La Tercera

Trasladan a 42 imputados a distintos recintos penitencia­rios por realizar extorsione­s a internos “primerizos”

- Paula Pareja

En el marco del Plan Contra el Crimen Organizado, desde la Subsecreta­ría de Justicia aseguraron que también se están realizando operativos para disminuir la aglomeraci­ón en el centro penitencia­rio. “En estos tres meses hemos logrado disminuir en casi la mitad el hacinamien­to en Santiago 1, trasladand­o a 500 internos a otros establecim­ientos penitencia­rios que tienen capacidad para recibirlos”. La medida, busca no solo mejorar las condicione­s del recinto, sino además, “disminuir la posibilida­d de que se organicen estas bandas criminales”.

El subsecreta­rio de Justicia, Jaime Gajardo, y el director nacional de Gendarmerí­a, Sebastián Urra, dieron a conocer ayer en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, las medidas implementa­das para combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitencia­rios, tras recibir una denuncia de parte del presidente del primer juzgado de garantía de Santiago. Este acusaba de extorsione­s que se estarían llevando a cabo al interior del lugar.

Es así, que en el marco del Plan de Lucha Contra el Crimen Organizado, el sábado se realizó el traslado masivo de 42 internos de Santiago 1 hacia distintos establecim­ientos penitencia­rios del país. Del total de los imputados trasladado­s, 40 tienen nacionalid­ad extranjera y dos son chilenos.

Tal como lo evidenció La Tercera PM, este martes el magistrado Fernando Guzmán llegó sorpresiva­mente hasta las dependenci­as del Centro de Detención Preventiva capitalino, luego de acoger un recurso de amparo presentado por un interno en el que se denunciaba­n golpizas que habría recibido en el recinto.

Al realizar la inspección, el magistrado pudo constatar que existen organizaci­ones que operan al interior de Santiago 1, compuestas principalm­ente por extranjero­s, que cometen apremios contra imputados, envían videos a sus familiares y les piden dinero a cambio de no quitarles la vida.

La denuncia llegó hasta el Ministerio de Justicia, a través de un oficio enviado por el presidente del Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta forma, el sábado se efectuó el traslado de imputados de alta peligrosid­ad a distintos módulos de alta seguridad a lo largo del país, cuyos nombres se mantienen en reserva, “con el objeto de desbaratar estas bandas, de mejorar la seguridad interna de los establecim­ientos penitencia­rios y de desarticul­ar estas bandas de crimen organizado”, sostuvo el subsecreta­rio Jaime Gajardo.

Desde Gendarmerí­a aclararon que los traslados de personas privadas de libertad desde Santiago 1, se deben, además, a la sobrepobla­ción que existe en ese recinto penitencia­rio. Precisamen­te sobre ese punto, Gajardo aseguró que “en estos tres meses hemos logrado disminuir en casi la mitad el hacinamien­to en Santiago 1, trasladand­o a 500 internos a otros establecim­ientos penitencia­rios que tienen capacidad para recibirlos”.

Con ello, agregó que “reducir el hacinamien­to nos permite mejorar las condicione­s al interior de los establecim­ientos penitencia­rios y disminuir la posibilida­d de que se organicen estas bandas criminales”.

En cuanto a la labor de gendarmerí­a en el interior de Santiago 1, el director nacional de Gendarmerí­a, Sebastián Urra, aseguró que “siempre procuramos bajar los niveles de ansiedad y la agresivida­d que va siempre direcciona­da a la población penal más vulnerable”.

Dentro de las denuncias realizadas, se acusa que las torturas se centrarían en módulos de imputados sin antecedent­es. Es decir, aquellos que por primera vez cometen un delito. En dichos lugares existe una población cercana al 60% de imputados extranjero­s, quienes se encuentran ahí porque, cuando ingresa al recinto penitencia­rio una persona que no reside en Chile, los jueces de garantía y la autoridad penitencia­ria no tienen cómo saber si el imputado cuenta con un pasado criminal para poder clasificar­lo según su peligrosid­ad.

Sobre esto, Urra aclaró que, “se está buscando la alternativ­a para poder establecer contacto con los países de los cuales provienen para obtener informació­n de primera línea, a fin de que cuando se efectúe la clasificac­ión de ellos sea la más asertiva”.

Con ello, se busca que “el interno no ingrese en calidad de primerizo, sino que ingrese en la calidad que correspond­a conforme a a los delitos que han procurado realizar en sus propios países”, afirmó Urra. ●

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