Capitalismo a la chilena

En 2016, Hernán Büchi anunció que se iba de Chile. “Me voy por la falta de seguridad jurídica”, anunció, molesto por las investigaciones contra SQM, empresa de la que era director. Curiosa explicación: mientras SQM repartía platas negras a políticos, estaba todo bien. Investigar esos delitos, en cambio, atentaba contra la “seguridad jurídica”, un concepto que en ciertos círculos más bien significa impunidad asegurada.

La relación entre Büchi y el zar del litio Julio Ponce venía desde la dictadura, cuando el primero era ministro de Hacienda, y el segundo, yerno de Pinochet. Ambos coincidieron en SQM y Endesa, por ese entonces empresas estatales. Büchi fue el impulsor del “capitalismo popular”, que prometía convertir las empresas públicas en propiedad de sus trabajadores. Al final, no fue más que una cortina de humo para que esas empresas pasaran, a precio vil, a manos de los favoritos del régimen. El principal beneficiado fue el propio Ponce, quien salió de la dictadura de su suegro con SQM, hasta entonces propiedad de todos los chilenos, en su bolsillo.

Ponce le devolvió la mano a Büchi. Fue un generoso financista de su campaña presidencial en 1989. Y, luego, lo invitó a ser director de la ahora privada SQM.

Desde entonces, el exministro acumula una amplia cartera de directorios en conglomerados como Luksic y Solari. Suele figurar en los ranking como el director mejor pagado del país, con honorarios de más de 600 millones de pesos anuales.

Tras anunciar su éxodo, lo que en verdad hizo Büchi fue fijar su residencia tributaria en Zug, un cantón suizo conocido por sus bajas tasas de impuestos, mientras mantenía sus directorios en Chile.

Ese mismo 2016 entró en vigor la ley que prohíbe el interlocking: en simple, que la misma persona pueda ser director de dos empresas que compiten entre sí. Es de una mínima lógica: si los supuestos competidores son manejados por las mismas personas, que comparten información acerca de sus planes y estrategias, lo que hay está muy lejos de la competencia y muy cerca de la colusión.

La evidencia en el caso de Büchi era pública: el mismo que protestaba por la “inseguridad jurídica” era director en paralelo de empresas competidoras. Por cinco años, la ley fue letra muerta. Recién en los últimos días, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a Falabella, Banco de Chile y Consorcio Financiero por compartir a Büchi como director. Luego, hizo lo mismo con Juan Hurtado Vicuña, director al mismo tiempo de LarraínVial y Consorcio Financiero.

El tema apunta al corazón del capitalismo a la chilena: un sistema en que el compadrazgo y las colusiones, implícitas o explícitas, campean.

El economista Luigi Zingales dice que “Chile es un país pequeño que comenzó desde un inicio con una alta riqueza concentrada y, luego, permitió que muchos conglomerados concentraran el poder económico aún más. Entonces, cuando el poder económico está súper concentrado, la colusión es inevitable”.

Las evidencias están a disposición de quien quiera verlas, con mercados concentrados en casi todas las áreas de la economía. En varios de ellos se ha probado la existencia explícita de colusión.

Según el centro de estudios de Evópoli, Horizontal, los hogares más pobres, los más indefensos ante estas prácticas, gastan más de la mitad de su presupuesto familiar en mercados “en los cuales existen indicios o evidencia de falta de competencia”.

Ocurre en el gas licuado. Abastible, Lipigas y Gasco se reparten el mercado con distribuidores exclusivos, a los que “amarran” para evitar que puedan buscar precios más bajos. La FNE calcula que las familias chilenas pagan un sobreprecio de 15% por cada balón de gas que compran. El resultado es que cada año pagamos en exceso 181 millones de dólares, que van a los bolsillos de los dueños de estas tres empresas.

Otro caso: la Clínica Alemana acaba de anunciar que activará su propia isapre, pese a que desde 2005 está prohibido por ley que las aseguradoras sean dueñas de clínicas, una práctica llamada “integración vertical”.

Pero en el capitalismo a la chilena, hecha la ley, hecha la trampa. Clínica Alemana anuncia que la isapre funcionará a través de una matriz, eludiendo así la legislación, tal como lo hacen prácticamente todas las aseguradoras. Según un estudio de 2017, Banmédica y Vida Tres tenían los mismos dueños que las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bío Bío, el prestador Vidaíntegra, y el servicio de emergencias Help. Lo mismo ocurre con Consalud, Cruz Blanca y Más Vida, todas propietarias de una nutrida red de clínicas y prestadores de salud.

