Vendiendo humo
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, informó que estaba estudiando entregar aproximadamente 1.000 permisos para comercio en la vía pública, e inmediatamente se escucharon críticas de diversos sectores. Los argumentos eran atendibles, y se fundaban en que el comercio ambulante es manejado por mafias, genera inseguridad, perjudica a los negocios formales y deteriora el espacio público.
Cualquier persona que siga este debate podría concluir que los problemas relacionados con el comercio ambulante están causados por los permisos de la alcaldesa, pero la verdad es que la situación era caótica antes de su anuncio. De hecho, el exalcalde Alessandri prometió mano dura en esta materia y en su mandato no se ampliaron los permisos, sino que se restringieron. Pese a ello el problema persistió. En febrero de 2020 la prensa reportaba que la Alameda estaba colmada de puestos no autorizados. Durante ese mismo año se registró una pelea masiva con sables y palos entre 50 comerciantes ambulantes en el barrio Meiggs y en otra oportunidad similar se reportó un herido a bala. El 2021 no ha sido mejor. En plena cuarentena fue noticia que los puestos no autorizados seguían funcionando en el centro de Santiago como si nada y poco después se conocieron los reclamos de los vecinos de calle San Isidro, señalando que cotidianamente hay riñas y gritos entre vendedores ambulantes.
En medio de este panorama asumió la nueva alcaldesa. Los permisos que piensa dar son discutibles, pero es evidente que, de no mediar un cambio en la manera de enfrentar este problema, la situación no mejorará aunque ella no dé ningún permiso nuevo.
Quienes insinúan que el problema del comercio ambulante está relacionado con un exceso de permisos, están vendiendo humo. Los municipios tienen la facultad de entregar permisos, pero no tienen real capacidad de fiscalizarlos. Para ello dependen de Carabineros y los alcaldes o alcaldesas no tienen mando sobre estos. Una estrategia seria de ordenamiento del comercio en la vía pública requiere un ejercicio de regulación y control consistente y prolongado, lo que resulta bien cuesta arriba dada la forma errática e impredecible con que Carabineros participa en estos esfuerzos.
Sumemos a ello la complejidad del fenómeno. Detrás del comercio ambulante hay mafias y delincuencia, pero también hay vulnerabilidad social, discapacidad, mujeres que no tienen donde dejar sus hijos, dificultades de reinserción después de salir de la cárcel y alternativas de empleabilidad precarias o mal pagadas. Muchas veces estas cosas se mezclan pues la vulnerabilidad es aprovechada por las mafias, y resolverlas a punta de palos y partes es iluso. Aquí, nuevamente, los municipios se ven superados porque las mafias que hay detrás son poco perseguidas por la Fiscalía, Aduanas e Impuestos Internos y el acceso al empleo de los grupos excluidos que nombramos no está resuelto con las actuales políticas públicas. (...)
El centro de Santiago es de los pocos lugares de nuestra ciudad donde la mezcla social tiene alguna cabida y el sentido de pertenencia tiene raíces. Es un territorio extremadamente vital y resiliente, pero vive amenazado por el deterioro. Sus fantasmas no son distintos a los de todos los centros urbanos, pero lo que lo hace excepcional es lo poco que parece importarnos. Sólo es posible salvarlo asumiendo que diversidad social no es sinónimo de precariedad y confrontación, sino de reglas compartidas y reconocidas transversalmente como legítimas. Las estrategias que discutimos se basan muchas veces en simplificaciones groseras y recetas toscas. Generalmente se trata de pegarle al adversario más que entender por qué pasan las cosas y cómo buscarles solución. No sigamos en lo mismo. Hay una nueva alcaldesa y un país que está cambiando, cambiemos también esa forma de enfrentar los problemas de la ciudad y del centro de la capital (ver versión completa en latercera.com)