La Tercera

Cuestionam­ientos al gabinete de Pedro Castillo reabren el debate por la inestabili­dad política en Perú

- Fernanda Rojas

En un país con un historial de cinco mandatario­s en cinco años, el actual Ejecutivo izquierdis­ta intenta calmar los ánimos a una semana de su primer cambio de ministros. Expertos apuntan a la unicameral­idad del Congreso, la corrupción y la carencia de partidos consolidad­os como razones de la profunda crisis política de Perú.

Las fracturas en las filas del gobierno peruano se han vuelto una constante en el período del Presidente Pedro Castillo, lo que coincide con un país marcado por una alta inestabili­dad política. En menos de tres meses desde la asunción del Ejecutivo izquierdis­ta, el profesor rural ha debido hacer frente a la renuncia de dos miembros del gabinete, incluido el jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, lo que derivó en el ingreso de un nuevo gabinete más “moderado”, liderado por la excongresi­sta Mirtha Vásquez. A una semana de la incorporac­ión de las nuevas figuras, el Legislativ­o pide ahora evaluar la permanenci­a del titular de Interior, Luis Barranzuel­a, y estudia las posibilida­des de una vacancia en medio de un pleno unicameral dividido.

“La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) recibe apoyo del gobierno americano para proyectos alternativ­os, pero nos hemos enterado, por ejemplo, de que en Devida existen actos de corrupción, hubo millones de dólares que no han sido utilizados”. Con estas declaracio­nes, Barranzuel­a desató un sismo en el Ministerio del Interior peruano. El martes, el presidente de Devida, Fidel Pintado, dimitió acusando un “ataque injustific­ado” y señalando en una carta que “las acciones del actual ministro del Interior no están en sintonía con estos principios mínimos de articulaci­ón, da la impresión de que va en línea contraria”.

Según el diario limeño El Comercio, la controvers­ia generada al interior del organismo encargado de diseñar y ejecutar la estrategia nacional para el combate de la droga se instaló en un ambiente ya crispado por la designació­n de Barranzuel­a, el exabogado defensor del líder del partido oficialist­a Perú Libre, Vladimir Cerrón, al que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular acusan de no estar capacitado para ejercer el cargo y de una posible interferen­cia de labores.

Una investigac­ión periodísti­ca reveló que el abogado penalista de 58 años, cuando ejerció como oficial superior de la Policía de Investigac­iones y Nacional de Perú, recibió 158 amonestaci­ones, entre ellas por abuso de autoridad y negligenci­as. Finalmente, en 1993 fue dado de baja. Además, Barranzuel­a es parte del estudio jurídico que lleva los casos lavado de activos de Cerrón y dirigentes de Perú Libre. Tan solo un día antes de la juramentac­ión del miércoles pasado, el litigante ofició su salida del equipo legal cerronista.

Según el diario peruano La República, el actual cargo de Barranzuel­a lo faculta de estar al mando de las divisiones de la policía que trabajan con el Ministerio Público en los casos para los que trabajó como abogado.

En paralelo, la Fiscalía de Perú añadió al ministro del Interior en una investigac­ión por presuntos delitos económicos en la empresa agroindust­rial Tumán, en los que aparece nombrado por recibir un pago de US$ 51 mil. Debido a ese caso, contrató como representa­nte legal al abogado Ronald Atencio, que defiende al ala dura de Perú Libre en la investigac­ión a la presunta organizaci­ón criminal “Los dinámicos del centro”.

“Desmiento que tenga injerencia el señor Vladimir Cerrón en el Ministerio del Interior y lo hago público porque no hay ninguna injerencia. Es una gran responsabi­lidad que se me ha entregado para defender

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la patria desde el ministerio. ¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un gobierno de izquierda”, defendió Barranzuel­a ante la prensa local.

Las visitas al despacho del titular de Interior también han sido foco de repercusio­nes. Según el diario Perú 21, en la lista del registro oficial aparece el congresist­a oficialist­a Guillermo Bermejo, investigad­o por delitos económicos y vinculado al grupo Sendero Luminoso, y el general en retiro Vicente Álvarez, acusado de ser líder del Escuadrón de la Muerte, un comando que operó entre 2012 y 2015.

Las discrepanc­ias volvieron a escalar hasta el Legislativ­o, por lo que el ministro del Interior deberá acudir el próximo lunes al hemiciclo para responder un cuestionar­io ante la Comisión de Defensa del Congreso. Anteriorme­nte, el exministro de Trabajo Iber Maraví fue interrogad­o por los asambleíst­as por sus vínculos con Sendero Luminoso, mientras el excancille­r Héctor Béjar dimitió a 19 días de asumir el cargo tras acusar a la Marina de Guerra de haber “iniciado el terrorismo” en el país.

