Juez Daniel Urrutia no podrá ser querellante contra sus superiores de Corte de Santiago

Nuevamente el polémico juez Daniel Urrutia ve frustradas sus intenciones de ser parte de la indagatoria que tiene en la mira a 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y a una ministra de la Corte Suprema por presunta prevaricación. Esto, porque el tribunal de alzada confirmó la inadmisibilidad de la querella que él presentó en contra de sus superiores, por las eventuales irregularidades en que habrían incurrido al revocar una resolución que él dictó en marzo de 2020. En ese entonces, reemplazó de oficio la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba contra 13 imputados por delitos cometidos en contexto del estallido social -dejándolos con arresto domiciliario total-, pero el mismo día el pleno de la corte se reunió de forma extraordinaria y revocó la decisión.

De acuerdo con lo expuesto en la resolución, “los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en su escrito de apelación no alteran lo resuelto” por el juez Rubén Hernán Donoso, quien en primera instancia declaró la inadmisibilidad de la acción. Este, el 28 de abril pasado, argumentó que “la actuación naturalizada por el superior jerárquico, y que importa la anulación de los efectos de la resolución del juez de la instancia, no se puede comprender sino como una actividad que se

El magistrado apunta contra el pleno del tribunal de alzada por presunta prevaricación, luego de que estos revocaran una resolución que él dictó en favor de 13 imputados por delitos cometidos en el contexto del estallido social. Ante la determinación, su abogada, María Izquierdo, anunció la presentación de un recurso de queja ante la Suprema.

materializa en el ejercicio mismo de la jurisdicción”.

Como Urrutia fue objeto de un sumario tras haber reemplazado la medida cautelar de los denominados “primera línea” -lo que hizo presente en su querella-, el juez que desestimó su presentación también subrayó que esa medida “tampoco puede ser entendida como consecuencia dañosa de la actuación desplegada, que genere la calidad de víctima del querellante, toda vez que la actuación evidenciada por el juez de la instancia se encuentra bajo la sujeción y vigilancia permanente del tribunal superior, lo que supone el ejercicio de facultades disciplinarias”.

Se desprende de las resoluciones, entonces, que los hechos denunciados por el juez en contra de sus superiores no serían constitutivos de delitos, sino que propios del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, para él y su defensa, a cargo de la abogada María Izquierdo, se estaría ante una situación que “atenta contra el derecho” y la “igualdad ante la ley”, porque en el marco de esta causa sí se acogió a trámite una querella que relata los mismos hechos, pero que fue presentada por la psicóloga Olga Torres. “Se trata de una persecución”

Para la abogada María Izquierdo es inentendible que los tribunales le nieguen a su representado la posibilidad de ser parte de la causa donde él es “víctima”. Por lo mismo, al ser consultada por La Tercera PM, adelantó que en los próximos días presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema para que se revierta la determinación. Asimismo, insistirá en que se haga un control de convencionalidad, ya que, a su juicio, acá los jueces están contraviniendo normas que son suscritas por Chile en el ámbito internacional.

“Yo esto no me lo explico, porque los hechos van a continuar siendo investigados. Me parece que es una persecución y privarlo de sus derechos en la mayor medida posible, a él se le excluye, a diferencia de lo que se hizo con la señora Torres. Pero vamos a insistir, porque cuando Daniel vio quienes integraban la sala supo lo que venía (...) Acá todos los organismos tienen la obligación de cumplir con los tratados internacionales, y por lo mismo vamos a reiterar la necesidad de control, porque se debe respetar la igualdad ante la ley”, dijo la profesional.

La situación que enfrenta hoy el citado juez, como expuso su abogada, contribuye a la “inseguridad” que, a su juicio, se vive en el país. “Esto da una pésima imagen, porque cada ciudadano tiene derecho a la seguridad jurídica, no puede haber tratamientos distintos de acuerdo a la condición de cada persona, salvo que abiertamente estén discriminando”, enfatizó.

La resolución respecto de la querella de Urrutia, cabe precisar, no afecta directamente el curso de la investigación contra los ministros. De hecho, en febrero pasado cuando aún la mencionada acción no era interpuestase rechazó el sobreseimiento de los involucrados. ●