Quinta presidencia de Daniel Ortega
La consolidación de esta autocracia es un duro golpe para la región y sus principales organismos, que fueron incapaces de impedir que un gobierno acusado de graves violaciones a los derechos humanos continúe en el poder.
Este lunes Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua, ha iniciado su quinto mandato -el cuarto consecutivo-, el cual logró renovar gracias a una efectiva política represiva que logró aplacar a la oposición -envió a la cárcel a sus principales detractores políticos, y logró dejar fuera de carrera a Cristiana Chamorro, que en su calidad de principal figura de la oposición habría tenido buenas posibilidades de desbancar a Ortega-, sofocando además el ejercicio de la prensa libre, lo que se tradujo en que importantes representantes del periodismo nicaragüense -también destacados intelectuales- tuvieron que partir al exilio.
La consumación de esta farsa electoral -Ortega fue reelecto con el 75% de los votos- constituye un severo retroceso para la región, cuyos gobiernos e instituciones fueron incapaces de impedir que Ortega y su mujer, Rosario Murillo -quien oficia como vicepresidenta- pudieran consolidar esta autocracia, a pesar de las gravísimas denuncias de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre un régimen que en los hechos ha devenido en una dictadura, al cooptar los principales poderes del Estado y sembrando el terror entre sus opositores.
A pesar de que varios gobiernos de la región se han negado a reconocer la validez de estas elecciones -Chile entre ellos-, vergonzosamente un grupo de naciones continúa cerrando filas con Ortega, entre los que se cuentan los regímenes de Venezuela y Cuba, dictaduras también acusadas de graves atropellos que no solo han brindado su respaldo político al régimen nicaragüense, sino también le han prestado soporte, algo que también han hecho Rusia y China, confirmando que en el caso nicaragüense hay también de por medio una soterrada disputa internacional, pues Estados Unidos y la Unión Europea han implementado una serie de sanciones en contra del régimen, aunque sin mayor éxito.
Particularmente decepcionante resulta el hecho de que dos de las principales democracias regionales -México y Argentina- también haya evitado condenas expresas a dicho régimen. El gobierno de Alberto Fernández a última hora evitó enviar una delegación al cambio de mando, mientras que el Presidente de México, en su habitual conferencia de prensa diaria, desautorizó el mismo lunes a su Cancillería y dejó abierta la posibilidad de enviar un representante, si bien de rango diplomático inferior, bajo el argumento de que México debe respetar la autonomía de los países.
Las evasivas de Fernández se ven amplificadas a raíz de que recientemente asumió la presidencia pro tempore de la Celac, organismo regional cuya inutilidad y sesgo queda de manifiesto ante el silencio que ha mantenido en relación con Nicaragua. Fernández reiteró que “la Celac no nació para oponerse a nadie, ni para inmiscuirse en la vida política de ningún país”, lo que anticipa que la entidad seguirá con su bochornoso silencio.
Chile ha sido hasta ahora una voz crítica de lo que ocurre en Nicaragua, y frente a los hechos consumados cabe esperar que el siguiente gobierno mantenga esta línea. Si bien el presidente electo ha sido especialmente crítico con el régimen de Ortega, su principal aliado, el Partido Comunista, defendió la legitimidad de dichos comicios -sin perjuicio de que algunas de sus figuras se desmarcaron de dicha declaración-, lo que podría ser una futura fuente de roces al interior de la coalición gobernante.