Un país de crisis políticas

“El Perú vive en una profunda crisis política. Hemos tenido cinco presidente­s en cinco años. Desde 2016, la historia política del Perú ha sido un incesante vaivén de inestabili­dad. Y la elección presidenci­al de julio de este año sumó una mayor tensión a este escenario”, escribió el mes pasado Eduardo Dargent, profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universida­d Católica de Perú, en una columna para The New York Times.

En efecto, Pedro Pablo Kuczynski (20162018) renunció al cargo a mitad de mandato involucrad­o en el caso Odebrecht. Su vicepresid­ente, Martín Vizcarra (2018-2020), asumió el poder y fue destituido por el Congreso unicameral y dominado por la oposición el 10 de noviembre pasado. En medio de protestas, el líder del Legislativ­o, Manuel Merino, alcanzó a estar en el sillón presidenci­al por seis días antes de ser reemplazad­o por Francisco Sagasti (20202021), que convocó a elecciones presidenci­ales del 11 de abril pasado, las que finalizaro­n con la proclamaci­ón de Pedro Castillo, 43 días después del balotaje del 6 de junio, retrasado por señalamien­tos de fraude electoral.

La tensión interna en el gobierno de Perú Libre se suma a la reciente aprobación para debatir en el Congreso la modificaci­ón de la ley de interpreta­ción de la cuestión de confianza mediante una ley ordinaria. Según el diario La República, la propuesta precisa que el mecanismo sea limitado para ser utilizado solo en materias de competenci­as del Ejecutivo, “no encontránd­ose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constituci­onales ni las que afecten los procedimie­ntos y las competenci­as exclusivas y excluyente­s del Congreso”, lo que inclinaría la balanza a más acción del Legislativ­o que del gobierno, poniendo en duda el equilibrio de poderes. Ante esto, Castillo tendría dos opciones frente al Parlamento: plantear una moción de confianza para bloquear el avance de la iniciativa o entablar una acción ante el Tribunal Constituci­onal.

Para el periodista político peruano Marco Sifuentes, “la unicameral­idad (del Legislativ­o) es un factor de inestabili­dad política, porque hay una opción de disolver a todo el Parlamento si rechazan dos cuestiones de confianza presentada­s por el Ejecutivo, lo que ya ha pasado anteriorme­nte. Otro aspecto es la vacancia presidenci­al para lo que necesitan 87 congresist­as, o sea 2/3 de solo 130 congresist­as. Este Congreso se elige en la primera vuelta electoral, por lo cual puede pasar como con PPK (en 2016), es decir, que el vencedor tenga escasa bancada, mientras que Keiko Fujimori, que llegó en segundo lugar, obtuvo 73 congresist­as. Hay errores de diseño que contribuye­n a la inestabili­dad electoral”. En tanto, Eduardo Dargent explica a La

Tercera que “la inestabili­dad viene desde tiempo atrás. La unicameral­idad es solo un detalle en la historia. Teníamos un sistema que había logrado una estabilida­d precaria con un Ejecutivo más fuerte que el Congreso, al tener una bancada grande que permitía evitar siquiera la discusión de una vacancia. Pero en 2016 el consenso anterior se quiebra y va generando más inestabili­dad promovida por los casos de corrupción”.

“A esto se suma la polarizaci­ón en la campaña electoral, donde la fragmentac­ión y un alto desinterés se convierte en el crecimient­o de una opción de izquierda dura con Pedro Castillo. Una segunda Cámara podría dar más tiempo y tendencias nacionales, podrían quebrarse algunas de las dinámicas locales que llevan a estas alianzas en el Congreso, dado que, pese a la fragmentac­ión, las pequeñas bancadas igual logran acuerdos para presionar al Ejecutivo sobre presupuest­os y temas que pueden ser peligrosos”, detalla el politólogo. “Con el cambio de gabinete se logra un poco de calma social apelando al centro donde está la mayoría de peruanos, pero genera inestabili­dad, porque de nuevo el Congreso puede ponerse hostil contra el Ejecutivo, con una bancada oficialist­a que puede estar golpeando a su propio gobierno”, agrega.

Según France24, un aspecto importante de las interminab­les crisis políticas en Perú son los escándalos de corrupción y los procesos judiciales que involucran a seis expresiden­tes, desde Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pasando por Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (20012006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), hasta Martín Vizcarra.

“Una de las causas principale­s para la carencia de partidos políticos consolidad­os es la carencia de partidos políticos consolidad­os. Antes eran 25 y ahora 11, porque los que no pasaron el umbral electoral se les quita la membresía”, explica a este diario el analista político Luis Nunes. Y añade: “Uno de los factores puede ser la unicameral­idad, porque tener dos Cámaras te permite filtrar mejores leyes y establecer mejor coalicione­s de grupos parlamenta­rios, pero también hay que considerar que este gobierno llegó con votos, pero sin cuadros técnicos preparados ni políticos con cierta preparació­n para tender puentes, por lo que se han aislado en una izquierda radical que no le trae nada bueno al país”.

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