Todo este esquema se ha formado bajo las narices de legisladores y fiscalizadores. El superintendente de Salud se limitó a aplaudir el anuncio de la Alemana, diciendo que “vemos con muy buenos ojos” la nueva isapre.

¿Cuál es la consecuencia para los chilenos? Los economistas Ignacio Cuesta (Stanford), Benjamin Vatter (Northwestern) y Carlos Noton (Universidad de Chile) estudiaron cómo esta integración distorsiona la competencia. Concluyeron que, como las empresas tienen un obvio incentivo para llevar a sus clientes a sus propias isapres y clínicas, y evitar que vayan a otras, negocian precios más altos con el resto de los prestadores. Así, los chilenos están pagando de sus bolsillos unos 94 millones de dólares adicionales debido a la falta de competencia provocada por la integración vertical.

“La competencia -dice Zingales- es el ingrediente clave que hace que el capitalismo funcione para todos”. Una competencia que tantos capitalistas chilenos proclaman defender, sólo para terminar haciendo exactamente lo contrario: coludirse, compartir directores con sus supuestos competidores, integrarse verticalmente, repartirse el mercado entre compadres, y entender la “seguridad jurídica” como impunidad para saltarse las reglas.

En resumen, haciendo que el capitalismo funcione sólo para algunos. Para los amigotes de siempre.

Doctorada en salud pública, feminista y vegetariana, hija de una profesora de filosofía, la nueva presidenta de la Convención Constitucional viene de Talca. De niña se vinculó con los trabajos voluntarios y hoy cree que es hora de aprender a colaborar respetando las diferencias.

Su nombre no era muy conocido más allá de los jardines del ex Congreso Nacional. Pero tras la larga noche del martes 5 y madrugada del miércoles 6, cuando la elección de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional parecía entregada a un fracaso, la candidatura de María Elisa Quinteros fue capaz de lograr consenso. Eventualmente, uno de los pocos lugares donde el triunfo de la odontóloga vegetariana y feminista, especialista en salud pública, no resultó sorpresivo fue en Talca, en su hogar materno.

-Tal vez porque es mi mamá y me conoce, ella me tenía fe. Sabe que tengo ese espíritu dialogante, conversador, sencillo. Hace tres meses ella me decía ‘no te metas a ser presidenta, porque si ahora no te vemos, después va a ser peor’. Pero claro que hay orgullo -cuenta.

Crecida en una familia liderada por una profesora de filosofía, con padre ausente, María Elisa Quinteros (Talca, 1981) protege su espacio familiar, que ha debido postergar desde que asumió como convencional constituyente por el distrito 17 en la lista de la Asamblea Popular por la Dignidad. Su entorno más íntimo lo completan su hermano y dos sobrinos pequeños, a quienes dedicó su discurso de presentación en la Convención. “Hoy estoy aquí por mi sobrinita y mi sobrinito, y por todas las generaciones que vienen para construir una sociedad éticamente sustentable”, dijo en octubre.

De algún modo, la dimensión ética y el sentido de responsabilidad fueron parte de su caja de herramientas en un hogar donde tuvo que autovalerse con su hermano. También el sentido de comunidad, dice: la niñez en los años 80, cuando los vecinos solían sentarse en la puerta a conversar, compartían el único teléfono del barrio y el almacén de la esquina les daba fiado.

Alumna de un colegio de monjas, desde niña participó en trabajos voluntarios y esa vocación la llevó, más tarde, a trabajar ocho años en asistencias públicas del borde costero de su región. Allí, dice, pudo constatar las precarias condiciones de vida de la gente: “Eso va moldeando esta forma de ver la vida, que no tiene que ver con el capitalismo y el comunismo, tiene que ver con la realidad de las condiciones sociales que determinan la salud de las personas”.

Se doctoró en Salud Pública en la Universidad de Chile con una tesis que recibió el premio internacional Thesis of the Year: en ella exploró cómo la contaminación del aire puede afectar a las mujeres embarazadas y a sus hijos recién nacidos. Cuando regresó como académica a la Universidad de Talca, se integró a la red de medioambiente del Maule y, tras el estallido social, se unió a la Asamblea Popular.

