Fiscal regional de La Araucanía: “La violencia rural es el problema de Seguridad Pública más relevante del país”

Roberto Garrido, persecutor jefe en la denominada “zona roja”, pide una mayor inyección de recursos a las policías para las indagatorias de ilícitos que van al alza. Dice que los grupos que efectúan estos ataques cuentan con colaboración y revela reunione

Roberto Garrido Bedwell (45) fue escogido, el 1 de junio de 2021, como fiscal regional de La Araucanía. Ya son seis meses en un cargo complejo, y sobre el cual pesan los ojos de la opinión pública a raíz de los hechos de violencia rural que afectan a la zona, tal como al Biobío y, en menor medida, a Los Ríos.

La experiencia de Garrido con el accionar de los grupos radicales que perpetran hechos delictuales en el área, eso sí, es de más larga data. Son 20 años de trabajo en el Ministerio Público de La Araucanía, donde llegó en 2002, un año después de titularse.

En su primera cuenta pública, el fiscal regional reveló que los delitos por violencia rural han recrudecido, aumentando un 36% en 2021, en comparación con 2020, y un 132% en relación a 2019. En ese contexto, Garrido explica a La Tercera lo que, cree, son los motivos tras el incremento de estos ilícitos, las características de los grupos radicales y la prioridad que debiera tener este tema para las autoridades. Además, revela un preocupante vínculo de colaboración entre organizaciones chilenas y argentinas.

¿A qué obedece esta alza de casos delictuales ligados a la violencia rural?

Este es un conflicto con manifestaciones que escapan a las atribuciones del Ministerio Público. Tiene un origen político y yo creo que el tiempo que va pasando sin solución es lo que va implicando el aumento de la violencia. Creo que también se cruza con otro fenómeno que es transversal a la sociedad, que es el aumento de hechos de violentos, como los homicidios.

¿Qué elementos contribuyen a que aumenten estos delitos?

Hay un factor que hemos podido determinar y que hemos acreditado, que es lo que nos corresponda como Ministerio Público, y es la asociación de este tipo de hechos con otros delitos, como el tráfico de drogas, armas y municiones; el cultivo de sustancias psicotrópicas, los robos con violencia e intimidación. Esos factores son los que van contribuyendo a generar una mayor sensación de violencia. Pero también está aparejada con la actuación del Ministerio Público y las policías, que ha implicado lograr mayor eficacia en la identificación de las personas que participan en estos hechos, traduciéndose en mayor cantidad de personas privadas de libertad (68), lo que genera, por otro lado, actuaciones violentas como respuesta a la acción del Estado en esta área.

Ud. mencionó un vínculo de la violencia rural con los delitos comunes. ¿Qué tan fuerte es el nexo entre narcotráfico y los grupos radicales que operan en La Araucanía?

Lo hemos podido demostrar, al menos, en una causa, con imputados condenados y detenidos, donde se evidencia que la oferta para la adquisición de armamentos y municiones tenía como contraprestación la entrega de marihuana. Esto demuestra que estas armas, que están en manos de los grupos más radicalizados, no solo se obtienen con dinero, sino también con droga. Hay un aumento progresivo en la relación entre el narcotráfico y los hechos de alta connotación de violencia rural. Otro elemento importante es que muchas personas detenidas por delitos comunes después son reivindicadas en atentados. Robar una camioneta, asaltar un local comercial, no dice relación con una reivindicación de derechos ancestrales.

¿Cuenta la Fiscalía de La Araucanía con los recursos necesarios para enfrentar estos delitos?

Hemos tomado algunas medidas para abordar la escasez de recursos, como la centralización del turno, unidades de primeras diligencias, liberando fiscales para que puedan abocarse a la investigación a los fenómenos delictuales de violencia rural. Vamos a incorporar dos fiscales más en esta área, también una coordinación interregional, pero no sacamos nada con aumentar la cantidad de fiscales si las policías no cuentan con los medios suficientes, con los equipos periciales, de carácter permanente.

¿Qué les falta?

Creo que en La Araucanía deberían contar equipos policiales y periciales de la misma calidad que se tiene en la zona central. Acá hay una cuestión de centralismo que no solo afecta en esta área, sino muchas otras, pero hemos notado la diferencia cuando se trabaja con laboratorios de nivel central, donde todo es más rápido.

¿Tiene alguna expectativa, en esa línea, con el gobierno entrante?

La violencia rural es el problema de Seguridad Pública más relevante del país y una de las cosas que lo explican es el centralismo. Pero soy optimista y creo que en el futuro las van a ir mejorando, con este gobierno o con otro.

¿Cuáles son las características de estos grupos radicales que hacen tan difícil desbaratarlos?

Primero hay que considerar el espacio y la dinámica con los que actúan. Se trata de grupos muy violentos que ejercen una evidente intimidación entre las personas que pudieran entregar información para avanzar en la investigación. Se trata de ataques muy planificados, además, donde se preocupan de borrar cual

quier evidencia que permita llegar a ellos. Son grupos que cuentan con una cierta protección y simpatía en determinados sectores, lo que también genera un grado de complejidad y, por lo tanto, se requieren investigaciones de largo aliento, de un análisis detallado. Y, lo más importante, es que tenemos que avanzar con pleno respeto de los derechos fundamentales. Nuestra acción persecutora no puede ser a cualquier precio, sino que tiene que reconocen límites en los derechos fundamentales.

Sentarse a dialogar con integrantes de la CAM, como planteó quien fuera la jefa del comando del presidente electo, Izkia Siches, ¿sirve para solucionar el problema?

