La controversia fiscal que abrió la Pensión Garantizada Universal
La discusión suscitada por el envío del Ejecutivo de una propuesta que sustituye los actuales beneficios del Pilar Solidario del sistema previsional por una Pensión Garantizada Universal (PGU) revive incongruencias en los planteamientos de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera y desvía la atención de lo que sigue siendo una prioridad para la ciudadanía, cual es el fortalecimiento del sistema previsional. No es aceptable el argumento que, cercano el fin del actual período presidencial, el gobierno debería abstenerse de auspiciar nuevas iniciativas legales, especialmente en áreas de gran relevancia y que involucran recursos cuantiosos, como sería el caso de la previsión. Hasta el fin del mandato el Presidente de la República no solo puede, sino que tiene la obligación de gobernar, lo que implica que conserva plenamente su prerrogativa constitucional de proponer nueva legislación. Exigir “prudencia” por el hecho de que se trata de materias que exceden los períodos presidenciales resulta improcedente, porque en el extremo esa premisa llevaría a que en la práctica los gobiernos se inhiban de legislar asuntos de largo plazo, lo que carece de sentido. Lo propio ocurre con los parlamentarios, en cuyas manos está aprobar o rechazar proyectos hasta el último día de su mandato.
Lo que apremia entonces es que la dirigencia política del país se aboque a lograr las definiciones pendientes en materia previsional. Sabidamente, deben modificarse parámetros básicos del pilar contributivo, al menos las tasas de cotización obligatoria y edades de jubilación, que se mantienen en niveles poco realistas tras años de pugna ideológica y visiones encontradas entre los sectores políticos. Y, parecía entenderse, que un acuerdo en torno a una pensión básica universal, como es la propuesta oficial de PGU, remozaba el Pilar Solidario, aportaba recursos muy necesarios para algunos segmentos de la población, y ayudaba a despejar el camino para concentrarse en la discusión sobre el pilar distributivo.
Pero ha surgido la objeción de una propuesta de PGU no bien financiada. Este nuevo conservadurismo fiscal resultaría muy preocupante si no es más que otra forma de oposición al gobierno. Resulta sorprendente que los mismos sectores que sumaron fuerzas para presionar por ayudas fiscales de gran magnitud -el gasto fiscal del IFE en un mes es comparable al incremento anual del costo del Pilar Solidario que derivaría de implementar la PGU- y retiros de fondos previsionales hasta el punto de haber llevado al calentamiento de la economía y aceleración de la inflación, que determinarán graves necesidades de futuro aporte fiscal para financiamiento de pensiones, objeten ahora la calidad técnica del financiamiento (comparativamente muy inferior) propuesto para la PGU.
Es efectivo, como ha criticado la oposición, que una provisión de recursos fiscales para fines previsionales -que es parte del financiamiento para la PGU que está considerando el Ejecutivo- es solo una expectativa de ingresos que va a materializarse en la medida que ocurran el crecimiento, precio del cobre y otros parámetros que definen la recaudación fiscal efectiva. Eso mismo, sin embargo, puede decirse de la totalidad de los ingresos presupuestarios, que dependen de la materialización de una determinada evolución de la economía, y que han sido aceptados como plausibles al aprobar recientemente la Ley de Presupuesto de la Nación. La preocupación por una posible recaudación tributaria menor que la presupuestada debería llevar, fundamentalmente, a generar las condiciones generales capaces de sostener un proceso de inversión pujante y una evolución sana de la macroeconomía, aspectos fuertemente descuidados por quienes temen ahora una recaudación fiscal bajo la esperada. Por lo demás, una pensión básica universal, con valores superiores a los de la PGU en discusión, está en el programa del futuro gobierno, y nada obsta para que este, puesta en marcha la PGU, agregue mayores prestaciones o más financiamiento, según su propia intención, tan pronto esté en funciones.