Asociada al colectivo Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), una vez electa se integró a la Comisión Transitoria de Ética, donde conocieron su tono de voz calmo, su estilo de trabajo riguroso y su búsqueda de acuerdos. Esas cualidades resonarían la madrugada del miércoles 6, cuando la candidata favorita, la científica Cristina Dorador, también de MSC, bajó su postulación tras ocho votaciones y a solo seis votos de lograr el mínimo necesario para presidir la mesa (llegó a 72 de 78).

La sesión se retomó el miércoles a las 15.00 y para entonces María Elisa Quinteros asomaba como una opción de consenso: logró los 78 votos con el respaldo de su colectivo, Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional, escaños reservados, Independientes No Neutrales (INN), Chile Digno e independientes. No se sumaron el Frente Amplio ni el Colectivo Socialista. Enseguida, el médico Gaspar Domínguez (INN) alcanzó la vicepresidencia, con holgados 122 votos.

Para algunos la dificultad para lograr acuerdos en esta elección podría ser indicativa de una dificultad para alcanzar acuerdos en materia constitucional. ¿Cree lo mismo?

Creo que es un reflejo de una sociedad muy dañada que no ha tenido espacios de deliberación, de conversación política. Recordemos que está vetado socialmente hablar de política, religión y fútbol en la mesa. La dictadura fue algo muy duro para este país, cambió mucho la forma de relacionarnos, y eso tiene repercusiones. Creo que también tenemos la labor de ayudar a sanar, y en ese sentido el no consensuar, el demorarnos, es una dinámica sana de lo que debiera ser la democracia en el país y no verlo como que no podemos ponernos de acuerdo. Yo creo que son los tiempos que necesitamos para lograr acuerdos. Si las personas han participado en asambleas horizontales de villa, de población, saben que uno puede estar todo el día y no lograr consensos, y en la otra reunión se sigue. En nuestra asamblea nos pasó un montón

de veces. Pero la gente no tiene cultura de participación, recordemos que la tasa de participación es muy baja en organizaciones sociales del país.

A partir de lo que pasó el martes y el miércoles, se ha escuchado a algunos constituyentes decir que ven difícil alcanzar los dos tercios cuando se empiecen a discutir las normas. Desde su mesa, ¿qué va a intentar hacer para que con esa fragmentación se pueda llegar a un acuerdo expedito?

Difiero un poco de las personas que dicen que es negativo, que estamos fragmentados. Creo que ahora estamos mucho más unidos, y después de esa acumulación de tensión de las ocho, nueve votaciones que tuvimos, finalmente se liberó esa energía de la forma más armónica posible, que fue el consenso. Yo he recibido cariño de muchos sectores, he tenido oportunidad de conversar con gente que nunca había conversado de otros sectores políticos, conversaciones muy amables. Yo soy muy introvertida, muy de ver, de escuchar, y uno nota cuando las cosas son falsas. Pero hasta ahora no me ha pasado en la Convención. Creo que tenemos que aprovechar esta presidencia de consenso. Respecto de cómo vamos a trabajar, hemos conversado con el vicepresidente Gaspar Domínguez y con la mesa ampliada tenemos prioridades, claro. La primera es lo comunicacional; la mesa anterior hizo un trabajo tremendo, maravilloso, de sacarnos a flote con todas las dificultades que tuvimos al inicio; entregarnos este segundo tiempo con una orgánica, formas de trabajar definidas, las conversaciones con el gobierno son fluidas. Sin embargo, no alcanzaron a profundizar mucho más en lo comunicacional. No es por falta, no es por desdén; antes no teníamos un equipo de comunicaciones. Estamos viendo estrategias de cómo llevar este proceso cerca de la gente. Es el primer desafío. La consulta indígena es algo prioritario, que hay que destrabar, porque necesitan tiempos, y tiempo no tenemos. Y lo tercero tiene que ver con el plebiscito de salida. ¿Cómo informamos las normas que hemos consensuado en este espacio cotidiano?

El vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que si la Constitución sale mal, incluso él mismo la rechazaría. ¿También diría lo mismo?

Lo que yo sé es que esa cuña fue sacada de contexto, lo hablé con el vicepresidente. Entiendo que Comunicaciones habló con la fuente para que pusieran las cosas en contexto. Y aunque no es lo que él dijo, yo no pienso así. Creo que esto va a fluir, vamos a llegar a la gente, porque nosotros como asamblea tenemos mucha calle y llegamos donde los medios no llegan.

¿Cómo afectaron a la Convención los líos internos, por ejemplo, el caso de Rodrigo Rojas Vade?

