Plurinacionalidad, derribando mitos

Uno de los aspectos más difíciles de abordar en materia de derechos sociales y pueblos originarios en su relación con los estados, es el debate en torno a la plurinacionalidad. Ello se debe a que, en gran medida, los conceptos involucrados en esta discusión han tenido una gran carga ideológica y por ello se diluye la profundidad de su significado.

Si bien la plurinacionalidad no tiene una sola definición, se relaciona con un principio político en el que los estados que la reivindican, reconocen en su seno la convivencia de formas de organización social relacionadas a culturas tradicionales preexistentes y que constituyen parte activa de su vida social organizada.

En debates locales, se ha tratado de ligar el concepto de plurinacionalidad con la izquierda, pero recordemos los ejemplos de respeto a las diversidades en países como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda, en donde el derecho a la autodeterminación, relacionado a la pluriculturalidad, responde a matrices ideológicas liberales.

Se ha dicho también que la plurinacionalidad se opone al concepto de Estado único. Sostener eso responde a una confusión que equipara al Estado como forma de organización social, a la nación, que es la forma en cómo las personas se definen colectivamente. Se trata de dimensiones distintas. Existen suficientes ejemplos de autonomía en el mundo que demuestran que el reconocimiento a la diversidad es un bien público garantizado y resguardado por el Estado, como ocurre en España o Suiza.

Algunos sostienen que es una materia de interés solo de investigadores o intelectuales, sin entender que se trata de la concreción de una necesidad que ha sido plasmada en países con alta población indígena y surge como respuesta a políticas etnocidas que han apuntado a la integración como única forma posible de relación social.

Evidentemente, el reconocimiento de un país en su carácter plurinacional tiene implicancias políticas y administrativas. Políticas en tanto un reconocimiento explícito impedirá cualquier decisión del poder en orden a invisibilizar nuevamente a poblaciones que ya han sido suficientemente negadas, como ha ocurrido en el pasado, llegando al absurdo de declarar el fin de poblaciones indígenas por decreto. Administrativas, pues generará la obligatoriedad del Estado de adecuar su funcionamiento institucional a las necesidades de las diversas identidades culturales que coexisten en el seno de la República.

La plurinacionalidad implica una posición de respeto a las formas tradicionales relacionadas al libre ejercicio de derechos sociales como el uso libre de los idiomas tradicionales, la administración de justicia en concordancia con las disposiciones generales y la cosmovisión, las prácticas de formas de economía comunitaria, etc. Por ello, más allá de su valor declarativo, la plurinacionalidad adquiere un valor significativo, pues implica el reconocimiento del Estado por las diversidades existentes en el territorio, y compromete acciones para su resguardo y promoción.