El enorme desafío que la Convención tiene por delante

La conmemoración de los seis meses de existencia de la Convención Constitucional (CC) estuvo marcada por la incómoda polémica que generó la renovación de su mesa directiva, un proceso que estaba contemplado en los reglamentos y que se suponía fluiría sin mayores dificultades. Lejos de ello, fueron necesarias nueve votaciones y más de 18 horas de deliberación- hasta que se logró formar la mayoría de 78 votos en torno a la nueva presidenta, la convencional María Elisa Quinteros, representante de los Movimientos Sociales, para luego elegir al vicepresidente, Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales (INN). Con ello se reemplazó a la mesa que en esta primera etapa lideraron Elisa Loncón (pueblos indígenas) y el abogado Jaime Bassa (Frente Amplio). También se eligió a cinco de las siete vicepresidencias de la mesa ampliada, pues las otros dos siguen pendientes por diferencias internas al interior de los partidos de derecha; también buscan un cupo los representantes de Pueblo Constituyente.

Ciertamente un episodio como el que se presenció esta semana ha causado preocupación, porque lo que finalmente queda en limpio es que al interior de la Convención existen ciertos núcleos intransigentes, dispuestos a tensionar las negociaciones con tal de lograr sus objetivos, y una carencia de estructuras que permitan ordenar las negociaciones, sin necesidad de llegar hasta estos extremos. No cabe duda de que la Convención, como cualquier órgano político, debe llevar a cabo negociaciones para disputar los espacios de poder, y el hecho de que existan múltiples colectivos, cada uno con su propia individualidad, hace más compleja la tarea de llegar a acuerdos. Lo que ha llamado la atención entonces de este proceso no ha sido el hecho de tener que negociar cargos, sino las inusuales dificultades para llegar a un entendimiento y la impericia que se observó a lo largo de las extensas y agotadoras negociaciones. Esto además ocurre en un momento donde la confianza ciudadana en la tarea de la Convención ha venido decayendo, por lo que este desafortunado episodio probablemente profundiza esta distancia.

Desde el punto de vista de los equilibrios políticos, nuevamente quedaron a la vista las diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no obstante ser ambos el eje de la futura coalición de gobierno, en la Convención en general no han logrado articularse, lo que esta vez se reflejó en que desde el inicio hasta el final de la jornada apoyaron candidaturas diferentes para presidir la Convención. Parece cada vez más claro que decanta una alianza entre el FA y el colectivo socialista, además de los INN, mientras que el PC parece encontrar su núcleo con representantes de pueblos originarios y movimientos sociales. Será interesante observar cuál fuerza tomará protagonismo al momento de discutir los contenidos de la Constitución.

A lo largo de estos primeros seis meses, la Convención ha logrado hitos importantes. Desde luego, el solo hecho de haberse logrado constituir ya supone un paso relevante; en poco tiempo los convencionales fueron capaces de organizarse en comisiones y generar los distintos reglamentos que les han permitido darse una orgánica, lo que se consiguió en un tiempo razonable. Ha sido también notorio que las posturas más extremas, si bien se han hecho escuchar gracias a su poder mediático, no han terminado prevaleciendo hasta aquí, tal como se pudo ver en la regla fundamental de dos tercios para la aprobación de normas que, a pesar de los intentos por boicotearla, terminó siendo respaldada por más de los dos tercios.

La Convención ya resolvió hacer uso de la prórroga por tres meses, con lo cual se tomará el máximo de plazo de que dispone (doce meses) para llevar a cabo su tarea. Esto quiere decir que en los seis meses que restan deberá tener lugar un trabajo bajo mucha presión para poder cumplir con los plazos, exigencia que se ve incrementada porque en mayo ya debe entrar a operar la comisión de armonización, lo que en la práctica significa que los convencionales deberán entregar sus propuestas constitucionales no más allá de abril.

En estos escasos meses deberán tratarse materias tan complejas como el régimen de gobierno, el tipo de Congreso, la institucionalidad que regirá los recursos mineros y las aguas, el marco que regulará a los pueblos originarios, en fin, materias de alta sensibilidad y en torno a las cuales será necesario construir grandes acuerdos. La incómoda duda que quedó planteada en la jornada del martes es si ante las dificultades para ponerse de acuerdo en la nominación de cargos, estas diferencias y atrincheramientos podrían verse amplificados cuando se trate de discutir párrafos completos o frases complejas de la nueva Constitución.

