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos; y por último desatiende las sentencias del Tribunal Constitucional, que han señalado que los juicios orales llevados a cabo en forma telemática atentan contra garantías fundamentales del procesado.

Finalmente, debemos considerar que por vulnerabilidad o no acceso a tecnologías, sea por analfabetismo digital o falta de recursos y medios, o a una conexión de calidad, muchas personas caerán en condiciones de desigualdad en el acceso a la justicia y estas diferencias no aseguran el debido proceso. Estimamos que no podemos sacrificar derechos en aras de supuestos criterios de eficiencia y eficacia, convirtiendo en regla general, herramientas reñidas con derechos humanos procesales, que se usaron en un período de excepción.

Pablo Sanzana Fernández

Presidente

Asociación de Defensores y Defensoras Penales Públicos