Por supuesto lo de Rodrigo Rojas fue terrible, fue muy negativo. Fue también muy duro para los compañeros de la Lista del Pueblo. Para nosotros también fue un remezón. Claramente, tiene repercusiones, sobre todo en la credibilidad, pero también recuerda que hay un discurso negativo instalado desde el inicio hacia la Convención. No es que el caso de Rodrigo haya sido el detonante, hay un discurso previo, un tema de dinero, de enriquecimiento que tiene que ver, en mi humilde opinión, no como presidenta, con la desafección política. Yo siempre he dicho ustedes, compañeros, compañeras de asamblea, nos tomaron, nos dejaron y se fueron; pasamos a ser políticos y políticas igual que todo el resto. Entonces entramos también a sufrir de la misma desconfianza que existe con la clase política.

Evidentemente hay un tema que tiene que resolver el Congreso, para que finalmente Rodrigo Rojas pueda renunciar y no se siga pagando un sueldo. ¿Este tema es una prioridad también para la mesa?

Sí, bueno, en estos días he tenido reuniones para lo contingente, que son las tres cosas que mencioné. Este es un tema que, al igual que la visita del Presidente, tenemos que decidir con la mesa ampliada. Esta presidencia y vicepresidencia de consenso queremos hacer de verdad que sea una decisión colectiva. Nos faltan todavía dos vicepresidencias que se integren. Entonces yo no podría decir qué vamos a hacer, qué no.

¿Se refiere a la probable visita del Presidente Piñera? ¿Le gustaría reunirse?

Mi postura es que es una decisión colectiva. Lo que dije en televisión es que es complejo que él venga, es complejo para la dinámica interna; ir a La Moneda no lo descarto, pero es una decisión que tenemos que tomar como mesa.

¿Es una preocupación también para ustedes que la derecha se sienta parte del proceso y más aún ahora que comienza el debate de las normas?

Sí, por supuesto. La Convención es un reflejo de la sociedad, no perfecto, pero el sector de derecha existe. Yo tengo muchos amigos y amigas que son de derecha y no por eso no nos juntamos, no dialogamos, no nos ayudamos. Mi interés, mi sentir, es dejar de ver dos polos y reconocer que ese pluralismo es parte de la sociedad y que tenemos que aprender a convivir y dejar de denostarnos unos a otros solo por pensar distinto. Y vuelvo a lo del inicio, que es producto de la historia del país. En otras sociedades no es así, uno no anda pegándole al que piensa distinto. Conviven armónicamente dentro de ciertos límites, por supuesto. Desde mi cargo he impulsado en mi región las cuentas populares constituyentes de todos los sectores. Primero fue una iniciativa del distrito 17, de Elsa Labraña, y de ahí se extendió a la región. Eso es un reflejo de mi forma de ver las cosas: tenemos que trabajar en conjunto, pese a las diferencias políticas o los puntos de vista distintos. La gente está aburrida de las peleas, quiere vernos trabajando unidos y unidas.

En su primer punto de prensa usted dijo estar dispuesta a pedir una prórroga a la Convención más allá de los 12 meses. ¿Por qué cree que es necesario?

La prórroga está supeditada a las necesidades del pleno. Es decir, si el pleno decide que tenemos que prorrogar esto, nosotros como mesa tenemos que hacer lo necesario para darle cumplimiento, si las justificaciones son las adecuadas. Como constituyente, me hace mucho sentido que sea la participación lo que vamos a extender, porque necesitamos aumentar la participación, necesitamos que la gente esté interesada, que esté conversando en el almuerzo lo que nosotros estamos haciendo y deliberando con nosotros. Y si eso necesita más tiempo y en el pleno se decide así, nosotros como facilitadores del proceso constituyente tenemos que ver las formas de pedirlo al Congreso.

¿Cuáles van a ser los márgenes de su relación con el gobierno del presidente electo?

Son poderes distintos. Este es un poder hasta ahora único en democracia, con todas las calificaciones, paritario, plurinacional, descentralizado, etc. Cuando hablé con él por teléfono, me expresó nuevamente lo de la autonomía, y eso para mí es fundamental. Acá el gobierno está al servicio de este poder, en el sentido de lo que establece el Acuerdo por la Paz. Yo no puedo exigirle cosas que no están reguladas por ley. Entonces el gobierno tiene que proveernos todo lo que necesitemos para funcionar y ojalá esa comunicación sea lo más fluida, rápida, eficiente posible. Acá nosotros somos representantes de las personas y tenemos un deber, una misión concreta, que es establecer una propuesta de Constitución para los pueblos de Chile.