Lo estrecho del tiempo no entrega margen para que las negociaciones se dilaten indefinidamente. La nueva mesa de la Convención tendrá la exigente tarea de convertirse en un articulador entre las distintas visiones para producir dentro de los plazos establecidos un texto que despierte amplia adhesión. Con la confianza menguada, núcleos intransigentes y plazos acotados, la tarea no se avizora sencilla, pero probablemente el tono conciliador que han mostrado la nueva presidenta y el vicepresidente, así como el hecho de que ambos no provengan de los ejes políticos que tradicionalmente han dominado la Convención, podría facilitar la tarea de construir puentes. En el tiempo que resta los convencionales deben tomar conciencia de la responsabilidad que tienen sobre sí, y la importancia de no defraudar las expectativas ciudadanas en este proceso.

El tortuoso proceso para renovar la mesa de la Convención dejó una sensación preocupante, pues abre interrogantes sobre la

capacidad para tejer acuerdos. La nueva mesa deberá desplegar ingentes esfuerzos articuladores para

cumplir dentro del plazo.

Ya sabíamos que venían tiempos difíciles para Chile, pero es distinto confirmarlo con evidencia y detalle. Eso es lo que permite la publicación de los resultados de la Encuesta Bicentenario UC, que dibuja un panorama marcado por el pesimismo y la incertidumbre. Por poner algunos ejemplos, la percepción de distintos conflictos en el país ha aumentado de forma significativa, y al clásico entre ricos y pobres, se le suman con dramático protagonismo aquel entre mapuches y el Estado, y entre inmigrantes y chilenos. En paralelo, ha crecido de forma importante la idea de que en Chile hay niveles de violencia que pueden amenazar el orden institucional, al mismo tiempo que aumenta su legitimidad como herramienta de demanda. La contracara de esto es la disminución de la legitimidad del Estado para ejercer la fuerza y controlar un orden público sin el cual no será posible construir nada. El telón de fondo de todo esto es la ya conocida desconfianza en nuestras instituciones, que contrasta con la muy alta percepción de que es urgente alcanzar condiciones de vida dignas para todos. ¿Cómo lograrlo si las instancias a cargo tienen una aprobación ciudadana en el suelo?

Pesimismo sobre el presente, pero también desapego del pasado, pues vemos procesos de desidentificación con los símbolos patrios y de disminución del orgullo con nuestra historia y nuestra democracia. No estamos cómodos tampoco con nuestro modo de ser, y aunque esto pueda ser algo circunstancial, ilustra el nivel de profundidad de este tiempo de crisis que, para bien o para mal, atraviesa Chile. Lo curioso es que esto se acompaña de una cierta esperanza que es, sin embargo, sumamente precaria. Pues en el contexto de una baja valoración de nuestras instituciones y nuestra trayectoria, y de sensación de incertidumbre y vulnerabilidad sobre el presente, esa esperanza descansa únicamente en los procesos políticos en curso, particularmente en el trabajo de la Convención Constitucional, que goza nada menos que de la misma aprobación que Carabineros. Es como si en ella se hubieran depositado todas las expectativas de mejora, sin que existan otras instancias que permitan distribuir mejor los tiempos y espacios de exigencia de respuestas. La presión que ella tiene entonces es enorme y no le deja margen de error. Porque ya sabemos que a esta ciudadanía pesimista la caracteriza también una paciencia colmada.

Los resultados de esta encuesta plantean desafíos de primer orden para quienes dirigen el llamado nuevo ciclo político, que tendrán que administrar un contexto entremezclado de temores, anhelos, desapegos y conflictos. Pero para lograrlo con éxito se requiere ejercer sin incomodidad la autoridad de los cargos ganados y abandonar las lógicas autocomplacientes que hemos visto los últimos días. La Convención Constitucional, que lidera el proceso sobre el cual más expectativas tiene esta ciudadanía impaciente, tiende a sumirse en la contemplación de sí misma, fascinada por su novedad e incapaz de formular autocríticas. No necesitamos líderes que se victimicen por acciones comunicativas en contra o por el patriarcado, ni que se jacten de realizar una supuesta democracia en tiempo real mientras despliegan una política facciosa que solo la impulsa la disputa vacía por el poder. Lo que urge es una política sobria y humilde que pueda cumplir con la tarea acotada, pero fundamental, que se le ha encomendado. Es la única garantía para que ese futuro tan esperado no choque violentamente con la realidad.