Prolongada toma de sede del INDH
No resulta aceptable que una institución del Estado haya permanecido más de cinco meses en toma, sin que los responsables del organismo hayan adoptado medidas para ponerle término.
Desde principios del mes de julio que la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se encuentra en toma, la cual es llevada a cabo por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), a la que también se han plegado otras organizaciones. La acción de fuerza ha coincidido con un período especialmente álgido para el país, producto de la campaña presidencial, lo cual ha restado visibilidad a este hecho. Pero a estas alturas no resulta aceptable que una situación tan anómala e ilegal como ésta pueda seguir prologándose, lo que hace necesario que sus autoridades aborden esta situación y le pongan pronto término.
Las razones esgrimidas para justificar la toma responden -según sus promotores- a la falta de acción del organismo para denunciar a las autoridades responsables de las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, acusando a su director -respecto de quien exigen su renuncia como requisito para iniciar cualquier diálogo- y a parte del consejo del INDH de llevar cabo acciones deliberadas para favorecer la impunidad, acusando que incluso se ha ocultado información que prueba la sistematicidad de dichos atropellos, o que se ha buscado desmantelar parte de los estamentos de la entidad; también se exige la liberación de los “presos políticos”. En días recientes, la ACES ha señalado que las instalaciones ya no serán devueltas, y serán utilizadas para organizar desde allí acciones de defensa y reparación en materia de derechos humanos.
El consejo del INDH ha estado dividido frente a los cursos de acción, lo que ha inhibido de recurrir al desalojo. El organismo ha seguido funcionando en dependencias externas y vía remota, pero desde luego ello no puede considerarse como algo normal, y el propio consejo ha advertido sobre el riesgo de que archivos sensibles -como parte de los testimonios recogidos en el marco del Informe Valech, sobre los cuales pesa obligación legal de custodia y reservapuedan ser vulnerados.
Resulta de particular gravedad que un estamento del Estado sea objeto de esta cooptación, sin que sus autoridades hayan tomado acciones para exigir la restitución de las instalaciones y cuidar el patrimonio que está a su cargo. Adquiere ribetes de escándalo que frente a una flagrancia de esta naturaleza se pudieran estar anteponiendo consideraciones políticas o ideológicas para justificar la inacción.
Su director y el consejo han de ser conscientes de las implicancias que todo esto conlleva; desde luego, será su responsabilidad si documentos esenciales terminan siendo dañados o extraviados, sin considerar el daño que se hace al prestigio y credibilidad de una institución que se ha estimado fundamental para el país, al dar la impresión de que resulta irrelevante que pueda ser objeto de un vejamen así, o que gratuitamente se pueda sembrar su desprestigio. Sería difícil imaginar que otra entidad del Estado pudiera estar casi medio año en toma -peor aún, que sus instalaciones sean expropiadas de facto-, pero inexplicablemente aquí se ha consentido.
Es lamentable, asimismo, que acciones de violencia puedan ser vistas como formas legítimas de protesta, lo que produce un grave daño a la convivencia pacífica y alienta a que este tipo de conductas tan dañinas sigan repitiéndose.