LEY DE SERVICIOS BÁSICOS, OTRA VEZ
SEÑOR DIRECTOR
Una buena política pública debe ser realista, no generar distorsiones y, sobre todo, debe resolver problemas reales con soluciones cuyo beneficio final supere los costos. Nada de eso se cumple con la ley de servicios básicos.
Diseñada originalmente como medida “excepcional”, buscaba aliviar la carga económica de las personas afectadas por la pandemia, por lo que se dispuso que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, electricidad y gas de red no podrían cortar el suministro a sus clientes por mora en el pago. Recordemos que la ley aprobada en agosto del 2020 contemplaba la suspensión de cortes por 90 días y beneficiaba al 60% del Registro Social de Hogares (RSH), permitiendo un prorrateo de deudas por hasta 36 cuotas mensuales. Sucesivas prórrogas permitieron ampliar a 48 las cuotas, beneficiar al 80% del RSH y extender la suspensión de corte a 510 días (hasta la fecha).
Ahora se discute un nuevo proyecto de ley que pretende extender la exención de corte de servicios básicos durante todo el 2022 y permitir que el beneficio de prorrateo de deuda sea extensible al 100% de quienes se encuentren inscritos en el RSH. El fundamento de esta iniciativa sería que los consumidores se ven expuestos a cortes de suministro “sin una solución real por parte del Ejecutivo al problema creciente de deuda al que se verán expuestos una vez se retome el servicio con normalidad”. Es decir, ¡generaron la enfermedad y ahora buscan remediarla con la misma receta! A eso se suma el que ya se iniciaron las tratativas con el Senado y que redundarían “inevitablemente” en condonaciones, mayores cargos para las empresas y aportes fiscales (que pagamos todos los contribuyentes).
Si lo que se buscaba era ayudar, bien habría podido establecerse un subsidio (ya existente legalmente) al consumo de los hogares más vulnerables, sin que ello generara la señal equívoca de que “no pagar no tiene costos”. Ya lo hemos visto en otros sectores –basta ver el efecto permanente que causó el hacer vista gorda a la evasión en el transporte público-, siendo lo más grave la consecuencia que ello tiene en quienes habitualmente y con esfuerzo sí cumplían con sus compromisos.
Susana Jiménez Economista