Con todo, sería un gran avance para el país si la objeción al financiamiento de la PGU refleja una nueva y genuina preocupación del nuevo gobierno por la solvencia fiscal. Llevaría a mayor atención por reglas económicas y tributarias que potencien la inversión, el crecimiento y, así, la recaudación fiscal, y al fin de los retiros previsionales. Posiblemente conduciría a que, en el ánimo de tener un sistema previsional que genere mejores pensiones, consistente con un mercado laboral más formal, que contribuya al ahorro nacional, y con aporte fiscal acotado al Pilar Solidario, se considere seriamente una pensión básica universal o PGU como la base que permite la capitalización individual de todos los aportes al pilar contributivo, abandonando la idea de hacer de la previsión una fuente de financiamiento estatal, que está dañando gravemente el futuro del país.
Las objeciones de la oposición al financiamiento de la PGU propuesta por el
gobierno caerían en el oportunismo si detrás de ello
no está la genuina preocupación del nuevo gobierno por la solvencia fiscal, lo que sería muy
positivo para el país.
Este año que comienza será decisivo para el futuro de nuestro país. Por primera vez desde el retorno a la democracia gobernará una nueva fuerza política. De su capacidad de escuchar a la ciudadanía, que no es lo mismo que la calle, responder a sus demandas y llegar a acuerdos políticos que permitan avanzar en mejorar las condiciones de vida de la población dependerá su consolidación en el poder. Escuchar, responder y acordar solo se logra cuando se abandona la ideología y prima el pragmatismo. La izquierda siempre ha sido exitosa a la hora del gobierno de las ideas, pero han fracasado en el plano de la realidad. Veremos si esta nueva fuerza política tiene el talento que tuvo la Concertación para entregar estabilidad, crecimiento y desarrollo social.
La tarea no será fácil. Por lo pronto, deberán abordar en marzo el manejo de la pandemia, la crisis económica en ciernes y las consecuencias de la pandemia en salud y educación. La crisis económica afectará directamente a las familias en sus posibilidades laborales, así como también al Estado en su capacidad de recaudación. La tentación de subir impuestos para mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y financiar la ayuda social será alta, pero contraproducente con los impulsos que requerirá nuestra economía durante los próximos años. Sería un gran avance lograr un acuerdo político amplio con una mirada de largo plazo que permita definir un horizonte tributario y un camino para alcanzarlo que contemple la situación económica en el corto plazo.
Al desafío en materia económica se suman las dos principales reformas que necesitamos: pensiones y salud. El retiro de los ahorros previsionales solo logró profundizar aún más el sentimiento de propiedad privada de los ahorros en contraposición con el sistema de seguros, donde los afiliados no son dueños de sus ahorros. En salud la discusión se concentrará en si optaremos por un único asegurador estatal como en el Reino Unido o por múltiples aseguradoras como ocurre en Alemania. Ambas reformas tocan principios ideológicos que en los últimos diez años no nos ha permitido avanzar. Veremos si en ambas reformas se logra imponer el criterio utilitarista que busca el mayor beneficio para las personas o se impone la ideología que es indiferente a los resultados.
El tercer desafío, sin duda el más importante, tiene relación con la violencia política y el narcotráfico. Los actos terroristas en el sur del país que amedrentan a la población civil y la expansión del narcotráfico en nuestras ciudades y pueblos son la principal amenaza para la democracia y no estamos preparados ni remotamente para enfrentarlos con éxito.
Junto con los desafíos propios del gobierno, durante el primer semestre la Convención Constituyente presentará la nueva Constitución, que será plebiscitada durante el segundo semestre. La Convención tiene la oportunidad de abordar los desafíos democráticos del siglo XXI, diseñando una institucionalidad robusta capaz de administrar los disensos y dar gobernabilidad. No es claro que este objetivo se logre, pero ello debería estar en el centro de la discusión.
Finalmente, la principal tarea que tendrá el nuevo gobierno es recomponer el animus societatis, la voluntad de pertenecer a un mismo proyecto país. Para ello, recomponer las relaciones entre las distintas fuerzas políticas será crucial. Enfrentamos un futuro incierto, pero estoy segura que disipar esa incertidumbre para construir un futuro mejor dependerá principalmente de la reconstrucción de confianza entre las distintas fuerzas políticas.