La reservada reunión entre voceros de la toma del INDH y los consejeros que buscan poner fin a la ocupación
Los manifestantes condicionan futuras reuniones a una respuesta formal al petitorio de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 18-O. Exigen una indemnización por daño moral a cada familia de $ 30 millones y una pensión v
El viernes 31 de diciembre -a las 15 horas-, un grupo de representantes de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se reunió con tres consejeros de éste, quienes buscan una solución a la ocupación que se arrastra desde hace casi seis meses.
La cita se concretó a raíz de las gestiones realizadas por el consejero Yerko Ljubetic, a quien se le encomendó tomar los primeros contactos con los voceros de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes mantienen la toma del inmueble ubicado en Eliodoro Yáñez 832.
Hace cinco días el consejo del INDH había apostado por crear una nueva comisión para intentar entablar el diálogo. En esta se incluyó a Ljubetic, exministro del Trabajo y Previsión Social durante la Presidencia de
Ricardo Lagos; Debbie Guerra, licenciada en Historia y Geografía de la Universidad de Chile; y Branislav Marelic, exdirector del servicio entre agosto de 2016 y enero de 2018.
Al encuentro del viernes asistieron estos mismos consejeros y por parte de las agrupaciones de la toma asistió el exvocero de la ACES, Víctor Chanfreau, y representantes de un colectivo de la memoria.
En el encuentro que se realizó a través de la plataforma de Zoom y se extendió por poco más de una hora, no hubo discusión sobre propuestas ni tampoco condiciones para futuras reuniones, como lo habían planteado anteriormente voceros de la ocupación que exigieron la renuncia del director nacional del Instituto, Sergio Micco, para avanzar en cualquier tipo de acercamiento.
Sin embargo, exigieron a los consejeros del
instituto una respuesta formal al último petitorio que aborda las reparaciones a las víctimas de la represión estatal durante el denominado “estallido social” del 18 de octubre de 2019.
Según las fuentes conocedoras del caso, una vez que se entregue la contestación a la última propuesta, los miembros de la toma evaluarán si continúan o no el diálogo con el comité de negociación del instituto.
Más de $ 15.000 millones en indemnizaciones
El último petitorio de los representantes de la toma cuenta con siete páginas, y entrega un relato pormenorizado de los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 18O.
En el documento exigen una reparación integral, considerando la atención médica con terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, oculistas especializados en trauma ocular, cirujanos, neurólogos y kinesiólogos, entre otros.
“La reparación no puede ser solo para los y las sobrevivientes, sino que también para sus familiares sanguíneos y por afinidad, que han acompañado los procesos de los y las mismas sobrevivientes”, consignó el documento al que tuvo acceso La Tercera .
El objetivo es que exista un profesional por especialidad cada 3 sobrevivientes según necesidades. “Para ejemplificar, si en una provincia existen 6 víctimas de trauma ocular, necesitamos al menos 2 especialistas en oftalmología, 2 psicólogos, 2 neurólogos, y así, un sinfín de disciplinas que generen una atención integral a quienes sobrevivieron al terrorismo de Estado empleado contra el pueblo movilizado”, añadió el mismo escrito.
La presentación no sólo aborda mejoras en el sistema de salud, sino que también en el plano económico.
“Exigimos la reparación indemnizatoria por daño moral, tanto para las víctimas como para sus familias en una suma de $ 30.000.000. Por otra parte, hay quienes se han visto en la imposibilidad de trabajar, ya sea por las secuelas físicas o psicológicas que han dejado los vejámenes sufridos, deben recibir una pensión por invalidez mensual y vitalicia de $ 3.000.000, contemplando que además de los gastos que implica sostener un hogar y una familia, deben costear mes a mes los gastos de médicos, psiquiatras y psicólogos para seguir con tratamientos que serán de por vida”.
Según las agrupaciones que llevan adelante la toma del INDH, “los autores materiales de estos hechos gozan de pensiones vitalicias que les permiten tener un tranquilo pasar y por supuesto, sin ningún tipo de consecuencia por los agravios cometidos; por ejemplo, el general director de Carabineros, Mario Rozas, gozará de una pensión de $ 2.900.000 líquidos mensuales, esto por tener el máximo rango y haber ingresado a la Escuela de Oficiales de Carabineros en 1985 .
Consultada la vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, Marta Valdés, sobre el número de víctimas que debieran ser indemnizadas económicamente, relató que a su parecer serían al menos 500 las víctimas, lo que se derivaría en que el Estado con la propuesta impulsada por los voceros de la toma debería desembolsar al menos $ 15.000 millones (unos US$ 17,5 millones).
Por su parte, la vocera de la ACES, Antonia Rolland explicó que “hay al menos 400 víctimas de trauma ocular, más de 40 familias de asesinados de la revuelta sin contar a quienes sufrieron violencia política sexual y víctimas de perdigones. Sin embargo la cuenta no es oficial ya que el INDH no ha sido capaz de hacer un catastro real ya que la institución está tan poco validada que las víctimas no tienen la confianza para denunciar por la inoperancia que han tenido con los casos”.
Sin embargo, el monto podría ser muy superior a esa cifra si se considera que por su parte, el INDH ha presentado más de 3.000 querellas por violaciones a los derechos humanos durante el 18-O.
El negociador del FA
Como militante de la Democracia Cristiana, Ljubetic fue un activo defensor de los derechos humanos en dictadura y el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile entre 1984 y 1985. Su padre fue exiliado y estudió en el Colegio Seminario.
Sobrino de Iván Ljubetic, un exiliado político de Chile en la República Federal de Alemania, el dirigente tuvo activa participación en movimientos estudiantiles durante los ochenta.
En 2013, el abogado de ascendencia croata renunció a la Democracia Cristiana y hoy es militante de Convergencia Social, partido del Frente Amplio al que pertenece el presidente electo Gabriel Boric. Con una mirada crítica sobre la gestión del partido, sostuvo que la DC cumplió “un rol de obstaculizar y dificultar” los aires reformistas del segundo mandato de Michelle Bachelet con la Nueva Mayoría.
Hoy Ljubetic, a cargo de liderar la comisión de consejeros del INDH, ha centrado su misión en buscar el diálogo con cercanos a los representantes de la toma, que ocupan la sede de instituto desde el 8 de julio de 2021. ●