Creo que todos los actores políticos saben lo que tienen que hacer. No corresponde a la fiscalía proponer las soluciones en este tema. Yo lo he reiterado más de una vez, lo dije en mi cuenta pública, además; este es un conflicto que tiene un origen político, pero que tiene manifestaciones delictuales, y a nosotros nos corresponde hacernos cargo de eso. Y, espero, como habitante de La Araucanía, que los conflictos políticos encuentren una solución a través de la institucionalidad, porque creo en la democracia y el Estado de derecho.

¿Cómo tomó las declaraciones de la Convención Constituyente cuando -al asumir- plantearon la libertad de “los presos políticos mapuches”?

Lo que puedo garantizar es que a ninguna persona investigada por la fiscalía se le ha imputado algo por lo que piensa o lo que manifiesta. Investigamos a personas que cometen delitos, tenemos un marco normativo que aplicar, lo hacemos y los tribunales determinan qué penas les corresponden. A nosotros no nos compete tomar decisiones en base a criterios políticos.

Armas y la coordinación entre grupos chilenos y argentinos

El Ministerio Público cuenta en La Araucanía con un trabajo de “focos investigativos”, especialmente abocados en las pesquisas sobre las armas que hay en la zona. La labor de los fiscales que trabajan allí es hacer cruces de información entre las municiones encontradas en los sitios del suceso y otros delitos violentos en la zona.

¿Cómo logran armarse estas organizaciones radicales?

El origen de las armas es diverso. No podemos decir que existe una sola fuente desde donde llega el armamento. Es siempre de distinta clase: hay armas convencionales, de guerra, otras sustraídas a particulares, algunas con origen extranjero, no hay una sola fuente. Por ejemplo, hace poco, en Malleco, detectamos que un grupo radical obtuvo, en la zona central, una granada a cambio de $ 1 millón y que tenía un origen extranjero. No hay una orgánica común entre todos los grupos que operan en La Araucanía, y tampoco en la forma en que acceden a las armas.

¿De dónde provienen?

Son de fabricación extranjera: peruanas, argentinas, pero no sabemos ni cuándo ni cómo llegaron a nuestro país. Eso es parte de la investigación. Lo que podemos saber es que, por el tipo de armamento, su fabricación y el número de serie, no son fabricadas en el país. ¿Eso está siendo investigado?

Nosotros hacemos un trabajo global. Buscamos las formas de financiamiento de estos grupos, también investigando cómo adquieren el armamento, las municiones, etc. En eso hay un análisis criminal importante y nos ha dado resultado en algunas investigaciones.

¿Y se han contactado con fiscalías de otros países para trazar estas rutas?

Hemos participado en reuniones con nuestros colegas fiscales argentinos para entregarnos información ante eventuales intercambios de armamentos e ingreso de armamentos desde Argentina a Chile, y viceversa.

¿Y cómo hacen estos intercambios?

No me puedo referir en detalle a la pesquisa de delitos, dado que es muy importante la reserva con que se manejan estos antecedentes.

¿Por qué es tan difícil despojar a los grupos radicales de estas armas?

Lo que corresponde al Ministerio Público es la dirección jurídica de la investigación. La fiscalía no es la que directamente realiza las actuaciones materiales de la investigación, los resultados no dependen exclusivamente de nuestro actuar. Son las policías quienes tienen

Siempre que ocurre un hecho de esta naturaleza

que llevar a cabo los peritajes, los ingresos, los allanamientos; nuestra labor es reunir los antecedentes, pedir la solicitud al tribunal y sobre la base de eso poder lograr presentar ante los tribunales a las personas responsables de ilícitos y formular los cargos que corresponden.

En el funeral de un integrante de la CAM, Pablo Marchant, se vio a un grupo de personas portando fusiles. ¿Esas armas fueron incautadas?

En esa oportunidad no se nos concedió la autorización para ingresar al lugar y, por lo tanto, no se pudo llevar a efecto, porque el tribunal no lo autorizó; a nosotros no nos inhiben esas demostraciones de fuerza, tenemos muy clara nuestra función. Creo que también es importante considerar que son situaciones bastante delicadas, de grupos que están buscando enfrentarse a las fuerzas del Estado, por lo tanto, entiendo que Carabineros y la PDI tengan que adoptar las medidas de seguridad para proteger a su personal antes de efectuar estos procedimientos.

¿Preocupa el caso del funcionario del Poder Judicial detenido en Traiguén que tenía vínculos con autores de delitos de violencia rural?

nos genera preocupación, más por el tipo de armamento que tenía esta persona. En esta investigación contamos con todo el apoyo del Poder Judicial para determinar si se habían producido filtraciones y no hemos establecido que eso haya ocurrido.

Los jueces de Cañete pidieron más seguridad por amenazas y algunas agresiones. ¿Los fiscales en La Araucanía han vivido amedrentamiento?

Si, en más de una ocasión y hace ya algunos años. Esa es una realidad con la que tenemos que convivir, pero demuestra que nuestro trabajo está siendo más efectivo. Existen fiscales que están siendo amenazados hace bastante tiempo, tenemos que tomar medidas para asegurarlos, y se trata de amenazas que no son arrebatos, sino hostigamientos serios que demuestran que no solo estamos ante una lógica común, sino que ante personas que tienen un nivel de violencia e intolerancia importante y que están dispuestas a tomar cualquier acción para hacer prevalecer sus ideas.

¿Usted ha sido amenazado?

Yo estoy muy tranquilo, siempre. Voy a seguir haciendo mi trabajo con mucho ímpetu todos los días.•