En el caso de los presos de la revuelta, ¿usted es partidaria de indultarlos a todos?

Es una de las demandas de nuestra asamblea. Porque hay

que reconocer que en el estallido social hubo bastante represión y se aplicaron leyes muy estrictas

La Ley de Seguridad del Estado.

Claro, hubo una excesiva aplicación del poder del Estado. Y por supuesto son personas que han sufrido mucho y en muchos casos no hay pruebas; han pasado dos años de su vida en prisión. Es otro tema que tenemos que ver como Convención, las condiciones carcelarias, cómo funciona el sistema judicial. Todo eso que está debatiendo la comisión correspondiente. Entonces, un poco de empatía. Hay también un proyecto de ley, aprovecho de extender mi solicitud al Congreso como constituyente, porque pueden lograr un acuerdo y destrabar todo esto. Hay familias que están sufriendo. Que la ley resuelva lo que corresponde, pero gente contra la que no hay pruebas, el sentido común me dice que no debiesen estar en prisión.

¿Qué piensa de quienes participaron en saqueos o incendios?

Ahí hay otro fenómeno. Preferiría no responder, porque me falta profundidad, hay una explicación desde la sociología para estos tiempos convulsos de estallido social, pero prefiero no ahondar.

Usted promueve la idea de una EcoConstitución: concretamente, ¿qué significa? ¿Busca cambiar el modelo de producción?

La EcoConstitución busca relevar la importancia de la naturaleza como parte trascendental de la vida humana, en una relación de dependencia. Yo soy epidemióloga ambiental, no puedo ver las cosas de otra forma, porque estudio los efectos negativos o positivos de la naturaleza o la contaminación en la salud. Más específicamente embarazo, parto, recién nacido. Entonces no puedo decir no, no importa, si yo sé, yo lo estudio, veo que depende mucho el curso de vida de la persona de cómo es su entorno. Este modelo económico es extractivista, entonces llegado un punto cómo vamos a mantener esa relación de dependencia con la naturaleza y que nos permita estar bien, saludables. Hay mucha evidencia de la relación entre salud y naturaleza, están los baños de bosque, en Escocia se prescriben terapias de caminar en parques. En las distintas comisiones van a ver modelos de desarrollo, ahí se va a determinar. Y quiero aclarar que la función de presidencia y vicepresidencia es conducir el proceso, no es definir qué va a quedar o no en la Constitución. Eso lo define el pleno. Y respecto del modelo económico, hay que ver formas diferentes, innovar. Hay ejemplos en otros países, Holanda, por ejemplo, que van migrando porque están reconociendo esta dependencia, y sabemos que toda la crisis climática es antropocéntrica, somos nosotros los responsables.

¿Cómo toma las críticas de ciertos constituyentes de derecha por su posición a favor del aborto?

Yo respeto la vida humana, pero no puedo desconocer la realidad desde el punto de vista de la salud pública. El aborto existe, está documentado. Sabemos que hay subestimación de la cantidad de abortos en el país. Y, claro, hay un tema moral, ético, y son las sociedades quienes consensúan eso. Desde el punto de vista de la bioética, no hay una definición de hasta cuándo, pero eso hay que consensuarlo. El punto de vista de salud pública es que el aborto existe, pero el problema viene porque las personas que tienen dinero pueden abortar en condiciones seguras y las pobres tienen que abortar con todos los riesgos que eso involucra. Entonces, para no facilitar esto previamente, por supuesto, necesitamos una educación sexual integral, que es una deficiencia del país, porque en el colegio no nos enseñaron más que lo biológico. La sexualidad no se nos enseña. Que no sea la última opción conseguirse las pastillas en internet e ir a donde la señora y después llegar a la urgencia. Y lo peor es que llegan por urgencia y pueden ser denunciadas, pero la persona que tiene los recursos se puede ir a otro país donde el aborto es legal. Y esto es una realidad. Entonces, claro, vivamos la espiritualidad de la religión como cada uno quiera. Eso también es parte de la sociedad. Pero tenemos que tener en consideración esto, que hay desigualdad y esa desigualdad mata y expone a las mujeres que no tienen dinero.

Lo que dije es que es complejo que él (el Presidente) venga; ir a La Moneda no lo descarto, pero es una decisión que tenemos que tomar como mesa.